Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, volvieron a tensar la relación con la Casa Rosada y aprovecharon la apertura de la feria TodoLáctea 2026 para reclamarle al Gobierno nacional una baja de retenciones, más obras de infraestructura y medidas para fortalecer al sector productivo. Los dos mandatarios, impulsores de una alianza federal de gobernadores, profundizaron así una oposición que ya no se limita a la queja y que apunta directamente al corazón del modelo económico de Javier Milei. El reclamo de Pullaro y Llaryora expresa el malestar del interior productivo, que se siente postergado por una gestión nacional concentrada en el equilibrio fiscal.

El planteo más contundente lo hizo Pullaro. El gobernador santafesino pidió "sacarle el pie de encima al campo" y reclamó la eliminación de tributos que, según su mirada, le quitan competitividad al sector, de acuerdo con lo que consignó Diario Popular. Además, solicitó inversiones en rutas nacionales y en infraestructura energética para reducir costos y favorecer la producción industrial. Pullaro convirtió la defensa del campo y de la infraestructura en bandera política, posicionándose como la voz del interior productivo frente al ajuste nacional.

Llaryora, por su parte, apuntó al esquema impositivo. El gobernador cordobés consideró que el actual régimen tributario "le quita competitividad y capacidad de generar empleo al interior productivo", una crítica que apunta tanto a las retenciones como a la presión fiscal general sobre las economías regionales. El mandatario cordobés enmarcó el reclamo en términos de empleo y producción, corriendo la discusión del terreno meramente sectorial al del desarrollo del interior.

El reclamo no es nuevo, pero se viene endureciendo. Pullaro y Llaryora son los principales impulsores de una alianza federal que reúne a gobernadores de distintos signos políticos unidos por una agenda común: fondos, obras, deuda de las cajas previsionales y reactivación de la obra pública paralizada. La alianza de gobernadores se consolidó como uno de los principales focos de presión sobre el Gobierno nacional, un bloque que Milei no puede ignorar.

El conflicto tiene un trasfondo de fondos y deudas. Los gobernadores reclaman por la deuda que la Nación mantiene con sus cajas previsionales y por la parálisis de la obra pública, que golpea de lleno a las provincias. Esa pelea por los recursos se entrelaza con la discusión por las retenciones y la infraestructura, configurando una agenda integral de demandas. Para las provincias, la pelea con la Nación es múltiple: por los fondos coparticipables, por las cajas, por las obras y por la presión tributaria.

El reclamo se inscribe, además, en un cuadro más amplio de tensión entre la Nación y los gobernadores. A la alianza de Pullaro y Llaryora se suman otros mandatarios provinciales que vienen unificando posiciones para presentar una agenda común de reclamos que incluye infraestructura, producción, transporte, conectividad y desarrollo regional. El frente de gobernadores se amplía, y el Gobierno nacional enfrenta una coordinación opositora que excede a los partidos tradicionales.

Para el sector agropecuario, el respaldo de los gobernadores es un activo. El campo viene reclamando una reducción de las retenciones como condición para mejorar su competitividad, y el hecho de que dos gobernadores de peso tomen esa bandera le da volumen político al reclamo. La alianza entre los gobernadores productivos y el campo le suma un actor económico potente a la presión sobre la Casa Rosada.

El Gobierno nacional, sin embargo, mantiene su esquema. La eliminación o reducción significativa de retenciones implica resignar recursos fiscales en un momento en el que el equilibrio de las cuentas es la prioridad excluyente del oficialismo. Esa tensión entre la demanda de las provincias y la disciplina fiscal de la Nación es estructural y no parece tener una solución a corto plazo. El Gobierno prioriza el superávit; los gobernadores priorizan la producción, y entre ambas prioridades se abre una grieta que el tiempo no cierra.

Para los analistas, el reclamo de Pullaro y Llaryora tiene una doble dimensión. Por un lado, es una demanda económica concreta del interior productivo. Por el otro, es una jugada política de cara a 2027, en la que los gobernadores buscan construir un espacio propio, equidistante del mileísmo y del kirchnerismo. La pelea por las retenciones es también una pelea por el liderazgo de un espacio de centro federal que aspira a disputar poder nacional.

El sector lácteo, escenario del reclamo, atraviesa sus propias dificultades. La cadena láctea combina pequeños y medianos productores con industrias de mayor escala, y enfrenta costos elevados, presión tributaria y problemas de competitividad. La elección de TodoLáctea como tribuna no fue casual: los gobernadores buscaron hablarle directamente a un sector golpeado. Los gobernadores eligieron el escenario lácteo para mostrarse del lado de un sector productivo que siente el peso de la presión fiscal y de los costos.

El reclamo por la infraestructura energética tiene un sustento técnico concreto. Tanto Santa Fe como Córdoba vienen planteando la necesidad de obras que reduzcan los costos de la producción industrial, especialmente en materia de energía y transporte. Esas demandas se inscriben en una agenda de desarrollo que excede a la coyuntura. La infraestructura energética y vial es, para el interior productivo, la condición material del desarrollo que la parálisis de la obra pública pone en riesgo.

La construcción de la alianza federal de gobernadores responde a una lógica de poder. Al unificar posiciones, los mandatarios provinciales ganan capacidad de negociación frente a un Gobierno nacional que necesita de sus bloques en el Congreso. Esa coordinación convierte a los gobernadores en un actor decisivo del tablero político. La alianza de gobernadores transforma reclamos individuales en una fuerza colectiva que el Gobierno nacional no puede desoír.

La dimensión electoral del reclamo es ineludible. Pullaro y Llaryora construyen, con su agenda federal, un espacio que aspira a posicionarse como alternativa de centro de cara a 2027, equidistante del mileísmo y del kirchnerismo. La pelea por las retenciones y las obras es también una pelea por el liderazgo de ese espacio. Detrás del reclamo sectorial late una ambición política: la de construir una tercera vía federal que dispute poder a nivel nacional.

Las retenciones a las exportaciones agropecuarias son uno de los tributos más discutidos de la economía argentina. Para el Gobierno, constituyen una fuente de recursos fiscales difícil de resignar en un contexto de búsqueda de equilibrio; para el sector y para los gobernadores productivos, representan una carga que resta competitividad. Esa tensión es estructural y atraviesa a distintas gestiones. La pelea por las retenciones es uno de los debates más antiguos y recurrentes de la economía argentina, sin una solución que conforme a todas las partes.

El reclamo por la obra pública, por su parte, golpea en un punto especialmente sensible. La paralización de obras de infraestructura afecta de manera directa a las provincias, que ven frenados proyectos clave para su desarrollo. Los gobernadores reclaman que la disciplina fiscal nacional no se traduzca en el abandono de obras que consideran imprescindibles. La obra pública frenada es, para las provincias, el costo más visible y concreto del ajuste nacional.

La coordinación entre gobernadores de distintos signos políticos es, en sí misma, un dato relevante del escenario. Que mandatarios de extracciones diversas confluyan en una agenda común muestra que la relación con la Nación generó un punto de encuentro que trasciende las identidades partidarias. Ese frente federal es un actor con peso propio. La unidad de los gobernadores en torno a una agenda común convierte al federalismo en una fuerza política que el Gobierno nacional debe tomar en serio.

El saldo deja a Milei con un frente más abierto. A la crisis de gabinete, a la economía bajo presión y a la negociación por el Presupuesto se suma la presión creciente de los gobernadores productivos. El interior que reclama por retenciones y obras se sumó a la lista de actores que le marcan límites al Gobierno, en una semana en la que el oficialismo coleccionó frentes de conflicto.