Axel Kicillof volvió a tensar la cuerda con la Casa Rosada en dos frentes simultáneos: el discursivo, con una crítica frontal al rumbo económico de Javier Milei, y el institucional, con un nuevo round judicial por los fondos que la Provincia le reclama a la Nación. El gobernador bonaerense sostuvo que "la política económica del Gobierno nacional es incompatible con la industria", una definición con la que busca posicionarse como dique de contención del entramado productivo frente al modelo libertario. La frase ordena el discurso del kicillofismo, pero choca con una gestión provincial que acumula sus propios frentes abiertos.
En el plano judicial, Kicillof participó de una nueva audiencia convocada por la Corte Suprema para abordar la demanda de la Provincia de Buenos Aires por más de 2,3 billones de pesos que, según el reclamo bonaerense, le adeuda la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Se trata de una de las instancias de un litigio que la Provincia viene sosteniendo contra la Nación y que tuvo ya varias audiencias ante el máximo tribunal. El reclamo por los fondos de ANSES se convirtió en el principal caballo de batalla de Kicillof contra el ajuste nacional, y en una bandera que le permite mostrarse enfrentando a Milei.
El argumento provincial es que la Nación retiene recursos que le corresponden a Buenos Aires, en perjuicio de las cuentas y de la capacidad de gestión del distrito más poblado del país. La estrategia de judicializar el conflicto le permite a Kicillof trasladar parte de la responsabilidad de la crisis bonaerense al Gobierno nacional. La pelea por los fondos es real y tiene sustento en el reclamo formal, pero también funciona como escudo político para una administración cuestionada por su propia gestión.
Porque puertas adentro, la Provincia no atraviesa su mejor momento. Las negociaciones paritarias con los estatales siguen sin un acuerdo cerrado, en un contexto en el que el propio gobierno bonaerense postergó propuestas de aumento, según consignaron medios del sector. El gobernador denuncia el ajuste de Milei mientras los gremios estatales bonaerenses reclaman por sueldos que no cierran con la inflación, una contradicción que la oposición provincial no deja pasar.
El cuadro se completa con un Presupuesto provincial que también generó controversia. La gestión de Kicillof presentó sus proyectos de Presupuesto, Impositiva y Financiamiento 2026, y desde sectores críticos —incluidos espacios de la izquierda— se cuestionó que el esquema profundiza el endeudamiento. El gobernador que reclama por el ajuste nacional administra, en su propio distrito, un presupuesto que sus críticos describen como una agenda de ajuste y deuda con otro nombre.
La disputa con la Nación también tuvo su capítulo en materia de regulaciones. La Provincia decidió no adherir a la desregulación de la Verificación Técnica Vehicular impulsada por el Gobierno nacional, lo que derivó en un cruce con el ministro Federico Sturzenegger y en la confirmación de que los vehículos radicados en Buenos Aires deberán seguir realizando la VTV en las plantas existentes. Cada decisión nacional se transforma en un nuevo terreno de confrontación, en una pulseada permanente que ya excede lo técnico para volverse netamente política.
Para los analistas, la estrategia de Kicillof es transparente: pararse como el gran opositor bonaerense a Milei le permite, al mismo tiempo, disputar el liderazgo dentro del peronismo y desviar la atención de los problemas de su propia administración. El gobernador necesita el conflicto con la Nación tanto para su proyección nacional como para tapar las grietas de la gestión provincial.
La oposición en la Provincia, sin embargo, marca las inconsistencias. Dirigentes de distintos espacios remarcan que Kicillof no puede presentarse como víctima del ajuste mientras posterga aumentos a sus propios empleados, acumula demoras con proveedores y presenta un presupuesto endeudado. La crítica opositora apunta a que el gobernador exporta la culpa a la Nación para no hacerse cargo de una gestión que, en varios indicadores, también ajusta.
El reclamo por ANSES, de todos modos, seguirá su curso en la Corte, y su resolución tendrá impacto concreto en las cuentas bonaerenses. Una eventual decisión favorable a la Provincia le daría a Kicillof aire financiero y un triunfo político de peso; una negativa, en cambio, reforzaría el cuadro de asfixia que el propio gobernador denuncia. El máximo tribunal tiene en sus manos no solo una disputa de plata, sino una pieza central del relato político del gobernador bonaerense.
El reclamo por los fondos de ANSES tiene una historia que excede a la coyuntura. La Provincia de Buenos Aires sostiene que la Nación retiene recursos que le corresponden, y judicializó el conflicto ante la Corte Suprema, que ya convocó a varias audiencias para abordar la demanda. El monto en disputa, que el reclamo bonaerense ubica en más de 2,3 billones de pesos, da cuenta de la magnitud del litigio. La pelea por los fondos de ANSES es una de las disputas federales más relevantes en curso, por el monto y por el peso político del distrito que la impulsa.
La estrategia de Kicillof de confrontar con la Nación tiene también un costado de proyección política. El gobernador busca consolidarse como el principal opositor bonaerense a Milei, una posición que le sirve tanto para la disputa con el oficialismo nacional como para la interna del peronismo. Mostrarse enfrentando al Gobierno le permite ocupar un lugar de centralidad. El conflicto con la Nación es, para Kicillof, una herramienta de construcción política de doble filo: lo posiciona frente a Milei y frente a sus competidores internos.
Sin embargo, la gestión provincial acumula sus propias deudas. Las paritarias con los estatales sin cerrar, las demoras con proveedores y un presupuesto cuestionado por su nivel de endeudamiento configuran un cuadro que la oposición bonaerense utiliza para relativizar el discurso del gobernador. La oposición provincial insiste en que Kicillof no puede denunciar el ajuste nacional mientras administra, puertas adentro, su propia versión del ajuste.
El conflicto por la VTV es otro de los frentes que ilustran la lógica de confrontación permanente. La decisión de la Provincia de no adherir a la desregulación nacional derivó en un cruce con el ministro Federico Sturzenegger, en una disputa que combina lo técnico con lo político. Cada medida nacional se transforma en una nueva oportunidad de enfrentamiento. La pulseada por la VTV mostró que, entre la Nación y la Provincia, hasta una verificación vehicular se convierte en campo de batalla política.
La defensa de la industria es uno de los ejes históricos del discurso de Kicillof. Economista de formación, el gobernador construyó buena parte de su identidad política en torno a la idea de un Estado que protege el entramado productivo frente a las políticas de apertura. La afirmación de que la economía nacional es incompatible con la industria se inscribe en esa tradición. La defensa del entramado industrial es la marca registrada del discurso económico de Kicillof, su principal terreno de diferenciación con Milei.
El reclamo por los fondos coparticipables y por la deuda de ANSES, por su parte, expone una tensión federal de fondo. La distribución de recursos entre la Nación y las provincias es una fuente permanente de conflicto, y la judicialización del caso bonaerense le da a esa disputa un cauce institucional. La resolución de la Corte tendrá implicancias que excederán a Buenos Aires. La pelea por los fondos no es solo bonaerense: pone en discusión las reglas de la coparticipación que rigen la relación entre la Nación y todas las provincias.
La oposición provincial, mientras tanto, insiste en señalar la brecha entre el discurso y la gestión. Para los críticos de Kicillof, el gobernador construye un relato de defensa de los trabajadores y de la producción que no se condice con las paritarias postergadas y con las demoras en los pagos a proveedores. Esa contradicción es el principal flanco que le marcan. El relato de Kicillof contra el ajuste nacional choca, según sus críticos, con una gestión provincial que también recorta y posterga.
El saldo de la jornada deja a Kicillof en su zona de mayor comodidad: enfrentado a Milei, judicializando el conflicto y ocupando el lugar del defensor de la industria y de los fondos provinciales. Pero detrás de esa postal, la Provincia sigue con paritarias sin cerrar, proveedores impagos y un presupuesto cuestionado. El gobernador gana la batalla del relato contra la Nación; la pregunta que sus críticos insisten en plantear es quién gana la batalla cotidiana de la gestión bonaerense.