El Senado le dio media sanción en general al Presupuesto 2026 después de casi ocho horas de debate, en una sesión que el oficialismo logró ordenar gracias al respaldo de aliados pero que dejó al desnudo los límites del Gobierno para imponer su agenda completa. La votación general arrojó 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, una mayoría construida con bloques provinciales, la UCR y el PRO sumados a La Libertad Avanza. El número alcanzó para aprobar la ley en general, pero no para resucitar el capítulo que el Gobierno más quería conservar.

El punto de mayor tensión fue el Capítulo XI, el tramo del proyecto que contenía la derogación de leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. Ese capítulo había caído previamente en la votación de la Cámara de Diputados, y el oficialismo intentó —sin éxito— conseguir apoyos para reponerlo en el texto que se trató en el recinto del Senado. La negativa de los aliados a reinstalar ese capítulo se convirtió en la principal derrota política del Gobierno dentro de una sesión que, en los papeles, terminó ganando.

La definición tuvo nombre propio. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, y representantes de las bancadas aliadas y provinciales confirmaron su rechazo a respaldar una eventual reposición del Capítulo XI, según consignaron los registros parlamentarios. El propio oficialismo, a través de su jefa de bloque, terminó avalando que las leyes de discapacidad y financiamiento universitario quedaran fuera del recorte, un giro impensado meses atrás.

La postura del Gobierno frente a ese revés fue, al menos en lo declarativo, de resignación. El presidente Javier Milei había anticipado que aceptaría lo que vote el Congreso y que no vetaría el Presupuesto, una señal de que el Ejecutivo prefería asegurar la sanción de la ley antes que arriesgarla por un capítulo que ya no tenía respaldo. La promesa de no vetar fue interpretada como un reconocimiento implícito de que el oficialismo no tiene los votos para sostener su programa de ajuste en su versión más dura.

El trámite dejó en evidencia la aritmética real del Congreso. La Libertad Avanza depende de manera estructural de los bloques provinciales, de la UCR y del PRO para convertir en ley sus iniciativas, y esos aliados ya no acompañan de manera automática. La discusión por la Emergencia en Discapacidad y por el Financiamiento Universitario funcionó como una línea que varios sectores no estuvieron dispuestos a cruzar. El Gobierno aprende, sesión a sesión, que gobernar sin mayoría propia obliga a ceder en los puntos donde la sociedad y los gobernadores marcan el límite.

El contexto judicial reforzó la presión. En paralelo a la discusión presupuestaria, la Corte Suprema dejó firmes las cautelares que obligan al Estado nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, incluido el pago al personal docente y no docente y el fondo de becas para alumnos. La combinación de un fallo de la Corte y la negativa del Congreso dejó al Gobierno sin margen para avanzar contra el financiamiento de las universidades, un frente que venía pisando.

Para los sectores afectados, la caída del Capítulo XI fue un alivio parcial. Organizaciones vinculadas a la discapacidad y a la comunidad universitaria venían advirtiendo sobre el impacto que tendría la derogación de las leyes de emergencia, en un escenario de presupuestos ajustados y de prestaciones bajo tensión. La protección de esas leyes no resuelve los problemas de financiamiento de fondo, pero frena, por ahora, el intento de eliminarlas por la vía presupuestaria.

La oposición leyó el resultado como una doble señal. Por un lado, reconoció que el Gobierno logró la sanción general de su Presupuesto, un activo político en sí mismo. Por el otro, remarcó que el oficialismo no pudo imponer su recorte más sensible y que debió aceptar las condiciones de sus propios aliados. El Presupuesto 2026 quedó, así, como una ley a medias: el Gobierno consiguió el marco, pero perdió la batalla por su contenido más ideológico.

El debate también dejó dudas sobre artículos puntuales. Distintos análisis parlamentarios señalaron que, más allá de la aprobación en general, persistían discusiones sobre artículos clave del proyecto, lo que anticipa una negociación fina en el tratamiento particular. La media sanción en general no clausura la pelea: la abre en los detalles, donde el oficialismo deberá volver a buscar los votos que no tiene asegurados.

El recorrido del Presupuesto ilustra la mecánica legislativa del oficialismo. El proyecto había atravesado un debate complejo en la Cámara de Diputados, donde el Capítulo XI ya había caído, y llegó al Senado con ese antecedente como condicionante. El Gobierno intentó revertir esa derrota en la cámara alta, pero se encontró con que ni siquiera sus aliados estaban dispuestos a acompañar la reposición. La caída del capítulo en Diputados funcionó como un precedente que el Senado no quiso ni pudo revertir.

La aritmética parlamentaria que dejó la votación es elocuente. Los 46 votos a favor se construyeron con una coalición amplia que incluyó a bloques provinciales, la UCR y el PRO, mientras que los 25 votos en contra mostraron a una oposición que, aun fragmentada, conserva capacidad de marcar posición. La abstención completó un cuadro de fuerzas que el oficialismo deberá seguir administrando. El número final confirma que el Gobierno gobierna por acuerdos y no por mayoría propia, una realidad que define cada votación.

El rol de los gobernadores volvió a ser determinante. Los bloques provinciales, que responden en buena medida a los intereses de los mandatarios de sus distritos, fueron clave para alcanzar la aprobación en general. Esa dependencia le da a los gobernadores un poder de negociación que utilizan para reclamar fondos, obras y atención a sus demandas. Cada ley que el Gobierno necesita aprobar pasa por la mesa de los gobernadores, que cobran su apoyo en la moneda de la negociación federal.

El tratamiento en particular, que sigue a la aprobación en general, anticipa una nueva ronda de tensiones. Distintos artículos del proyecto quedaron abiertos a discusión, lo que obligará al oficialismo a renegociar apoyos punto por punto. La media sanción en general, en ese sentido, es apenas el primer tiempo de un partido que continúa. El Gobierno consiguió el marco general, pero la pelea por los detalles del Presupuesto recién comienza.

La discusión presupuestaria es, en cualquier país, el momento de mayor exposición de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. El Presupuesto define las prioridades del Gobierno y obliga a poner en blanco sobre negro las decisiones de gasto y de recorte. Por eso, cada capítulo se convierte en un campo de disputa entre las distintas fuerzas. El Presupuesto no es un trámite contable: es la traducción en números de las prioridades políticas, y por eso concentra las mayores tensiones.

El Capítulo XI, que contenía la derogación de leyes de emergencia, fue el punto donde el Gobierno concentró su ambición ideológica y donde, a la vez, encontró su mayor resistencia. La decisión de los aliados de no acompañar esa derogación marcó un límite que excede a la coyuntura presupuestaria. El capítulo que el Gobierno más quería conservar fue, paradójicamente, el que mejor mostró los límites de su poder en el Congreso.

La promesa de Milei de no vetar el Presupuesto, por su parte, tiene lecturas encontradas. Para el oficialismo, es una señal de respeto a la decisión del Congreso; para la oposición, un reconocimiento de que el Gobierno no tiene los votos para imponer su versión. En cualquier caso, marca una etapa de mayor negociación. La decisión de no vetar es, según el cristal, madurez institucional o resignación política frente a una correlación de fuerzas adversa.

El saldo de la jornada confirma una tendencia. El Gobierno de Milei consigue aprobar sus leyes cuando acepta negociar y resigna sus posiciones más extremas, y choca contra un muro cuando intenta avanzar sin concesiones. El Presupuesto 2026, aprobado en general pero vaciado de su capítulo más polémico, es la fotografía de esa ecuación. El oficialismo se anota la sanción; los aliados se anotan haber marcado hasta dónde están dispuestos a acompañar. Y las leyes de discapacidad y financiamiento universitario, por ahora, siguen en pie.