LA MOTOSIERRA LLEGA A LAS ÁREAS PROTEGIDAS
Al reclamo de las pymes elaboradoras de biodiésel se le sumó esta semana un actor que hasta ahora miraba el debate desde un costado y que mueve un volumen enorme de empleo en el interior: las extrusoras de soja. La Federación de Cámaras de Extrusores y Biopymes de Argentina (FECEBA) emitió un comunicado institucional en el que manifiesta su preocupación por el proyecto de reforma de la Ley de Biocombustibles que impulsa el Gobierno con la firma de Patricia Bullrich, al advertir que la letra de la norma puede concentrar la producción de biodiésel en un puñado de grandes aceiteras y arrastrar hacia abajo el precio de toda la cadena del aceite de soja.
Son unas 400 pequeñas plantas industriales distribuidas en el interior productivo, que se vienen desarrollando desde hace más de quince años al pie de los campos de soja. Las extrusoras procesan el grano en seco, sin agregado de hexano —el químico que usan las grandes industrias—, y obtienen dos productos centrales: el expeller, un nutriente clave para la alimentación animal, y el aceite, que se destina al consumo o a la elaboración de biodiésel. Es la definición misma del valor agregado en origen: industria fabril y empleo genuino en localidades donde, muchas veces, no hay otra fuente de trabajo industrial. Según el propio sector, el entramado de extrusoras emplea a más de 10.000 trabajadores, fuentes de trabajo que hoy quedan expuestas si la ley sale como está.
A primera vista, las extrusoras no fabrican biodiésel, sino aceite. Pero ahí está, justamente, el corazón del problema. Hoy las pymes regionales elaboradoras de biodiésel son clientes de las extrusoras: les compran el aceite que después transforman en combustible. Si la reforma habilita que todo el biodiésel del mercado interno pase a fabricarse en las seis grandes aceiteras multinacionales —integradas, con molienda propia y ubicadas en torno al puerto de Rosario—, esas pymes elaboradoras desaparecen como compradoras, y las extrusoras pierden una porción decisiva de su demanda.
El golpe, además, no se limita a quienes hoy le venden a las pymes de biodiésel. Aun cuando una extrusora no tenga a esas pymes entre sus clientes directos, su sola existencia como comprador potencial le pone un piso al precio del aceite y mantiene competitivo a todo el sector. Es la lógica elemental de cualquier mercado: cuantos más compradores hay, mejor se paga. Si las pymes elaboradoras cierran, ese piso desaparece. Las extrusoras quedarían obligadas a llevar todo su aceite a las plantas nucleadas en CIARA-CARBIO, que pasarían a ser prácticamente el único destino posible. Con un solo gran comprador imponiendo condiciones, el precio del aceite naturalmente se derrumba. En otras palabras: la concentración del biodiésel en seis manos no fundiría únicamente a las pymes del biodiésel, sino que se trasladaría aguas arriba, hasta el productor que extrusa la soja en el pueblo.
En su pronunciamiento, FECEBA aclara primero que acompaña el objetivo de incrementar el corte de biocombustibles, “en línea con la necesidad de promover una matriz energética más diversificada, sustentable y con mayor valor agregado en origen”. El reparo no es con el aumento del corte —que el sector ve con buenos ojos—, sino con el diseño de la norma.
La Federación advierte que “determinados diseños regulatorios podrían derivar en procesos de concentración de la oferta, afectando la competencia y la formación de precios”, con “potenciales consecuencias negativas para las pymes aceiteras y extrusoras”. Y reivindica el rol de estas empresas como economías regionales “estratégicamente desplegadas en el interior productivo”, cuyo sostenimiento es “vital” porque “consolidan el desarrollo federal genuino, impulsan el arraigo territorial fuera de las grandes urbes y transforman la producción primaria en valor agregado en origen”. El texto reclama además “mayor claridad jurídica y técnica respecto del alcance de la norma” para “garantizar previsibilidad para la inversión y la producción”.
FECEBA está integrada por la Cámara de Extrusado y Prensado de la Provincia de Santa Fe y Noreste del País, la Cámara de Agroalimentos y Bioenergías de Córdoba, la Cámara de Biopymes de Entre Ríos y la Cámara de Pymes Extrusoras y Bioenergías de la Provincia de Buenos Aires: el mapa de las provincias sojeras donde el proyecto oficial genera más resistencia.
El peso de las extrusoras excede largamente el de un nicho. “Somos creadores de valor en origen y generación de puestos de trabajo en cada una de nuestras localidades, donde están nuestras empresas, en el interior profundo de nuestro país”, definió en su momento Fabio Ferrero, presidente de la Federación. Desde la dirigencia del sector remarcan que se trata de un entramado integrado mayormente por gente joven, que formó pymes, busca oportunidades de progreso y genera empleo en los lugares de origen, evitando que esas localidades queden libradas a la suerte del commodity sin transformación.
Es, además, una industria que pelea con desventajas estructurales: limitaciones de acceso a la energía, costos elevados y una carga arancelaria que le restó capacidad exportadora frente a competidores de países limítrofes. En ese cuadro ya exigente, una reforma que concentre el biodiésel sería, según advierten, la estocada final para muchas plantas que hoy trabajan por debajo de su capacidad.
En esa sintonía, los dirigentes de las extrusoras se reunieron con Federico Martelli, referente de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), para coordinar una postura común frente al proyecto. La lógica de la alianza es transparente: pymes del biodiésel y extrusoras son dos eslabones de la misma cadena, y la concentración que propone la reforma las amenaza a ambas por igual.
Sobre el cierre, FECEBA llevó el reclamo al terreno donde se define la pelea: el de los gobernadores de las provincias productoras. El sector le pidió a Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) que se involucren e impongan modificaciones en el debate del Senado, para que la nueva ley no consagre un esquema que beneficie únicamente a las grandes aceiteras integradas. Los tres mandatarios conducen distritos donde el entramado pyme de la soja es columna vertebral de la economía local.
El mensaje de fondo de las extrusoras es contundente: aplicada sin cambios, la reforma no sería apenas un problema sectorial, sino un golpe devastador para la cadena de valor de la soja y para toda la agroindustria asociada. Detrás del aceite que se derrumba están los puestos de trabajo del pueblo, el camión que carga, el taller que repara, el comercio que vive de esos sueldos.
Resulta llamativo que un Gobierno que se llena la boca con la defensa del campo y del federalismo esté a punto de firmar una ley que concentra el negocio en seis multinacionales pegadas al puerto y deja a la intemperie a 400 fábricas del interior profundo. Si la idea era premiar la escala y castigar el arraigo, el proyecto va por buen camino. Si de verdad se trataba de agregar valor en origen, todavía hay tiempo de leer el comunicado que acaban de mandar quienes hacen exactamente eso, todos los días, lejos de Rosario.
