La Administración de Parques Nacionales puso en marcha un Sistema de Retiro Voluntario para el ejercicio 2026, una medida que se inscribe en la política de achicamiento del Estado que el Gobierno nacional viene desplegando en los distintos organismos de la administración pública. La iniciativa, que ofrece incentivos a los empleados que decidan desvincularse de manera voluntaria, apunta a reducir la planta de personal del organismo encargado de gestionar el sistema de áreas protegidas más importante del país.

El retiro voluntario es una herramienta clásica de reducción de personal que los gobiernos suelen presentar como una alternativa "amable" al despido directo: en lugar de desvincular compulsivamente, se ofrece un incentivo económico para que los empleados se vayan por su propia decisión. En la práctica, el efecto sobre la dotación del organismo es el mismo —menos trabajadores—, con la diferencia de que el costo político y conflictivo de la medida se diluye, al menos en lo inmediato. La Administración de Parques Nacionales se suma así a la lista de organismos alcanzados por la lógica de la motosierra que caracteriza a la gestión.

El caso de Parques Nacionales tiene, sin embargo, particularidades que merecen una mirada atenta. El organismo es el responsable de gestionar, custodiar y conservar el sistema de parques y reservas nacionales, un patrimonio natural que abarca millones de hectáreas a lo largo de todo el territorio y que incluye algunos de los ecosistemas más valiosos y frágiles del país. Guardaparques, técnicos, biólogos y personal de mantenimiento cumplen funciones que no son fácilmente reemplazables: el control de incendios, la prevención de la caza furtiva, el monitoreo de especies, la atención a los visitantes y la conservación de áreas que constituyen, en muchos casos, reservas de biodiversidad de importancia mundial.

Reducir la planta de un organismo de estas características plantea un interrogante de fondo: quién va a cuidar el patrimonio natural una vez que se vayan los que hoy lo cuidan. La conservación no es una función prescindible ni un lujo burocrático; es una responsabilidad del Estado sobre bienes que pertenecen a todos los argentinos y a las generaciones futuras. El cuidado del planeta, esa "casa común" que el patrimonio natural representa, tiene un peso que excede cualquier planilla de Excel sobre dotación de personal.

Acá conviene ser claro y evitar las simplificaciones de uno y otro lado. La defensa del medio ambiente y del patrimonio natural es un valor que merece ser preservado, y los parques nacionales son una de las expresiones más concretas de ese valor: territorios protegidos donde la biodiversidad se conserva, la ciencia se desarrolla y el turismo encuentra uno de sus principales atractivos. Vaciar de personal el organismo encargado de cuidarlos no es "achicar el Estado" en abstracto: es debilitar la capacidad concreta de proteger un bien colectivo irreemplazable.

Pero la cuestión tampoco se resuelve con la consigna fácil de que todo cargo público es intocable. La administración estatal argentina arrastra ineficiencias, sobredimensionamientos y estructuras que en muchos casos crecieron al ritmo de las necesidades clientelares de los gobiernos de turno, más que de las necesidades reales de gestión. Discutir la dotación de los organismos públicos es legítimo, y no toda reducción de personal equivale a un ataque a la función estatal. El problema es cuando el ajuste se aplica con criterio de motosierra indiscriminada, sin distinguir entre la grasa burocrática y el músculo que sostiene funciones esenciales. Y la conservación del patrimonio natural es, sin duda, una función esencial.

La pregunta pertinente, entonces, no es si Parques Nacionales puede o no optimizar su estructura —cualquier organismo puede—, sino si el retiro voluntario que se abrió responde a un plan racional de mejora de la gestión o a la lógica ciega de reducir personal por reducir, sin importar qué función se debilita en el camino. La diferencia entre una cosa y la otra es la diferencia entre un Estado más eficiente y un Estado que abandona responsabilidades indelegables. Por ahora, la medida se inscribe en un contexto general de achicamiento que no parece guiado por un diagnóstico fino sobre qué se puede recortar y qué no, sino por la meta global de bajar el gasto, caiga donde caiga.

El antecedente de otros organismos alcanzados por la misma política no invita al optimismo. En distintas áreas del Estado, los retiros voluntarios y las desvinculaciones se aplicaron con criterios más fiscales que funcionales, y el resultado fue, en varios casos, la pérdida de capacidades técnicas que después resultaron difíciles de reconstruir. Cuando se va un guardaparques con veinte años de experiencia en el terreno, o un biólogo que conoce como nadie el comportamiento de una especie amenazada, no se va solo un salario de la planilla: se va un conocimiento acumulado que no se recupera con un llamado a concurso.

El desafío que plantea esta medida, en definitiva, es el de compatibilizar dos objetivos que el Gobierno presenta como uno solo: el ordenamiento de las cuentas públicas y el cuidado del patrimonio natural. No son necesariamente incompatibles, pero requieren un criterio que distinga lo prescindible de lo esencial. Aplicar la motosierra sobre el organismo que cuida los parques nacionales, sin ese criterio, es arriesgarse a un ahorro de corto plazo que se paga con un deterioro de largo plazo sobre bienes que no tienen precio. La "casa común", a diferencia del déficit, no se arregla con un ajuste. Una vez que se degrada, no hay retiro voluntario que la devuelva.

Habrá que ver, en los próximos meses, cuántos empleados se acogen efectivamente al retiro y qué impacto concreto tiene la medida sobre la capacidad operativa del organismo. La señal, por ahora, es la de un Gobierno que extiende su lógica de achicamiento incluso a las áreas donde el Estado cumple funciones que nadie más va a cumplir. Cuidar lo que es de todos no figura, aparentemente, entre las prioridades de la motosierra.

El sistema de parques nacionales argentino es, además, una de las políticas de Estado más exitosas y longevas del país, y conviene recordarlo para dimensionar lo que está en juego. Su origen se remonta a más de un siglo atrás, con la donación de Francisco "Perito" Moreno de las tierras que dieron lugar al primer parque, y se consolidó a lo largo de las décadas con la creación de un cuerpo de guardaparques profesionalizado y de una administración especializada que convirtió a la Argentina en un referente regional en materia de conservación. Hoy el sistema protege ecosistemas que van desde la selva misionera hasta los glaciares patagónicos, pasando por los esteros, la puna, los bosques andinos y el mar. Es un patrimonio que generaciones de argentinos construyeron y cuidaron, y que constituye, además, uno de los principales atractivos del turismo nacional e internacional, con el ingreso de divisas y la generación de empleo que eso implica para las economías locales.

Por eso la decisión de aplicar retiros voluntarios sobre el organismo encargado de gestionarlo no puede leerse como una simple medida administrativa. El turismo de naturaleza, que depende directamente del buen estado de conservación de las áreas protegidas, es una de las actividades económicas más dinámicas de muchas regiones del país: pueblos enteros de la Patagonia, del litoral y del norte viven del flujo de visitantes que llegan atraídos por los parques. Debilitar la capacidad del Estado para conservar esas áreas no solo pone en riesgo la biodiversidad, sino también la economía de las comunidades que dependen del turismo. El ahorro de corto plazo que representa achicar la planta del organismo puede traducirse, en el mediano plazo, en un deterioro de las áreas que termine espantando al turismo y golpeando a esas economías. Es la típica falsa economía: se ahorra en lo que se ve, se pierde en lo que no se mide de inmediato.

La discusión de fondo, una vez más, es qué Estado quiere la Argentina. Hay funciones que el mercado no cumple porque no le resultan rentables, y la conservación del patrimonio natural es una de las más claras: ninguna empresa privada va a financiar la prevención de incendios en un parque o el monitoreo de una especie en peligro si no hay un negocio detrás. Esas son, precisamente, las funciones que justifican la existencia del Estado, y desmantelarlas en nombre de un equilibrio fiscal entendido como un fin en sí mismo es confundir el medio con el objetivo. Cuidar la "casa común" no es un gasto: es una inversión en el futuro y una responsabilidad con las generaciones que vienen. Aplicarle la motosierra, sin distinguir lo prescindible de lo esencial, es la clase de decisión que se celebra en una planilla y se lamenta en el territorio.