Los gobernadores radicales de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; y de Chaco, Leandro Zdero, se reunieron para coordinar una agenda común frente a la Nación, en un encuentro que el chaqueño ofició como anfitrión. La cita se produjo en un contexto marcado por la reducción de los recursos coparticipables, la paralización de numerosas obras públicas y la necesidad de sostener inversiones estratégicas que el repliegue del Estado nacional dejó a la intemperie. La movida es una señal clara: el malestar de las provincias con el Gobierno de Milei dejó de ser un murmullo para convertirse en una articulación política explícita.

El reclamo de los mandatarios tiene un sustento concreto en los números. La caída real de la coparticipación golpeó las cuentas provinciales, y el freno a la obra pública nacional dejó decenas de proyectos a medio terminar en los distritos del interior. Para gobernadores que deben administrar territorios con necesidades de infraestructura, salud y educación, la combinación de menos recursos automáticos y cero inversión nacional es una ecuación que se vuelve insostenible. De ahí que tres mandatarios que comparten origen partidario —el radicalismo— hayan decidido unir fuerzas para presionar de manera coordinada.

El dato político no es menor: se trata de tres gobernadores de la UCR, un partido que en el Congreso viene funcionando, en buena medida, como aliado del oficialismo. La paradoja es elocuente. Mientras los bloques radicales en Diputados y el Senado le aportan quórums y votos al Gobierno —como ocurrió con la media sanción del Súper RIGI o con el blindaje a Manuel Adorni—, los gobernadores del mismo partido se ven obligados a reclamarle a esa misma administración los fondos que les recorta. La tensión entre la lógica parlamentaria nacional y las necesidades territoriales expone una de las contradicciones más profundas del radicalismo en la era Milei.

El sistema de reparto de fondos que aplica la Casa Rosada agrava el malestar. El Gobierno habilitó adelantos de coparticipación por cientos de miles de millones de pesos, pero lo hizo de manera selectiva, beneficiando a provincias alineadas con la agenda oficial y dejando afuera a varios de los distritos de mayor peso. Provincias con algún tipo de alineamiento con la Casa Rosada recibieron adelantos, mientras otras quedaron excluidas del esquema. Esa discrecionalidad —repartir según la lealtad política y no según criterios objetivos— es precisamente lo que los gobernadores reunidos buscan resistir con una agenda común.

La articulación entre Pullaro, Valdés y Zdero se inscribe, además, en un movimiento más amplio de las provincias por recuperar peso frente a una Nación que concentró recursos y decisiones. En paralelo, los gobernadores del Litoral vienen buscando fortalecer una agenda regional propia, en un reacomodamiento del mapa federal que tiene a la disputa por los fondos como eje central. La lógica es la de la fuerza colectiva: ningún gobernador, por sí solo, tiene capacidad para torcerle el brazo a la Casa Rosada, pero un bloque de mandatarios coordinados puede condicionar votos en el Congreso y construir un poder de negociación que individualmente no tendrían.

El trasfondo de toda esta disputa es el modelo de país que se juega en la relación Nación-provincias. El Gobierno de Milei apostó a un esquema de fuerte centralización fiscal, donde el equilibrio de las cuentas nacionales se sostiene, en parte, sobre la transferencia del ajuste a las provincias: menos coparticipación efectiva, cero obra pública, fin de los fondos discrecionales que antes engrasaban la relación con los distritos. Para la Casa Rosada, es la forma de garantizar el superávit. Para los gobernadores, es asfixia financiera. El choque entre ambas lógicas es estructural y no se resuelve con un par de adelantos puntuales.

Conviene, sin embargo, no idealizar el reclamo provincial. Muchos de los gobernadores que hoy protestan por los recortes administraron durante años con esquemas de gasto que dependían en exceso de las transferencias nacionales, sin construir bases tributarias propias sólidas ni planificar para un escenario de menor asistencia. La dependencia de los fondos nacionales es, en parte, producto de decisiones de gestión que las propias provincias tomaron. Eso no justifica la discrecionalidad con que la Nación reparte hoy los recursos, pero sí relativiza la idea de que las provincias son víctimas pasivas de un ajuste exclusivamente ajeno.

El encuentro de los tres gobernadores radicales, en cualquier caso, marca un capítulo en la pulseada federal que recién empieza. La reducción de los recursos coparticipables, la paralización de las obras y la necesidad de sostener inversiones estratégicas seguirán tensando la relación entre la Casa Rosada y los distritos en los próximos meses, sobre todo a medida que se acerque el calendario electoral y cada gobernador necesite mostrar gestión en su territorio. La capacidad de las provincias para coordinar una posición común será determinante para definir cuánto peso logran recuperar frente a un Gobierno que, hasta ahora, viene marcando la cancha.

Por lo pronto, la foto de Pullaro, Valdés y Zdero sentados a la misma mesa es un mensaje político en sí mismo: el interior empieza a organizarse. Si esa organización se traduce en poder de negociación real o queda en una declaración de buenas intenciones dependerá, en buena medida, de si los gobernadores son capaces de sostener la unidad cuando la Casa Rosada empiece a ofrecer adelantos puntuales para romper el bloque. La historia de la relación Nación-provincias enseña que esa estrategia de dividir para reinar suele dar resultado. Los gobernadores lo saben. Y por eso, esta vez, decidieron empezar juntos.

El reclamo de los gobernadores tiene, además, una dimensión que excede lo estrictamente fiscal y toca el corazón del modelo de país. La obra pública nacional, que el Gobierno frenó casi por completo en nombre del equilibrio fiscal, era uno de los principales instrumentos a través de los cuales el Estado nacional saldaba la deuda histórica de infraestructura del interior: rutas, escuelas, hospitales, redes de agua y cloacas, viviendas. Su paralización no solo dejó obras a medio terminar —con el costo que implica el deterioro de lo ya construido—, sino que cortó un flujo de inversión que sostenía empleo y actividad en las economías regionales. Para los gobernadores, recuperar al menos parte de esa inversión no es un capricho clientelar: es una condición para el desarrollo de territorios que el mercado, por sí solo, no atiende.

La pulseada tiene también un capítulo legislativo que la vuelve más compleja. Los gobernadores controlan, en muchos casos, a los legisladores nacionales de sus provincias, lo que les da una herramienta de presión concreta sobre la agenda del Gobierno en el Congreso. Cada ley que el oficialismo necesita aprobar —y la lista es larga, del Súper RIGI en adelante— depende, en parte, de la voluntad de esos legisladores provinciales. Los mandatarios lo saben, y la coordinación entre Pullaro, Valdés y Zdero apunta, precisamente, a transformar ese poder difuso en una capacidad de negociación efectiva: te acompaño en el Congreso, pero a cambio quiero los fondos y las obras que me corresponden. Es la vieja lógica del federalismo argentino, donde la relación entre la Nación y las provincias se dirime en una permanente transacción de votos por recursos.

Lo que está por verse es si esta articulación logra sostenerse en el tiempo o si se disuelve ante la primera oferta individual de la Casa Rosada. El Gobierno tiene experiencia en romper bloques provinciales mediante acuerdos puntuales: un adelanto de coparticipación acá, la habilitación de una obra allá, y el frente común se desarma. La fortaleza de la coordinación entre los gobernadores radicales dependerá de su capacidad para resistir esa táctica y mantener una posición unificada. Por ahora, la foto de los tres mandatarios sentados a la misma mesa es un mensaje. Si se convierte en poder real o queda en una postal, lo dirán las próximas semanas, cuando la Casa Rosada empiece a mover sus fichas.