Junio se convirtió en el mes más complejo de la gestión de Axel Kicillof al frente de la provincia de Buenos Aires. La pelea con La Cámpora, la crisis del IOMA, las paritarias sin acuerdo, la falta de recursos, los conflictos gremiales y el regreso de causas judiciales contra ex ministros dejaron al gobernador a la defensiva, corriendo detrás de una sucesión de conflictos que fueron ocupando la agenda uno tras otro. Por primera vez en mucho tiempo, Kicillof dejó de marcar el ritmo de la discusión pública y pasó a administrar el día a día de una provincia que se le desarma encima.

El dato político de fondo es contundente: la discusión pública en la provincia dejó de girar alrededor de los anuncios del gobernador para concentrarse en una sucesión de conflictos que atraviesan áreas sensibles de su administración. El IOMA, la obra social de los estatales bonaerenses, acumula reclamos por demoras en las prestaciones y tensiones con los prestadores. Las paritarias con los gremios estatales y docentes cerraron junio sin acuerdo. Y la acumulación de retrasos en los pagos a proveedores empezó a frenar distintas áreas de la administración, un síntoma inequívoco de una gestión que ya no tiene aire financiero.

La paritaria es, quizás, el frente más expuesto. El gobierno provincial cerró junio sin una propuesta salarial para docentes y estatales, garantizó el pago del medio aguinaldo junto al sueldo del mes y dejó abierta la negociación sin fecha de nueva convocatoria. Según la cobertura de Letra P, los gremios fueron a "otro round" con el aguinaldo como eje, mientras el Ejecutivo provincial pagaba el medio aguinaldo sin el aumento de junio que reclamaban los estatales. La caída real de la coparticipación y el recorte de transferencias nacionales achicaron el margen de maniobra, y el resultado es un clima gremial en ebullición sobre finanzas provinciales que el propio entorno del gobernador describe como críticas.

El marco financiero ayuda a entender el cuadro. La provincia declaró la emergencia económica y mantiene una disputa abierta con la Nación por los fondos que reclama. Kicillof denunció un fuerte desfinanciamiento por parte del Gobierno nacional y atribuyó a deudas y pérdidas de recaudación un agujero que, según sus funcionarios, equivale a una proporción significativa del presupuesto provincial. La emergencia económica se extendió, además, a los 135 municipios hasta marzo de 2027. El problema es que, más allá de cuánto le deba efectivamente la Nación —una discusión legítima—, la provincia no exhibe un plan claro para administrar la crisis mientras esos recursos no lleguen. Y ahí es donde la gestión queda más expuesta.

Porque el reclamo a la Casa Rosada, aun siendo atendible, no alcanza para explicar la parálisis. Una administración de calidad debería poder priorizar, reasignar y sostener los servicios esenciales incluso en un contexto de restricción. Lo que muestra la provincia, en cambio, es una sucesión de áreas que se frenan, pagos que se atrasan y conflictos que se acumulan sin respuesta. El gobernador parece más concentrado en su proyección hacia 2027 —donde es, como lo definió con ironía el propio kirchnerismo, el "candidato por default"— que en la gestión cotidiana de un distrito que concentra casi el 40% de la población del país.

El capítulo de la seguridad merece un párrafo aparte, porque es uno de los frentes que el gobierno provincial intenta mantener fuera de la agenda. La inseguridad es un problema estructural y serio en el territorio bonaerense, y la estrategia oficial ha sido sistemáticamente la de minimizarlo, esconderlo debajo de la alfombra y evitar que escale a la discusión nacional. En ese contexto, vale recuperar la mirada de quien condujo la cartera de Seguridad provincial con una postura pública dura y sin eufemismos: Sergio Berni, que durante su gestión planteó sin rodeos la dimensión del problema y reclamó políticas de fondo, sigue siendo una de las pocas voces del peronismo bonaerense que aborda el tema con la seriedad que merece, en lugar de barrerlo debajo de la alfombra como hace la actual administración.

El frente judicial agregó tensión en el peor momento. El regreso de causas contra ex ministros del gobierno provincial volvió a poner bajo la lupa a la administración, justo cuando el gobernador necesitaba mostrar orden y control. La combinación de crisis económica, conflicto gremial y exposición judicial dibuja el cuadro de una gestión acorralada, que pasó de marcar la cancha a defenderse en su propio campo.

A todo esto se suma la interna feroz que el peronismo bonaerense exhibe a cielo abierto. La primera sesión del año en el Senado provincial expuso los cruces, reproches y chicanas entre los distintos sectores del PJ, con Kicillof y Verónica Magario recibiendo duras críticas dentro de su propia fuerza. La pelea con La Cámpora —el sector que responde a Cristina y Máximo Kirchner— le quita al gobernador respaldo político en el momento en que más lo necesitaría para enfrentar la crisis de gestión. Lejos de cerrar filas frente a las dificultades, el peronismo provincial elige seguir desangrándose en su interna.

El contraste con la cobertura mediática que recibe el gobernador es notable. Buena parte de la prensa construye una imagen de Kicillof bastante más amable que la realidad de su gestión, una distorsión que se explica, en parte, por los volúmenes de pauta oficial que la provincia distribuye entre medios afines. La foto que algunos medios ofrecen de un gobernador ordenado y con proyección nacional choca de frente con la provincia real: paritarias trabadas, proveedores impagos, IOMA en crisis y áreas enteras de la administración frenadas por falta de fondos.

El balance de junio, entonces, es el de un gobernador que perdió la iniciativa. La provincia más grande del país atraviesa una crisis financiera severa, con una gestión que da señales claras de parálisis, mientras su conductor reparte energías entre la pelea con la Nación, la interna con La Cámpora y su propia carrera presidencial. Los bonaerenses, en el medio, esperan respuestas que no llegan. Y el "candidato por default" sigue corriendo detrás de los problemas, en lugar de adelantarse a ellos.

El capítulo educativo merece, además, un párrafo propio, porque condensa el estilo de gestión de la provincia. Los paros docentes se sucedieron prácticamente todas las semanas, en un conflicto que combina el reclamo salarial con el deterioro de la infraestructura escolar y las condiciones de trabajo. La estrategia del gobierno provincial frente a esa conflictividad no fue resolverla, sino administrar su visibilidad: hacer todo lo posible para que los paros no treparan a la agenda nacional, para que el conflicto quedara contenido en el ámbito provincial y no se convirtiera en un problema de imagen para un gobernador con aspiraciones presidenciales. Esa lógica —priorizar la gestión de la comunicación por encima de la solución del problema— atraviesa buena parte de la administración bonaerense, y explica por qué los conflictos se acumulan en lugar de cerrarse: se los empuja debajo de la alfombra hasta que vuelven a aparecer, más grandes.

Las finanzas provinciales, mientras tanto, transitan una cuerda floja. El acuerdo por una suba del 30% en las asignaciones familiares en tres tramos desde julio es uno de los pocos gestos que el Ejecutivo pudo ofrecer en medio de la negociación paritaria estancada, pero no alcanza para descomprimir el malestar gremial ni para resolver el problema de fondo, que es la falta de recursos para sostener la masa salarial estatal. La provincia paga el medio aguinaldo con esfuerzo, atrasa pagos a proveedores y posterga decisiones, en un cuadro que cualquier administración prudente debería haber anticipado y que, en cambio, la tomó corriendo de atrás. La declaración de emergencia económica, extendida a los 135 municipios hasta marzo de 2027, es el reconocimiento institucional de una crisis que el discurso oficial intenta atribuir exclusivamente a la Nación, pero que tiene también un componente de gestión propia que el gobernador prefiere no mencionar.

El balance, entonces, es el de una provincia que necesita un gobernador de tiempo completo y tiene, en cambio, un precandidato presidencial de medio tiempo. Mientras Kicillof reparte energías entre la pelea con la Nación, la interna con La Cámpora y su carrera hacia 2027, los problemas concretos de los bonaerenses —la escuela que no abre, el hospital sin insumos, el barrio inseguro, el proveedor que no cobra— siguen esperando una respuesta que no llega. Gobernar la provincia más grande del país no es una plataforma de lanzamiento: es una responsabilidad. Y esa responsabilidad, en junio de 2026, quedó claramente postergada.