El Senado de la Nación no logró sesionar por falta de quórum en la jornada en que se iba a tratar el pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La sesión especial, impulsada por el kirchnerismo, buscaba citar al funcionario al recinto para responder por su gestión y, eventualmente, avanzar en una moción de remoción. El intento naufragó antes de empezar: el PRO y la UCR no aportaron los cuerpos necesarios para alcanzar el número reglamentario, en una jugada coordinada con la conducción de la Cámara baja que terminó funcionando como un escudo para el Gobierno.

La maniobra tuvo su correlato en Diputados, donde el bloque del PRO, conducido por Cristian Ritondo, ayudó a frenar la sesión especial convocada para habilitar la interpelación. Según trascendió, ni el PRO ni el bloque de la UCR aportaron quórum, en línea con lo acordado con Martín Menem, titular de la Cámara baja. El resultado fue el mismo en ambas cámaras: el oficialismo, con la colaboración de sus aliados, dejó sin efecto un mecanismo de control parlamentario que la oposición consideraba clave para exigirle cuentas al jefe de Gabinete.

La interpelación es una de las herramientas centrales que la Constitución le otorga al Congreso para controlar al Poder Ejecutivo. El jefe de Gabinete, en particular, tiene la obligación constitucional de concurrir al Parlamento e informar sobre la marcha del Gobierno, y puede ser removido por el voto de la mayoría absoluta de ambas cámaras. Que ese instrumento haya quedado neutralizado por la falta de quórum no es un detalle de procedimiento: es la demostración de que, cuando el oficialismo y la oposición dialoguista coinciden, los mecanismos de control quedan en suspenso.

El episodio dejó al desnudo la dinámica política que sostiene a la gestión en el Congreso. El Gobierno no tiene mayoría propia en ninguna de las dos cámaras, pero compensa esa debilidad con una red de aliados que, sesión tras sesión, le garantizan los números cuando los necesita —para aprobar el Súper RIGI, para convertir en ley el pago a los holdouts— y le evitan los trances incómodos cuando hace falta, como ocurrió con la interpelación a Adorni. El PRO y la UCR funcionan, en los hechos, como una pata parlamentaria del oficialismo, aun cuando en el discurso público insistan en presentarse como una oposición con perfil propio.

Esa contradicción tuvo un costo concreto y de alto voltaje: la renuncia de Esteban Bullrich al PRO. El ex ministro de Educación y ex senador presentó su salida del partido fundándola precisamente en la protección que la fuerza de Mauricio Macri le brindó a Adorni. Bullrich cuestionó que la conducción partidaria privilegiara la conveniencia política por encima de la responsabilidad ética, y advirtió sobre una "distancia cada vez mayor" entre "los principios" que el partido dice defender y "las decisiones" que finalmente adopta. La fractura expone que, incluso dentro del macrismo, hay sectores que no están dispuestos a seguir pagando el precio de funcionar como muleta del Gobierno.

El kirchnerismo, que impulsó la interpelación, tampoco sale fortalecido del episodio. La oposición que conduce el peronismo no logró construir los consensos necesarios para sostener la sesión, y volvió a quedar expuesta su incapacidad para articular una estrategia parlamentaria eficaz. La interna feroz que atraviesa al peronismo —con Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, La Cámpora y Kicillof enfrentados sin tregua— se traslada al Congreso y debilita cualquier intento de construir una oposición seria frente al Gobierno. El resultado es un Parlamento donde el oficialismo, pese a ser minoría, marca el ritmo, mientras las dos grandes fuerzas opositoras —el peronismo fracturado y el macrismo funcional— se neutralizan entre sí.

Los antecedentes de la gestión muestran que esta no es la primera vez que una interpelación o un pedido de informes termina archivado por falta de quórum. El oficialismo aprendió rápido que no necesita ganar todas las votaciones: le alcanza con evitar que se constituyan las sesiones que le resultan incómodas. Y para eso, la colaboración de los bloques dialoguistas es decisiva. Cada vez que el PRO o la UCR deciden no bajar al recinto, el Gobierno respira.

El caso Adorni dejará secuelas. La renuncia de Bullrich abrió una grieta en el PRO que difícilmente se cierre pronto, y puso sobre la mesa la discusión que el macrismo viene evitando: hasta dónde está dispuesto a acompañar a un Gobierno con el que comparte el programa económico pero del que lo separan, cada vez más, los modos y las prioridades. Para la UCR, el dilema es parecido. Y para el Gobierno, la pregunta es cuánto tiempo más puede sostener su esquema parlamentario antes de que el desgaste de sus aliados empiece a pasarle factura.

Por ahora, Adorni quedó blindado y la interpelación, archivada. El jefe de Gabinete no tendrá que dar explicaciones en el recinto, al menos por ahora. Pero el costo político de ese blindaje no lo pagó el Gobierno, sino el PRO, que perdió a una de sus figuras históricas en el intento de salvar a un funcionario ajeno. La aritmética del Congreso volvió a darle la razón al oficialismo. La factura, esta vez, la firmó otro.

Conviene explicar por qué el caso Adorni se volvió tan sensible como para movilizar a la oposición y, al mismo tiempo, tensionar al PRO hasta el punto de la ruptura. La figura del jefe de Gabinete concentra una responsabilidad política singular en el diseño constitucional argentino: es el funcionario que articula la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, el que debe rendir cuentas periódicas ante el Parlamento y el que puede ser removido sin necesidad de un juicio político, por simple mayoría de ambas cámaras. Esa fragilidad relativa lo convierte en un blanco natural cuando la oposición quiere golpear al Gobierno sin pagar el costo de ir directamente contra el Presidente. La interpelación, en ese sentido, era menos un fin en sí mismo que un instrumento de desgaste: forzar a Adorni a dar explicaciones públicas y exponerlo a un eventual avance habría significado un golpe político de magnitud para la Casa Rosada.

El fracaso de la maniobra deja varias enseñanzas sobre el funcionamiento real del poder en el Congreso actual. La primera es que el oficialismo, pese a su debilidad numérica nominal, construyó una arquitectura de aliados lo suficientemente sólida como para neutralizar los embates opositores cuando realmente lo necesita. La segunda es que esa arquitectura tiene un costo, y que ese costo lo pagan, sobre todo, los socios que la sostienen: el PRO perdió a Bullrich, y la UCR carga con la incomodidad creciente de votar con un Gobierno que, en los territorios, les recorta los fondos a sus propios gobernadores. La tercera es que la oposición peronista, fragmentada y sin conducción, no logra capitalizar ni siquiera los episodios en los que el oficialismo queda expuesto. La interpelación a Adorni pudo haber sido un punto de inflexión; terminó siendo una nueva demostración de la parálisis opositora.

El episodio, en suma, no modificó la relación de fuerzas, pero sí reveló sus costuras. El Gobierno blindó a su funcionario, pero el blindaje dejó heridas en el campo aliado. La oposición intentó dar batalla, pero volvió a tropezar con su propia desorganización. Y el control parlamentario, esa función esencial de toda democracia, quedó una vez más subordinado a la aritmética de las conveniencias. La sesión que no fue dirá, con el tiempo, tanto como las que sí se realizaron.