El Gobierno nacional designó esta semana a 35 jueces, en una de las tandas de nombramientos judiciales más numerosas de la gestión. De ese total, 26 corresponden a juzgados de la Capital Federal y 5 a la provincia de Buenos Aires, a lo que se sumaron cuatro conjueces y diez vocales. La movida, que en circunstancias normales sería una noticia administrativa de segundo orden, adquiere un peso político distinto por el momento en que llega: la misma semana en que la Corte Suprema dejó firme un fallo que obliga a la administración a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario.

La cobertura de vacantes en la Justicia es, en sí misma, una tarea legítima y necesaria. El sistema judicial argentino arrastra desde hace años una proporción elevada de juzgados con cargos vacantes o cubiertos por subrogancias, lo que ralentiza los procesos y deteriora el servicio de justicia. En ese sentido, cualquier gobierno que avance en designaciones puede presentarlo como una contribución al normal funcionamiento institucional. El problema, como siempre, no está en el qué sino en el cómo, el cuándo y el para qué.

El contexto político le da a estos nombramientos una lectura inevitable. La administración de Milei viene sosteniendo una relación tensa con buena parte del Poder Judicial, que se agravó a medida que se acumularon fallos adversos en temas sensibles: el financiamiento universitario, distintas cautelares vinculadas a recortes presupuestarios y planteos sobre la constitucionalidad de varias medidas tomadas por decreto. En ese marco, una tanda de 35 designaciones simultáneas alimenta la pregunta sobre qué perfil de magistrados busca colocar el Gobierno y con qué criterios se realizó la selección.

La concentración geográfica de los nombramientos refuerza el interrogante. Que 26 de los 35 jueces designados correspondan a la Capital Federal no es un dato menor: los juzgados porteños, en particular los del fuero federal, son los que intervienen en las causas de mayor trascendencia política, económica y penal del país. Quién ocupa esos cargos define, en buena medida, cómo se tramitan los expedientes que más le importan al poder de turno. La provincia de Buenos Aires, en cambio, recibió apenas 5 designaciones, una asimetría que llama la atención considerando el tamaño y la litigiosidad del distrito más poblado del país.

El procedimiento de designación de jueces en la Argentina combina la intervención del Consejo de la Magistratura, que selecciona ternas a través de concursos, con la propuesta del Poder Ejecutivo y el acuerdo del Senado. Cada uno de esos eslabones admite márgenes de discrecionalidad, y la historia reciente muestra que los gobiernos —de todos los signos— han sabido aprovechar esos márgenes para acercar a la magistratura a candidatos de su confianza. La gestión actual no es la excepción, y la velocidad con la que avanzó en esta tanda sugiere una decisión política de ocupar el terreno judicial antes de que el calendario electoral y los equilibrios parlamentarios cambien.

La paradoja del momento es difícil de ignorar. Mientras el Gobierno coloca jueces a buen ritmo, la Corte Suprema —cuya composición no controla— le acaba de propinar uno de los reveses más resonantes del año, obligándolo a pagar el 29% adicional a las universidades y a actualizar las becas que venía pisando. Es decir: la administración avanza sobre los escalones inferiores del Poder Judicial al mismo tiempo que choca de frente con su cúpula. Esa combinación dibuja una estrategia de mediano plazo que apunta a construir, ladrillo por ladrillo, un entramado judicial más afín, aun cuando la cabeza del sistema le siga resultando esquiva.

Los antecedentes en la materia invitan a la cautela. Cada vez que un gobierno aceleró designaciones judiciales en bloque, la oposición de turno denunció intentos de colonización de la Justicia, y los oficialismos respondieron invocando la necesidad de cubrir vacantes y agilizar el sistema. El kirchnerismo lo hizo en su momento, el macrismo también, y la gestión libertaria repite ahora el libreto con su propia impronta. El problema estructural es que la independencia judicial se mide precisamente en estos gestos: en si los jueces designados responden a criterios de idoneidad y trayectoria, o si el verdadero filtro es la sintonía política con quien firma el decreto.

Para la ciudadanía, la cuestión no es abstracta. Los jueces que se designan hoy van a intervenir durante años —en muchos casos, décadas— en causas que afectan la vida concreta de las personas: desde litigios laborales y previsionales hasta investigaciones por corrupción que involucran a funcionarios de este y de los próximos gobiernos. La calidad y la independencia de esos magistrados es, en última instancia, una garantía para todos, no un privilegio del poder de turno.

El Gobierno, por su parte, defenderá los nombramientos con el argumento de que se ajustaron a los procedimientos vigentes y que responden a la necesidad de normalizar el funcionamiento de la Justicia. Es un argumento atendible en lo formal. Pero la prueba real de estas designaciones no estará en los considerandos de los decretos, sino en cómo fallen estos jueces cuando les toque resolver causas incómodas para el poder que los nombró. Recién entonces se sabrá si la tanda de 35 fue una contribución al funcionamiento de la Justicia o una pieza más en el rompecabezas de un oficialismo que, cada vez que la Justicia le dice que no, parece responder construyendo una Justicia que le diga que sí.

Por ahora, los números hablan: 35 jueces, 26 de ellos en la Capital, cuatro conjueces y diez vocales, todos en la misma semana en que la Corte le recordó al Gobierno que las leyes se cumplen aunque no gusten. El timing, como casi siempre en política, dice tanto como el contenido.

Hay un dato adicional que vuelve todavía más relevante el momento elegido para esta tanda de designaciones: el calendario electoral. La Argentina ingresa, en el segundo semestre, en la antesala de un proceso que reordenará la composición del Congreso y, con ella, los equilibrios necesarios para aprobar futuros pliegos judiciales. Un oficialismo que hoy negocia caso por caso sus mayorías sabe que esos equilibrios pueden cambiar, y que conviene avanzar mientras el clima parlamentario le resulta favorable. La velocidad de la operación —35 designaciones de un saque— se entiende mejor desde esa lógica de oportunidad: ocupar el terreno antes de que las urnas modifiquen las condiciones. No es la primera vez que un gobierno acelera nombramientos en una ventana política propicia, pero la escala de esta tanda llama la atención incluso para los parámetros habituales.

El trasfondo institucional es la disputa, cada vez más áspera, por el control del Poder Judicial. La gestión libertaria llegó al poder prometiendo terminar con lo que llamó la "casta", e incluyó en esa categoría a buena parte del establishment judicial. Sin embargo, una vez en el Gobierno, la relación con la Justicia osciló entre el enfrentamiento retórico y la búsqueda pragmática de operadores afines. Las designaciones masivas son la cara concreta de ese pragmatismo: más allá del discurso contra la casta judicial, el oficialismo entendió rápido que controlar quién juzga es una de las palancas de poder más decisivas del sistema. La paradoja es que el mismo Gobierno que denuncia la politización de la Justicia practica, con estas tandas, una forma de colonización judicial que no se diferencia demasiado de la que criticaba en sus antecesores.

Para los ciudadanos, el riesgo de fondo es que la independencia judicial se erosione en silencio, designación tras designación, hasta que el día en que se necesite un juez imparcial para frenar un abuso de poder ya no quede ninguno disponible. La salud de una república se mide, en buena parte, por la distancia que sus jueces son capaces de mantener respecto de quien los nombró. Esa distancia, cuando se llenan 26 juzgados porteños de una sola vez y en una semana de máxima tensión con la Corte, es exactamente lo que está en juego.