La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al gobierno de Javier Milei a cumplir dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario: el aumento salarial de docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles. El fallo, conocido el 25 de junio, representa uno de los reveses institucionales más significativos para la Casa Rosada en lo que va del año y reabre un conflicto que el oficialismo creía haber administrado a fuerza de demoras y negociaciones parciales con los gremios.

La historia del conflicto es larga y conviene reconstruirla. La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto del año pasado. El presidente la vetó, en línea con su política de defensa cerrada del equilibrio fiscal por encima de cualquier otra consideración. Tras las multitudinarias marchas universitarias que recorrieron todo el país —una de las movilizaciones más masivas que enfrentó la gestión—, el Congreso sostuvo la ley en ambas cámaras, dejando sin efecto el veto presidencial. Desde entonces, el Gobierno apeló a distintas estrategias para no aplicar plenamente la norma, y el caso terminó judicializado.

El fallo que ahora quedó firme obliga a cumplir los artículos 5 y 6 de la ley, que disponen pagar actualizaciones salariales desde 2023 a la fecha y aumentar las Becas Progresar. Los números son contundentes. El Gobierno había acordado con los gremios un aumento salarial del 21,3% en junio, pero para cumplir con la ley debería otorgar un 29% adicional, completando un incremento del 56% sobre los salarios de mayo de 2026. En el caso de las becas, la ley establece que los montos se actualicen según la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 —un 241%—, lo que en las Becas Progresar implica un incremento del 95% sobre lo que el Gobierno paga actualmente.

Según explicó Chequeado en su análisis del fallo, la Corte ratificó la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar la actualización de salarios y becas en los términos que fija la ley, sin que el Ejecutivo pueda escudarse en la disponibilidad presupuestaria para incumplir una norma vigente. El argumento central del tribunal es que una ley sancionada, que además superó un veto presidencial con la insistencia de ambas cámaras, no puede quedar en suspenso por decisión administrativa del Poder Ejecutivo.

La reacción oficial fue de previsible malestar. El Gobierno venía sosteniendo que el cumplimiento pleno de la ley comprometía la meta de equilibrio fiscal, el corazón de su programa económico y la variable que el oficialismo presenta como el logro central de la gestión. La tensión expone una de las contradicciones más profundas del modelo: el ancla fiscal se sostiene, en buena medida, sobre partidas que la Justicia ahora considera que el Estado está legalmente obligado a pagar. Dicho de otro modo, parte del superávit que el Gobierno exhibe como su gran activo se construyó sobre el incumplimiento de leyes vigentes.

El conflicto universitario tiene, además, una dimensión política que excede el número. Las universidades públicas fueron uno de los pocos espacios capaces de generar movilizaciones masivas y transversales contra la gestión, con apoyos que cruzaron sectores sociales y banderas partidarias. El Gobierno apostó a desgastar el reclamo con el paso del tiempo, confiando en que la conflictividad bajaría una vez que las marchas dejaran de ocupar la agenda. El fallo de la Corte le devuelve centralidad al tema en el peor momento, mientras la Casa Rosada festeja en paralelo la media sanción del Súper RIGI: un régimen que blinda beneficios fiscales por treinta años a las megainversiones. El contraste es difícil de digerir para cualquiera que mire las dos noticias en la misma semana.

En el ámbito universitario, los gremios docentes y no docentes vienen denunciando desde hace meses la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, con caídas que erosionaron de manera sostenida los ingresos del sector. La actualización que ahora ordena la Justicia no resuelve por completo ese deterioro acumulado, pero corrige una parte sustancial de la brecha que se abrió entre lo que la ley dispone y lo que el Gobierno efectivamente pagó. Para los estudiantes que dependen de las Becas Progresar, la diferencia es todavía más concreta: una suba del 95% sobre montos que la inflación había licuado hasta volverlos casi simbólicos.

El fallo plantea ahora un interrogante práctico: cómo y cuándo el Gobierno hará efectivo el cumplimiento. La cautelar es de aplicación obligatoria, pero la experiencia de los últimos meses muestra que el Ejecutivo dispone de un repertorio amplio de demoras administrativas. La diferencia es que, con la Corte habiendo dejado firme la medida, cada día de incumplimiento expone a los funcionarios responsables a las consecuencias de desobedecer una orden judicial firme del máximo tribunal del país.

El episodio se inscribe en una tensión más general entre el Gobierno y el Poder Judicial, que se profundizó en las últimas semanas. La misma administración que designó esta semana a 35 jueces —en una avanzada para ocupar cargos vacantes en la Justicia federal— recibe ahora un fallo adverso de la Corte que la obliga a desembolsar fondos que venía reteniendo. La señal institucional es clara: ni siquiera con la legitimidad de las urnas y una mayoría parlamentaria armada caso por caso, el Ejecutivo puede ignorar una ley que el Congreso sostuvo contra su voluntad.

Mientras tanto, el Gobierno deberá decidir si acata sin más demoras o si vuelve a estirar los plazos hasta donde la paciencia de la Justicia lo permita. La respuesta dirá bastante sobre cómo entiende esta gestión la división de poderes: si una ley vigente, sostenida por el Congreso y respaldada por la Corte, es una obligación que se cumple, o apenas un obstáculo que se administra hasta que deje de molestar.

El conflicto universitario tiene, por otra parte, una raíz que se remonta al inicio mismo de la gestión y que conviene reconstruir para dimensionar la magnitud del choque. Desde diciembre de 2023, el sistema universitario público venció su presupuesto en un contexto de inflación elevada, lo que erosionó de manera acelerada tanto los salarios de docentes y no docentes como las partidas de funcionamiento de las casas de estudio. Las universidades denunciaron que, con los montos que recibían, no podían cubrir siquiera los servicios básicos —luz, gas, limpieza, seguridad— y advirtieron que el normal dictado de clases estaba en riesgo. Esa tensión derivó en las grandes marchas universitarias, que se convirtieron en uno de los focos de resistencia social más persistentes a la política de ajuste. La ley de financiamiento fue, justamente, la respuesta institucional que el Congreso construyó frente a ese reclamo, y su veto y posterior insistencia marcaron uno de los enfrentamientos más duros entre el Ejecutivo y el Legislativo.

El fallo de la Corte reordena también el tablero político de cara a los próximos meses. Para la comunidad universitaria, la decisión es una victoria que valida años de movilización y de litigio, y que demuestra que la presión social sostenida, combinada con la vía institucional, puede torcerle el brazo a un Gobierno decidido a no ceder. Para la oposición, el fallo es una herramienta: confirma que el oficialismo venía incumpliendo una ley vigente y le da munición para cuestionar la legalidad de otros recortes. Y para el Gobierno, representa la obligación incómoda de encontrar, en un presupuesto que presenta como ajustado al límite, los fondos para cumplir una orden judicial firme. La pregunta que queda flotando es de fondo: si el superávit fiscal, esa bandera que el oficialismo agita en cada acto, se sostuvo en parte sobre el incumplimiento de leyes que la Justicia ahora declara obligatorias, ¿qué clase de equilibrio es ese? Un ajuste que se financia desobedeciendo al Congreso y a la Corte no es una proeza de administración: es una deuda que, tarde o temprano, alguien viene a cobrar. Esta vez vino la Corte.