TENSIÓN EN EL SENADO POR LA REFORMA DE BIOCOM
El proyecto de reforma de la Ley de Biocombustibles que el Gobierno empuja con la firma de Patricia Bullrich llegó al Senado con respaldo del Ejecutivo, pero hoy no tiene los votos para salir. La resistencia de las pymes regionales del biodiésel y de al menos cuatro provincias productoras —Entre Ríos, La Pampa, San Luis y Buenos Aires— convirtió un trámite que el oficialismo daba por encaminado en una negociación abierta, en la que el propio Gobierno empezó a mirar con otros ojos la propuesta alternativa que acercó el sector pyme.
El texto eleva el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10% y el de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, habilita motores flex fuel y crea un sistema electrónico de comercialización. En el papel suena a más biocombustible. En la práctica, el corazón del proyecto es la apertura del mercado interno —hasta ahora reservado por ley a las empresas regionales— a los grandes jugadores integrados, sumado a un esquema de coprocesamiento de las petroleras que se comería buena parte del cupo obligatorio. Traducido: el negocio que el propio Estado construyó durante años para las pymes del interior pasaría, según advierten en el sector, a manos de las grandes aceiteras exportadoras.
En el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles, las voces del sector pyme desarmaron los pilares del oficialismo. Tomás Lorda, de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), fue categórico: sostuvo que todos los proyectos en danza “tienden a hacer desaparecer por completo” al sector pyme y que el juego de fondo es “cómo quedarse con el negocio que tuvieron las pymes en estos años”.
Lorda recordó además que las plantas del interior no surgieron por azar, sino al amparo de una política pública de desarrollo federal: “La ley que nos dio origen nos incentivó a instalarnos en el interior de la Argentina. Si no, lo hubiéramos puesto en Rosario”, planteó ante los senadores. Y apuntó contra el diagnóstico oficial: advirtió que “hubo una gran confusión, con una simplificación extrema” al pretender dividir a la industria entre integrados y no integrados, lo que —dijo— llevará al Gobierno “a tomar decisiones equivocadas”.
En la misma línea se pronunció Federico Martelli, referente de CEPREB, quien viene marcando que no se puede poner a competir en la misma cancha a las pymes con las grandes aceiteras, porque no es una competencia sino una absorción. Martelli aportó un dato que el oficialismo prefiere esquivar: las pymes nucleadas en la cámara producen el 65% del biodiésel destinado al corte obligatorio del mercado interno. No se trata de un actor marginal, sino de la columna vertebral del abastecimiento que el proyecto pone en riesgo.
Frente a un escenario de votos esquivos, en el Gobierno empezaron a mirar con otros ojos la propuesta alternativa de CEPREB. Esa propuesta plantea un camino distinto al del proyecto oficial: en lugar de abrir el cupo obligatorio a los grandes y permitir el coprocesamiento de las petroleras dentro de ese cupo, propone segmentar el mercado en tres compartimentos para que cada empresa compita con sus pares y no contra gigantes que la superan por escala. El primer segmento sería para las pymes regionales, ubicadas a más de 80 kilómetros del puerto, que nacieron al amparo de la política de desarrollo federal; el segundo, para las empresas no integradas radicadas en el polo del puerto de Rosario; y el tercero, para las grandes aceiteras integradas nucleadas en CARBIO. La lógica que defienden en el sector es simple: agrandar el negocio y ordenar la competencia por categorías, en vez de repartir la misma torta a favor de los más grandes y fundir a quienes sostienen hoy el abastecimiento.
El mensaje que circula en los pasillos del Senado es claro: sin modificaciones de fondo, el proyecto no reúne los votos. En el sector pyme atribuyen el atolladero a un error de cálculo político del oficialismo, que cerró primero y casi exclusivamente con el sector del bioetanol —cómodo con la suba del corte en las naftas— y dejó abierto el flanco del biodiésel, justo donde se concentra el entramado pyme con peso territorial y representación legislativa.
A ese desbalance se suma un dato incómodo: las grandes aceiteras desplegaron un lobby intenso para empujar la reforma. Figuras del sector exportador como Gustavo Idígoras y Luis Zubizarreta se mueven con sigilo, tras bambalinas, para sumar voluntades a la versión que beneficia a los grandes. Pero esa presión, lejos de ayudar, terminó incomodando a varios senadores, que no quieren quedar pegados a la imagen de haber votado a favor de los grandes exportadores en contra de las pymes de sus propias provincias. Ninguno quiere exponerse a que se interprete que respondió a esos intereses, en un tema con alta sensibilidad federal.
El respaldo más explícito al proyecto oficial llegó, justamente, desde un actor que el sector mira con desconfianza: un ejecutivo de YPF avaló la iniciativa de Bullrich en el Senado, aunque deslizó una advertencia sobre los plazos de implementación. La petrolera de mayoría estatal, que apuesta al coprocesamiento, aparece así alineada con el esquema que más conviene a los grandes y más complica a las pymes regionales.
La resistencia no es solo de cámaras empresarias: son los gobiernos provinciales los que están ejerciendo una presión decisiva. Entre Ríos, La Pampa, San Luis y Buenos Aires —donde están radicadas las plantas pyme de biodiésel— se transformaron en el verdadero muro de contención del proyecto.
En Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio se involucró personalmente en la pelea para defender a las empresas de biodiésel de su provincia, una industria que genera empleo y arraigo en el territorio entrerriano. En Buenos Aires, Julián Domínguez asumió el rol de defensor de las pymes bonaerenses y viene moviendo el tablero político del tema, conversándolo con el jefe del bloque de senadores del peronismo, José Mayans, y con Cristina Fernández de Kirchner. A la presión política se sumó la institucional: el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, emitió un comunicado en contra de la ley.
Los senadores pampeanos están entre los más activos en la defensa del sector, con Daniel Bensusán a la cabeza, en una provincia donde las plantas de biodiésel son parte central del entramado productivo. Y en el norte y Cuyo, los senadores Fernando Rejal (La Rioja) y Fernando Salino (San Luis) también se pusieron al frente de la defensa de las pymes regionales.
San Luis sumó además un gesto de enorme peso político: el ministro de Desarrollo Productivo Sustentable, Federico Trombotto, envió una nota a los legisladores nacionales por la provincia pidiéndoles expresamente que defiendan a las pymes regionales y no acompañen los cambios. El planteo fue dirigido a los senadores Bartolomé Abdala, Ivanna Arrascaeta y Fernando Salino —además de varios diputados—, y el dato no es menor: dos de esos senadores, Abdala y Arrascaeta, responden a La Libertad Avanza. Que un gobierno provincial le pida por escrito a legisladores del propio espacio nacional que no acompañen una iniciativa del oficialismo muestra hasta qué punto el proyecto fractura incluso las filas libertarias en el interior. En la nota, Trombotto advirtió que la industria del biodiésel puntano sostiene a más de 250 familias y alertó que, sin una segmentación adecuada, los cambios podrían llevar al “inminente cierre y desaparición” del sector en la provincia.
En medio de ese cruce de presiones, el senador Pablo Cervi (La Libertad Avanza) aparece como uno de los que intenta construir una salida: viene conversando con los distintos sectores para encontrar los acuerdos que permitan sacar la ley. Su rol de articulador será clave para definir si el oficialismo opta por el consenso o por el choque.
En el sector pyme y entre los gobiernos provinciales que resisten el proyecto sostienen que el Gobierno está a tiempo de convertir una derrota anunciada en un triunfo. Desde CEPREB plantean que la ley puede salir —y puede salir bien— si el oficialismo acepta los cambios que destraban el conflicto: subir el corte obligatorio, segmentar el mercado para que cada quien compita con sus pares y dejar el coprocesamiento por encima del cupo. Es, argumentan, una salida que beneficia a todos: a las petroleras y a los grandes que quieren más mercado, a las pymes que defienden su supervivencia, a las provincias productoras y al propio Gobierno, que podría mostrar una reforma consensuada en lugar de un atropello.
Por ahora, el oficialismo parece decidido a ensayar la misma receta de siempre: acordar con los más grandes, subestimar al interior productivo y descubrir, recién cuando faltan los votos, que el mapa federal existe. La ley puede destrabarse en una tarde si alguien se digna a escuchar a las pymes que el propio Estado mandó a instalarse lejos de Rosario. La pregunta es si la épica desreguladora está dispuesta a semejante gesto de humildad, o si prefiere estrellar el proyecto contra la pared con tal de no admitir que esta vez los números no le cierran.
