La Sala V de la Cámara del Crimen confirmó por mayoría, el 24 de junio de 2026, el procesamiento de Delfina "Fini" Lanusse y Hernán Boveri en la causa judicial conocida como "Propofest", que investiga el robo sistemático de fármacos de uso exclusivamente hospitalario —propofol y fentanilo— del Hospital Italiano de Buenos Aires, presuntamente destinados al consumo recreativo en fiestas clandestinas organizadas entre médicos y residentes de esa institución.

La resolución de la Cámara del Crimen ratifica lo que ya había dispuesto la instancia anterior y representa un avance procesal significativo en un expediente que, desde que se conoció públicamente, generó fuerte impacto por tratarse de una de las instituciones de salud privada de mayor prestigio del país.

El caso "Propofest" ganó notoriedad pública a partir de la muerte, el 20 de febrero de 2026, del médico anestesiólogo Alejandro Zalazar, quien había finalizado su residencia el año anterior. La autopsia practicada sobre su cuerpo determinó que el deceso se produjo por congestión y edema pulmonar y meningoencefálico, cuadro vinculado al consumo de propofol y fentanilo, dos sustancias de control hospitalario estricto por su alto poder sedante y depresor del sistema respiratorio. Junto al cuerpo de Zalazar la policía encontró frascos e insumos médicos pertenecientes al Hospital Italiano, un hallazgo clave para que la causa tomara el rumbo que finalmente tomó.

En medio del dolor por la muerte de su hermano, fue la propia hermana de Zalazar quien se acercó a la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) para poner en conocimiento de la entidad lo que sabía sobre las llamadas "Propofest", aportando información que resultó determinante para que la causa avanzara sobre otros posibles responsables más allá de las circunstancias inmediatas del fallecimiento.

A partir de esos elementos, la Justicia avanzó sobre Boveri y Lanusse, quienes fueron indagados en marzo de 2026 —el 18 y el 25 de marzo, respectivamente— en audiencias realizadas de manera virtual. En esa instancia, Boveri negó los hechos que se le atribuían y anunció que presentaría un escrito con su propia versión de los acontecimientos.

En el expediente intervino como parte querellante la propia AAARBA, que buscó desde el inicio despegar a la actividad profesional en su conjunto de las conductas individuales investigadas. El abogado de la asociación, Eduardo Gerome, explicó el rol de la entidad con una definición elocuente: "la asociación es la más interesada en que esta causa funcione, porque no está implicada, es querellante."

El caso puso en primer plano una problemática de fondo que excede a los dos procesados: la fragilidad de los controles sobre sustancias hospitalarias sensibles incluso en instituciones de alta gama como el Hospital Italiano de Buenos Aires. Que fármacos con protocolos estrictos de registro, custodia y administración pudieran circular por fuera del circuito clínico para terminar en encuentros recreativos entre profesionales de la salud habla de fallas de control que no se resuelven únicamente con la sanción penal de quienes resulten responsables.

El propofol y el fentanilo, los dos fármacos centrales en la causa, pertenecen a una categoría de medicamentos que debería estar sometida a controles de excepción. El fentanilo es un opioide sintético clasificado como estupefaciente, sujeto a la fiscalización de la ANMAT y a los registros que exige la normativa sobre psicotrópicos. El propofol, si bien no está encuadrado en el mismo régimen estricto que los estupefacientes, es un anestésico de uso exclusivamente hospitalario cuya manipulación fuera de un quirófano implica, de por sí, un uso indebido.

Con la confirmación del procesamiento por parte de la Sala V de la Cámara del Crimen, el expediente avanza hacia sus próximas etapas procesales, en las que deberá definirse si Lanusse y Boveri llegan finalmente a juicio oral por los hechos que se les atribuyen. La AAARBA, como parte querellante, continuará de cerca el desarrollo de la causa.

Una fiesta con nombre de anestésico y apellidos de cierto peso social: así podría resumirse, sin demasiado eufemismo, el costado más incómodo de la causa Propofest. Mientras el sistema de salud privado de alta gama se llena la boca con protocolos, comités de bioética y controles de calidad, alcanzó con un par de frascos mal guardados para que el "uso recreativo" entre colegas terminara, literalmente, en un cadáver. La Justicia, esta vez, no miró para otro lado y confirmó los procesamientos; falta ver si, cuando llegue el momento del juicio oral, los apellidos pesarán tanto como pesaron, durante años, dentro de los pasillos del hospital.