El sábado 20 de junio, en el banderazo de Parque Lezama por el aniversario de la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner volvió a apuntar contra los sectores del peronismo que evitan mostrar cercanía con la expresidenta. Tres días después, el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco le contestó que el verdadero problema no es interno sino Milei, y que en el peronismo "somos muy pocos los que criticamos" al Presidente. Ese intercambio puntual, ya cubierto como hecho noticioso, es solo el síntoma más reciente de una enfermedad mucho más vieja y mucho más grave: la incapacidad del peronismo de construir algo distinto a partir de lo que dejó su propio fracaso de gobierno.

Vale la pena decirlo sin rodeos: ni el sector de Cristina Kirchner y Máximo Kirchner ni el de Axel Kicillof y Carlos Bianco hicieron, hasta ahora, una autocrítica real sobre el desastre macroeconómico de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner entre 2019 y 2023. Aquel gobierno terminó con una inflación que llegó a superar el 200% anual, una brecha cambiaria que llegó a niveles récord, un cepo cada vez más asfixiante y un atraso tarifario que la propia gestión usó como herramienta de contención social de corto plazo a costa de una factura energética que alguien, tarde o temprano, iba a tener que pagar. Ese resultado no fue un accidente: fue la consecuencia de un esquema de política económica que terminó, en los hechos, en la crisis que Milei usó como trampolín para llegar a la Presidencia.

Ninguno de los dos sectores que hoy se disputan la centralidad del peronismo construyó, en estos meses de pelea pública, un diagnóstico distinto sobre qué salió mal en esos cuatro años y qué habría que cambiar para no repetirlo. Lo que existe, en cambio, es una pelea por quién es más fiel a Cristina o quién gestiona mejor la Provincia, dos discusiones que pueden ser legítimas pero que no responden a la pregunta de fondo.

El segundo punto ciego de esta interna tiene nombre propio: Carlos Bianco. El ministro de Gobierno bonaerense se presenta, cada vez que puede, como la respuesta racional y gestora frente al maximalismo discursivo de La Cámpora. Pero Bianco no es un dirigente con peso propio dentro del PJ tradicional: es, ante todo, un operador identificado de manera casi exclusiva con la figura de Axel Kicillof, sin trayectoria en las estructuras clásicas del partido y mal visto por buena parte de la dirigencia peronista, que lo percibe como un funcionario técnico devenido vocero político antes que como un cuadro propio del movimiento. Presentarlo como una voz neutral o representativa del peronismo bonaerense sería, como mínimo, un error de lectura.

El tercer problema, quizás el más relevante de cara a 2027, es que la disputa pública entre ambos sectores viene ocupando, semana tras semana, el lugar que debería ocupar un debate de fondo sobre el rumbo económico. La discusión sobre si Kicillof visitó o no a Cristina Kirchner, sobre quién va más seguido a verla, sobre quién la nombra más en sus discursos o sobre quién critica con más intensidad a Milei, terminó reemplazando cualquier conversación seria sobre qué haría el peronismo distinto si volviera a gobernar. ¿Sostendría el ajuste fiscal de Milei o lo revertiría, y con qué financiamiento? ¿Volvería a un esquema de controles cambiarios después de la experiencia 2019-2023? Ninguna de esas preguntas tiene, hoy, una respuesta articulada desde el espacio.

Hay, además, una asimetría que rara vez se menciona: la falta de autocrítica no es solo bilateral, sino estructural a la forma en que ambos sectores construyen su legitimidad interna. El camporismo necesita a una Cristina Kirchner sin fisuras porque buena parte de su capital político depende de esa centralidad simbólica; admitir errores de gestión de fondo equivaldría a debilitar la figura sobre la que se sostiene la lealtad de la propia estructura. El kicillofismo, por su parte, necesita mostrar a Kicillof como el gestor eficiente que "no hace política" sino que "administra", un relato que tampoco tolera demasiado bien la pregunta de qué responsabilidad le cupo, como ministro de Economía de la Nación entre 2013 y 2015 y gobernador bonaerense desde 2019, en las decisiones que llevaron al desenlace de 2023.

El convite de unidad que Kicillof organizó para el 1° de julio en San Vicente puede leerse en ese mismo sentido: un gesto necesario para bajar la temperatura del cruce público, pero que difícilmente resuelva el problema de fondo si no viene acompañado de una discusión real sobre el rumbo. Una foto de unidad sin proyecto común detrás es, en el mejor de los casos, una tregua táctica de cara a 2027; en el peor, una nueva postergación del debate que el peronismo necesita dar desde hace años y sigue esquivando.

Mientras Cristina y Máximo Kirchner de un lado, y Kicillof y Bianco del otro, se disputan quién representa mejor al peronismo, Javier Milei gobierna sin una oposición capaz de plantarle una alternativa creíble. No porque el Gobierno nacional no tenga flancos débiles —los tiene, empezando por un ajuste que la sociedad sigue pagando todos los meses—, sino porque la principal fuerza política con estructura territorial para enfrentarlo está demasiado ocupada peleándose internamente por la herencia simbólica de Cristina Kirchner como para construir, siquiera en borrador, un programa de gobierno alternativo. La épica de Lezama y la épica de la gestión bonaerense pueden llenar un acto y un zócalo de noticias, pero no llenan, hasta ahora, ni una sola propuesta concreta. Y mientras el peronismo sigue discutiendo entre sí quién quiere más a Cristina y quién critica más a Milei, el que gobierna —y decide todos los meses cuánto vale el salario de los argentinos— sigue siendo, sin contrapeso real, el mismo de siempre.