El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves en Bahía Blanca un nuevo acto de entrega de viviendas, esta vez 44 unidades destinadas a familias de la ciudad, en un evento que contó con la presencia del intendente local Federico Susbielles y del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. La actividad completa una segunda etapa de un proyecto urbano que en marzo de 2026 ya había entregado 101 casas en la misma zona, lo que eleva a 145 el total de viviendas terminadas en lo que va del año en el distrito.

El acto se inscribe en el ciclo de actividades que la Gobernación bonaerense viene desplegando en distintos municipios del interior y del conurbano, con una lógica que combina inauguración de obra social con presencia territorial de funcionarios de primera línea. En el caso de Bahía Blanca, esa lógica adquiere un peso adicional por tratarse de una de las ciudades más castigadas del último año y medio, donde la reconstrucción posterior a la emergencia climática de 2025 todavía continúa en distintos barrios.

Según informó el Gobierno bonaerense, la inversión total del plan asciende a 13.422 millones de pesos, financiamiento con el que se construyeron unidades de hasta tres habitaciones, todas con conexión a red de agua potable, cloacas, gas natural y electricidad. Las viviendas fueron edificadas por la Cooperativa 15 de Diciembre, una de las organizaciones de la economía social que la Provincia utiliza habitualmente como mano de obra para sus programas de hábitat, y se insertan en el proceso de reconstrucción de barrios bahienses afectados por la inundación de marzo de 2025.

El acto tuvo además un capítulo en clave de seguridad: el ministro Javier Alonso participó de la puesta en funcionamiento de 17 móviles policiales nuevos destinados a la zona, en lo que el Gobierno provincial buscó presentar como una jornada de "gestión integral" que combina vivienda y presencia policial en un mismo paquete de anuncios.

Kicillof aprovechó también la visita para firmar un convenio que reactiva la construcción de 36 viviendas en el barrio Luz y Fuerza, una obra que había quedado paralizada después de que el Gobierno nacional cortara el financiamiento destinado a esa iniciativa. El gesto de retomar una obra frenada por decisión de la Casa Rosada permite al gobernador reinstalar, una vez más, el contraste que viene explotando desde 2024: la motosierra libertaria en la obra pública nacional versus la administración provincial como sostén de lo que el Estado central abandona.

El anuncio llega, sin embargo, en un contexto financiero provincial que dista bastante de la postal de Bahía Blanca. Mientras se entregan llaves y se inauguran móviles policiales, la negociación paritaria con los gremios estatales bonaerenses sigue sin resolverse, con sucesivas rondas de discusión que no logran cerrar un acuerdo salarial frente a una inflación que sigue erosionando el poder de compra de los trabajadores provinciales. En paralelo, la Provincia acumula una deuda creciente con ANSES que complica aún más el ya ajustado esquema de caja bonaerense.

Ese combo de paritarias trabadas y deuda con el organismo previsional nacional dibuja un escenario de fondo mucho menos amigable que el de la foto con casco y cinta para cortar. La Provincia que esta semana entrega llaves en Bahía Blanca es la misma que, en simultáneo, no consigue cerrar la discusión salarial con sus propios empleados ni encuentra una solución de fondo para el desequilibrio financiero que arrastra desde hace meses. Dos realidades que conviven, aunque el Gobierno provincial se esfuerce en mostrar solamente una de las dos en sus actos de prensa.

La estrategia comunicacional de mostrar obra terminada como prueba de gestión no es nueva para Kicillof, que viene apostando a capitalizar cada inauguración como contraargumento frente a las críticas por el ajuste y la motosierra que el Gobierno nacional aplica sobre la obra pública y el financiamiento a las provincias. El problema es que ese tipo de anuncios, por más necesarios y bienvenidos que sean para las familias que efectivamente reciben una vivienda, no alcanza para tapar un cuadro de fondo donde la caja provincial cruje, los salarios estatales no llegan a cerrar paritaria y la dependencia de recursos nacionales sigue siendo determinante para terminar obras que la propia Provincia no puede financiar sola.

Las 44 familias que esta semana recibieron su vivienda tienen, sin duda, motivos genuinos para festejar. El resto de los empleados públicos bonaerenses, mientras tanto, sigue esperando una recomposición salarial que no aparece, y la Provincia sigue acumulando obligaciones con ANSES que alguna vez habrá que pagar. La diferencia es que esas dos últimas noticias no suelen tener corte de cinta ni gobernador sonriente para la foto.