El gobernador Axel Kicillof participó el miércoles 10 de junio de 2026 de una nueva audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la tercera en el marco de la demanda que la provincia de Buenos Aires mantiene contra el Estado nacional por fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El reclamo bonaerense original asciende a más de 2,2 billones de pesos, aunque algunas estimaciones que incorporan pérdidas de recaudación y transferencias que nunca se realizaron elevan la cifra en discusión a más de 22 billones de pesos.

La audiencia terminó con una decisión de fondo por parte de la Provincia: dar por cerrada la etapa de conciliación y anunciar que avanzará por la vía cautelar. Es decir, Buenos Aires resolvió dejar de esperar una negociación directa con la Casa Rosada y pedirle a la Corte que ordene, por la vía judicial más rápida disponible, algún tipo de resguardo o anticipo de fondos mientras se resuelve el fondo del litigio.

La demanda original de la Provincia contra la Nación por los fondos de ANSES tiene su origen en sucesivas modificaciones a la fórmula de reparto de recursos de la seguridad social, que según el reclamo bonaerense terminaron perjudicando de manera sistemática a Buenos Aires frente a otras jurisdicciones. Se trata de un litigio de complejidad técnica considerable, que exige analizar series históricas de recaudación, coeficientes de distribución y el cumplimiento o incumplimiento de compromisos de transferencia asumidos en distintas etapas por sucesivos gobiernos nacionales.

Según la versión que circuló desde el entorno provincial, la Nación se había comprometido a llegar a este tercer encuentro con una propuesta concreta de anticipos de fondos, un gesto que habría permitido destrabar al menos parcialmente el conflicto. Pero, de acuerdo con ese mismo relato, el Gobierno nacional volvió a postergar esa presentación con el argumento de que necesitaba completar trabajos técnicos. Para la Provincia, se trató de la enésima dilación en una disputa que ya lleva varias audiencias sin resolución de fondo.

Que esta haya sido la tercera audiencia ante el máximo tribunal habla por sí solo del estado de avance —o de estancamiento— del conflicto. Una primera audiencia suele servir para fijar posiciones; una segunda, para explorar si existe margen de acuerdo; cuando se llega a una tercera sin una propuesta formalizada, lo habitual es que el expediente entre en una fase más litigiosa, con planteos cautelares que buscan evitar que el paso del tiempo perjudique todavía más a quien reclama. Eso es exactamente lo que resolvió la Provincia al cerrar la conciliación.

La diferencia entre los 2,2 billones de pesos que la Provincia reclama en su demanda original y los más de 22 billones que algunas estimaciones incorporan no es un matiz menor. Esa brecha de diez veces refleja dos formas distintas de medir el daño: una, estrictamente lo que la ANSES debería haberle transferido por fórmula y no transfirió; otra, una cuenta más amplia que intenta capturar el costo de oportunidad acumulado de no haber contado con esos fondos durante todo el período en disputa.

Que la Provincia haya decidido cerrar la etapa de conciliación es un dato relevante en términos procesales: significa que, a juicio de los abogados bonaerenses, ya no tiene sentido seguir esperando una negociación de buena fe con la contraparte nacional, y que la única salida realista pasa por una medida cautelar dictada por el máximo tribunal.

El paso a la vía cautelar suele implicar pedirle al tribunal que ordene una medida provisoria mientras se sustancia el juicio de fondo, bajo el argumento de que la demora en resolver el litigio principal podría generar un perjuicio irreparable. Para la Provincia, ese argumento se sostiene en la idea de que cada mes que pasa sin que la Nación transfiera los fondos en disputa es un mes en que esos recursos no llegan a sus destinatarios finales.

El argumento nacional de que se necesitaban "completar trabajos técnicos" antes de presentar una propuesta es, en sí mismo, un clásico de este tipo de disputas entre jurisdicciones: permite ganar tiempo sin tener que reconocer explícitamente que no hay voluntad o que no hay recursos disponibles. Para la Provincia, cada postergación de Nación funciona como combustible político: refuerza el relato de que la Casa Rosada utiliza maniobras dilatorias para evitar transferir fondos que, según el reclamo bonaerense, le corresponden por derecho a los jubilados y trabajadores de la provincia más poblada del país.

El combo resulta, cuando se lo mira en perspectiva, bastante elocuente. Mientras la Provincia litiga ante la Corte Suprema por una cifra que, en su versión más amplia, supera los 22 billones de pesos, el mismo Gobierno bonaerense cerró junio sin poder ofrecerle a sus propios docentes y estatales una propuesta salarial que compense una inflación acumulada del 12% frente a un 9% de aumento nominal. Son las dos caras de la misma billetera vacía: la Provincia reclama fondos millonarios a la Nación por un lado, y por el otro no consigue ponerle un peso adicional al sueldo de sus empleados.

Así que ahí están, una vez más, Nación y Provincia jugando a la mancha judicial con la Corte Suprema de árbitro: "dame la plata", "no, dámela vos primero", "bueno, vamos a la Justicia". Mientras los libretos se repiten audiencia tras audiencia, el medio aguinaldo bonaerense llega de milagro y los aumentos paritarios siguen en veremos. El folclore del "yo reclamo, vos no me das" parece haberse convertido en la política de Estado más constante de los últimos años, con jubilados, docentes y estatales como espectadores de lujo de una pelea que, audiencia tras audiencia, nunca termina de resolverse.