El gobierno de Axel Kicillof retomó en junio de 2026 las negociaciones paritarias con los gremios docentes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y con los sindicatos estatales de la provincia de Buenos Aires, justo cuando se conocía el dato del IPC de mayo difundido por el INDEC. El mes se cerró sin que la administración bonaerense pusiera sobre la mesa una propuesta salarial concreta para ninguno de los dos sectores. Lo único que la Provincia garantizó fue el pago del medio aguinaldo junto con el sueldo de junio, mientras la negociación de fondo quedó abierta y sin fecha confirmada para una nueva convocatoria.

El dato económico es elocuente: en lo que va de 2026, los empleados públicos bonaerenses acumulan una mejora salarial nominal del 9%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período llegó al 12%, según los registros oficiales. La diferencia entre ambos números —tres puntos porcentuales— se traduce en una pérdida directa del poder de compra para cientos de miles de trabajadores estatales y docentes de la provincia más poblada del país, justo en el tramo del año en que las familias afrontan gastos adicionales de invierno y la previa del receso escolar.

Desde el Ministerio de Economía bonaerense reconocieron que la situación financiera de la provincia es crítica. La explicación oficial apunta a dos factores combinados: la caída real de la coparticipación que le corresponde a la provincia y el recorte de transferencias discrecionales por parte de la Nación. Con ese diagnóstico como telón de fondo, desde el Gobierno provincial señalaron que la prioridad absoluta de la gestión es garantizar el pago a tiempo del medio aguinaldo, dejando en un segundo plano la discusión sobre un aumento que compense la inflación acumulada.

Los gremios estatales no se conforman con esa hoja de ruta. Los sindicatos que representan a los trabajadores de la administración pública bonaerense reclaman un aumento de dos dígitos, un número que hoy luce lejano frente a la oferta inexistente que dejó la última ronda de reuniones. La distancia entre el reclamo gremial y la respuesta oficial no es solo aritmética: expone la falta de margen fiscal de una provincia que no tiene hoy los recursos para sostener ni siquiera una recomposición salarial moderada.

El esquema de reuniones paritarias de 2026 viene de un arranque de año ya complicado, en el que la administración bonaerense fue otorgando subas escalonadas que, sumadas, llegaron a ese 9% nominal acumulado hasta mayo. Cada ronda previa terminó con anuncios parciales y promesas de revisión futura, en lugar de un esquema de actualización automática que siguiera de cerca la inflación. Esa metodología de ir cerrando tramos cortos sin una cláusula de actualización clara es uno de los principales puntos de fricción que los gremios docentes y estatales vienen señalando en cada mesa de negociación.

Según consignó La Política Online, hay "mucho malestar" entre las bases gremiales docentes y estatales ante la falta de una propuesta concreta, un clima que se replica en las asambleas de base y que anticipa un escenario de mayor conflictividad si la Provincia no logra acercar una oferta en las próximas semanas.

El mecanismo de la negociación paritaria bonaerense viene repitiendo una misma secuencia: el Gobierno provincial convoca, escucha el reclamo gremial, ofrece como máximo un gesto parcial —en este caso, la garantía de pago del medio aguinaldo— y posterga la discusión de fondo para una próxima reunión sin fecha cierta. Esa dinámica le permite a la administración mostrar gestos de buena voluntad sin comprometer un número que hoy no podría afrontar. Pero también es la dinámica que va corroyendo la paciencia de las bases gremiales.

El caso de los docentes bonaerenses agrupados en el FUDB tiene un peso simbólico adicional. Se trata del sistema educativo más grande del país, con cientos de miles de docentes y un funcionamiento que impacta de manera directa en millones de alumnos y familias. Una recomposición salarial insuficiente no solo afecta el poder de compra de los trabajadores de la educación: también incide en la planificación de un ciclo lectivo que necesita previsibilidad para sostenerse sin parates ni medidas de fuerza.

La explicación oficial sobre la caída real de la coparticipación y el recorte de transferencias discrecionales por parte de la Nación no es una novedad en el discurso bonaerense: viene siendo el argumento central de la gestión de Kicillof desde hace tiempo para justificar la falta de margen fiscal. El problema es que ese argumento, por más sustento que tenga en los números de la relación Nación-Provincia, no le devuelve un peso de poder de compra a ningún docente ni a ningún agente estatal.

La paradoja de fondo es notable: la administración que se presenta como garante de la "gestión seria" frente al ajuste libertario de Nación termina, en la práctica, licuando el salario de sus propios empleados con el mismo mecanismo que dice combatir: inflación que corre más rápido que los aumentos. Kicillof puede seguir señalando a la Casa Rosada como responsable de la motosierra contra la coparticipación —y en buena medida tiene argumentos para hacerlo—, pero esa explicación no le pone un peso más en el bolsillo a ningún maestro ni a ningún empleado de un hospital bonaerense.

Al final del día, el medio aguinaldo llega, eso está garantizado. Lo que no llega es la plata para que ese aguinaldo, sumado al sueldo, alcance para algo más que sostener lo que ya se tenía el año pasado. La gestión bonaerense parece haber encontrado su fórmula magistral para estas paritarias: prometer que el problema se resuelve "más adelante", sin fecha, sin número y sin demasiadas explicaciones, mientras los gremios docentes y estatales esperan sentados una propuesta que, mes tras mes, sigue sin aparecer.