La Cámara Federal de Casación porteña —y, más precisamente, la Cámara Federal con asiento en la Capital Federal— no es un tribunal cualquiera dentro del mapa judicial argentino. Es la instancia de apelación que revisa las decisiones de los juzgados federales de primera instancia en las causas penales más sensibles del país: las que investigan corrupción, narcotráfico de alcance federal, terrorismo y delitos económicos complejos. En la práctica, ningún expediente federal relevante llega a la Corte Suprema sin pasar antes por sus salas. Y en 2026, ese tribunal tiene en sus manos tres causas que afectan de manera directa al oficialismo: la que investiga el patrimonio del ex vocero presidencial Manuel Adorni, la causa ANDIS —en la que distintas pruebas mencionan a Karina Milei— y la causa conocida como $LIBRA, que tiene como principal apuntado al propio presidente Javier Milei por la promoción de una criptomoneda que terminó en escándalo financiero.

En ese contexto, el Gobierno aceleró en las últimas semanas el recambio de jueces de ese fuero a través de un decreto que modifica de manera sustancial el procedimiento para cubrir las vacantes. El decreto 467/2026, firmado por Milei junto con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, acortó drásticamente el plazo de impugnación pública de los candidatos a camaristas federales. Hasta ahora, el mecanismo establecía un período de 15 días de exhibición pública de los antecedentes de cada postulante durante el cual cualquier ciudadano, organización o colegio profesional podía presentar objeciones fundadas. Con la nueva normativa, ese plazo se reduce a apenas tres días de publicación en el Boletín Oficial antes de que los pliegos sean enviados al Senado.

La diferencia entre 15 y 3 días no es un detalle de procedimiento administrativo: es el tiempo real que tienen organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados y ciudadanos particulares para reunir información y elaborar una impugnación seria contra un candidato a juez federal. Un plazo de tres días hábiles vuelve materialmente casi imposible cualquier escrutinio externo robusto sobre quién va a integrar un tribunal que definirá si los principales funcionarios y el propio jefe de Estado terminan procesados o sobreseídos.

Hay dos listas de candidatos en danza para cubrir las vacantes de la Cámara Federal. Por un lado, los nombres de Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola. Por otro, los de Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona y Marcelo Bertuzzi. Según trascendió, los favoritos del Poder Ejecutivo serían Pablo Yadarola y Marcelo Bertuzzi, aunque la decisión final no fue formalizada al momento de escribir esta nota.

El procedimiento de selección de jueces federales había incorporado a lo largo de las últimas dos décadas distintos mecanismos de transparencia pensados para evitar que el oficialismo de turno pudiera designar jueces a medida. La exhibición pública prolongada de antecedentes es uno de esos mecanismos, y su reducción a tres días desactiva, en los hechos, gran parte de su utilidad original.

El movimiento sobre la Cámara Federal no llega aislado. En paralelo, el ministro Mahiques convocó a una comisión de especialistas para reformar el Código Procesal Penal Federal, en cuyo seno los fiscales vienen impulsando una modificación que les permitiría pactar con funcionarios acusados de corrupción a cambio de información útil, una herramienta hoy expresamente prohibida para este tipo de delitos. Especialistas consultados cuestionaron la reforma por flexibilizar la selección de jueces en un momento en que el propio oficialismo tiene causas abiertas que dependen de ese mismo fuero.

La secuencia temporal no deja margen para la ambigüedad. Mientras la causa Adorni avanza por el patrimonio del ex vocero presidencial, mientras la causa ANDIS sigue sumando piezas que rozan a la hermana del Presidente, y mientras la causa $LIBRA continúa con Javier Milei como principal apuntado, el mismo Poder Ejecutivo que enfrenta esos tres expedientes es el que firma el decreto que acelera, recorta controles y allana el camino para definir quiénes integrarán el tribunal de alzada que tiene la última palabra antes de que esas causas lleguen a la Corte Suprema.

La cobertura del decreto 467/2026, reconstruida a partir de notas de LA NACION, Perfil y la Central de Noticias Madariaga, puso el foco en la coincidencia de calendarios: el recorte del plazo de impugnación se firmó mientras las tres causas que más comprometen al oficialismo atraviesan etapas procesales en las que las apelaciones ante la Cámara Federal pueden resultar decisivas. Ningún vocero oficial salió a explicar por qué era necesario acortar un mecanismo de control que existía para evitar sospechas de designaciones a medida.

Lo que sí resulta distintivo en este caso es la combinación de discurso y práctica. El mismo Gobierno que construyó buena parte de su identidad pública en torno a la idea de "instituciones fuertes" y de una justicia independiente de la política, es el que ahora recorta de 15 a 3 días el control ciudadano sobre quiénes van a juzgar, en segunda instancia, las causas que comprometen a su vocero, a la hermana del Presidente y al propio Presidente. Para eso, tres días de Boletín Oficial alcanzan y sobran.

Conviene tener presente que ni Poviña, ni Rodríguez, ni Yadarola, ni Di Giorgio, ni Incardona, ni Bertuzzi tienen ninguna responsabilidad en el armado de este atajo normativo: son magistrados que aspiran a ascender bajo las reglas vigentes. El problema no está en sus nombres sino en el mecanismo: una herramienta diseñada para que el control público llegue tarde, mal o no llegue. Cuando ese control se reduce a tres días de Boletín Oficial en pleno invierno judicial, la pregunta que queda flotando no es si estos candidatos son buenos o malos jueces, sino por qué el Poder Ejecutivo necesitaba, justo ahora, que nadie tuviera demasiado tiempo para revisarlos.