La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del miércoles 24 de junio de 2026 el acuerdo para pagar 171 millones de dólares a dos fondos de inversión que litigaban contra la Argentina desde hace más de dos décadas por bonos en default. La votación terminó 138 a favor y 98 en contra, y habilita un desembolso que el Gobierno deberá concretar antes del 30 de junio.

El acuerdo contempla dos pagos diferenciados: 67 millones de dólares para Bainbridge Ltd. y 104 millones de dólares para Attestor Value Master Fund LP. Ambos fondos forman parte del grupo de acreedores conocidos como "holdouts", es decir, tenedores de deuda soberana que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010 dispuestos tras el default declarado por la Argentina en diciembre de 2001 y que, desde entonces, persiguieron el cobro de esos bonos por la vía judicial en tribunales de Nueva York y otras jurisdicciones.

El trámite legislativo había arrancado en el Senado, que dio la primera media sanción el 4 de junio de 2026 con 40 votos a favor y 22 en contra. Desde allí el proyecto pasó a Diputados, donde el oficialismo de La Libertad Avanza logró reunir un acompañamiento amplio que incluyó a los bloques de PRO, la UCR, Innovación Federal y distintas bancadas provinciales.

El esquema de votación reprodujo, en sus líneas generales, la lógica de alianzas legislativas que el oficialismo viene construyendo desde 2024 para los temas que considera prioritarios en materia económica y de relación con los mercados internacionales. A diferencia de otras votaciones del año, en las que La Libertad Avanza debió negociar con extremo cuidado cada voto, en este caso el oficialismo contó con un acompañamiento relativamente fluido de los bloques dialoguistas.

Los argumentos esgrimidos por los bloques que votaron a favor giraron en torno a la necesidad de cerrar litigios históricos que datan de hace más de veinte años y que mantenían expuestos a embargos activos argentinos en el exterior, incluidos depósitos, bonos y otros bienes del Estado en distintas plazas financieras internacionales.

Del otro lado, los bloques que rechazaron la iniciativa cuestionaron el uso de divisas en un contexto de reservas ajustadas para saldar compromisos con fondos calificados como especulativos, en momentos en que el propio Gobierno reclama dólares para sostener el esquema cambiario y cumplir con otros vencimientos de deuda, incluidos los compromisos con el Fondo Monetario Internacional.

El expediente combina, en los hechos, dos historias paralelas de la Argentina de las últimas dos décadas: por un lado, la del default de 2001, uno de los mayores de la historia financiera mundial; por otro, la batalla judicial que esos tenedores residuales sostuvieron en tribunales extranjeros hasta llegar a este punto, con un esquema de pagos puntuales aprobado caso por caso en el Congreso.

Para entender la magnitud del problema, vale recordar que el default de diciembre de 2001 alcanzó a unos 100.000 millones de dólares en bonos soberanos. El primer gran canje, lanzado en 2005 por el entonces ministro Roberto Lavagna, logró una adhesión de alrededor del 76% de los acreedores. En 2010, un segundo canje sumó otro 17% de adhesión. El resto quedó constituido como el núcleo duro de los holdouts, un grupo minoritario en términos de volumen de deuda pero con una capacidad de litigio desproporcionada respecto de su tamaño.

Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP son vehículos de inversión especializados en deuda soberana en default, un segmento de mercado que adquiere bonos a valores muy por debajo de su nominal con la expectativa de cobrar judicialmente el monto total, intereses y punitorios incluidos, una estrategia que en el caso argentino quedó asociada durante años a la figura de los llamados "fondos buitre".

El nuevo desembolso se suma a una serie de pagos y arreglos que distintos gobiernos argentinos vienen cerrando desde 2016 para ir despejando el historial de litigios heredado del default. El plazo fijado para el desembolso —antes del 30 de junio de 2026— no es casual: suele ser habitual que este tipo de acuerdos incluya cláusulas de pago perentorias, bajo apercibimiento de que, si la Argentina no cumple en término, los fondos litigantes puedan reactivar las acciones judiciales.

La cobertura del trámite legislativo, reconstruida a partir de despachos de Perfil, Página/12, Nuevo Diario Web, El Eco, Diagonales y hoydia.com.ar, coincidió en señalar que el oficialismo evitó exponer el debate a una discusión pública prolongada, concentrando el tratamiento en pocas semanas y sin las audiencias o exposiciones de especialistas que en otras oportunidades acompañaron este tipo de acuerdos.

Veinticinco años después de que Adolfo Rodríguez Saá anunciara desde el Congreso la cesación de pagos en medio de los aplausos de buena parte de la dirigencia política, la Argentina sigue pagando, bono por bono, expediente por expediente, las cuentas de aquella fiesta de deuda de los años noventa. La épica de "no le debemos nada a nadie" que tanto repitió el kirchnerismo en sus mejores discursos convive, en 2026, con un Gobierno que se define a sí mismo como el más liberal y desendeudador de la historia y que, sin embargo, sigue girando dólares contantes y sonantes a fondos de Wall Street que apostaron, hace veinte años, a que tarde o temprano la Argentina iba a pagar.

Da para preguntarse, de paso, qué dirían hoy de este desembolso aquellos legisladores que durante años subieron al estrado para denunciar a los "fondos buitre" como la encarnación de un capitalismo financiero despiadado. Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP no van a aparecer en ningún spot de campaña ni en ningún discurso de Milei sobre la "casta": son, lisa y llanamente, dos fondos que compraron papeles devaluados hace dos décadas, esperaron con paciencia de mercado emergente y este 24 de junio cobraron, con ley del Congreso de la Nación mediante. La diferencia entre un curro de la casta y una obligación soberana ineludible parece depender, a esta altura, exclusivamente de quién está sentado del otro lado del mostrador.