El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli citó a indagatoria al ex diputado nacional y economista José Luis Espert para el martes 30 de junio de 2026, en el marco de la causa que investiga un presunto esquema de lavado de dinero. La convocatoria fue impulsada por el fiscal federal Fernando Domínguez y apunta a esclarecer el origen de una transferencia de 200 mil dólares que Espert recibió en enero de 2020 desde una cuenta de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., una sociedad vinculada al empresario Federico "Fred" Machado.

Machado, detenido en Estados Unidos, había sido señalado durante años como un empresario con negocios poco transparentes, vinculado a la compra y venta de aviones y a maniobras financieras bajo investigación en distintos tribunales. En mayo de 2026, Machado admitió ante la justicia norteamericana haber cometido delitos de fraude y lavado de dinero, un reconocimiento que terminó de poner en primer plano la procedencia de los fondos que circularon entre su entorno y figuras de la política argentina.

Según la hipótesis de la fiscalía, los 200 mil dólares que recibió Espert habrían sido integrados al circuito financiero formal mediante la compra de dos vehículos de alta gama —un BMW y un Lexus, por un total de 130 mil dólares— y la constitución de un fideicomiso en el country Costa Esmeralda, en la costa atlántica bonaerense. La maniobra, sostiene la fiscalía, buscaba dar apariencia de legalidad a un dinero cuyo origen real era otro.

Para justificar esos ingresos, Espert presentó ante la Justicia un contrato de asesoría suscripto con la firma guatemalteca Minas del Pueblo S.A. El problema es que ese contrato sería falso o simulado: la pesquisa constató que Espert nunca viajó a Guatemala para prestar el supuesto servicio de asesoramiento y que las minas mencionadas en el contrato ni siquiera estaban operativas al momento en que se habría brindado esa consultoría. El "trabajo" que figura como contraprestación de los 200 mil dólares no tendría correlato en la realidad.

La causa no se circunscribe únicamente a Espert. También fueron citados a indagatoria su contador, Mariano Cosentino, y la sociedad Varianza SA, que según la fiscalía habría sido constituida específicamente para instrumentar la maniobra de blanqueo. La acumulación de citaciones —el protagonista político, su contador y una sociedad creada ad hoc— es, para los fiscales, una muestra de que la operatoria no fue un hecho aislado sino un entramado con distintas piezas funcionales entre sí.

En el plano estrictamente procesal, la defensa de Espert había intentado pedir que el juez Martínez de Giorgi se inhibiera de intervenir en la causa. Tanto Martínez de Giorgi como la Cámara Federal porteña rechazaron ese planteo, por lo que la causa siguió su curso. Ese antecedente cobra relevancia ahora: agotada la vía de discutir quién debía juzgar el caso, la citación a indagatoria avanza sobre el fondo de la cuestión.

La cronología del caso ayuda a entender por qué tardó varios años en llegar a esta instancia. La transferencia bajo investigación data de enero de 2020, mucho antes de que Espert se consolidara como referente del espacio libertario y de que Machado terminara detenido en Estados Unidos. La confesión de Machado ante la justicia norteamericana en mayo de 2026 funcionó como punto de inflexión: a partir de ese reconocimiento, la fiscalía argentina contó con un elemento adicional para sostener que el dinero desde Wright Brothers Aircraft Title Inc. no tenía origen lícito.

Para entender la hipótesis fiscal, conviene repasar cómo funciona una maniobra de lavado de activos. El delito se describe en tres etapas: colocación, decantación e integración. La colocación introduce el dinero de origen ilícito en el circuito financiero formal. La decantación aleja ese dinero de su fuente mediante operaciones que dificultan reconstruir el recorrido. La integración le da al dinero "lavado" apariencia de legitimidad mediante la adquisición de bienes registrables o servicios ficticios. La hipótesis fiscal sobre Espert encaja punto por punto: la transferencia desde Wright Brothers sería la colocación, el contrato simulado con Minas del Pueblo S.A. cumpliría la función de decantación documental, y la compra de vehículos junto con el fideicomiso en Costa Esmeralda representarían la integración final.

La indagatoria del 30 de junio no define por sí sola el destino judicial de Espert: es una instancia en la que el imputado puede declarar o negarse, y en la que el juez Mirabelli deberá resolver si existen elementos suficientes para procesarlo, sobreseerlo o seguir investigando. Pero el solo hecho de llegar a esta etapa, después de que la defensa agotara sin éxito la discusión sobre la competencia del juzgado, marca un punto de no retorno: a partir de ahora, la discusión ya no es procesal sino sustancial.

Vale la pena repasar el combo completo: un asesor que nunca asesoró, una mina que no picaba ni un gramo de mineral, un BMW, un Lexus y un terreno en Costa Esmeralda. Si esto fuera una "asesoría económica", cualquier contador de pueblo bonaerense diría que el verdadero asesoramiento brillante fue el de inventar semejante cuento. La Libertad Avanza llegó prometiendo "que se vayan los curros" y terminó explicando por qué uno de sus economistas estrella recibió 200 mil dólares de un empresario que confesó lavado en Estados Unidos. Los filtros libertarios para elegir candidatos, una vez más, demuestran tener la consistencia de una mina guatemalteca fantasma: mucho relato, cero producción real.