El fiscal federal Gerardo Pollicita, en la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública, dispuso un nuevo y masivo requerimiento de pruebas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete. La medida, que cuenta con el aval del juez federal Ariel Lijo —a cargo del expediente—, ordena a ARCA (la ex AFIP) que entregue en un plazo de 72 horas las declaraciones impositivas de Adorni correspondientes a los períodos fiscales 2023, 2024 y 2025.

El plazo de 72 horas fijado por la fiscalía marca el ritmo con el que se busca avanzar en esta etapa de la instrucción, en contraste con los tiempos habitualmente más laxos que suelen manejarse en investigaciones de este tipo. La celeridad del pedido también puede leerse como una señal hacia la opinión pública, en un contexto en el que la causa ya había sido objeto de cuestionamientos por la lentitud inicial con la que se trataron las primeras presentaciones vinculadas a la denuncia original.

El delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público está previsto en el artículo 268 (2) del Código Penal. A diferencia de otros delitos contra la administración pública, el enriquecimiento ilícito no exige probar el origen específico de los fondos, sino que invierte parcialmente la carga de la prueba: es el propio funcionario quien debe justificar el origen de su patrimonio una vez que la fiscalía demuestra que hubo un incremento significativo durante el ejercicio del cargo. Esa particularidad procesal explica por qué el pedido de Pollicita se concentra tanto en reconstruir, año por año, la evolución de los ingresos declarados de Adorni.

El pedido no se limita a la información tributaria. Según pudo reconstruirse, la fiscalía también dispuso cruzar esos datos con los registros de organismos de seguridad social y con plataformas fintech, en un intento de reconstruir la evolución histórica de los ingresos del funcionario y determinar si esa curva resulta compatible con el patrimonio que Adorni terminó reconociendo formalmente: 513.000 dólares en activos digitales vinculados a Bitcoin, según consta en su propia declaración jurada rectificada.

El cruce con organismos de seguridad social permitiría reconstruir, año por año, los aportes y contribuciones que Adorni realizó tanto en su etapa de vocero presidencial como en su paso previo por la actividad privada, mientras que el requerimiento a plataformas fintech apunta directamente a determinar si la conversión de pesos a criptomonedas quedó registrada en alguna de esas plataformas reguladas o si se realizó por canales que escapan a los controles habituales del sistema financiero formal.

La elección de las criptomonedas como vehículo de ahorro agrega una capa adicional de complejidad a la pesquisa. A diferencia de un plazo fijo o una cuenta bancaria, los activos digitales como el Bitcoin pueden adquirirse y transferirse sin pasar necesariamente por una entidad financiera regulada. ARCA viene desarrollando en los últimos años herramientas específicas de fiscalización sobre criptoactivos, justamente porque la normativa tributaria tradicional resulta insuficiente para captar movimientos que pueden realizarse fuera del sistema financiero regulado. Que sea precisamente ese tipo de activo el que apareció en la declaración jurada rectificada del jefe de Gabinete no hace más que subrayar la necesidad de un cruce de información tan amplio como el que ordenaron Pollicita y Lijo.

La estrategia de la fiscalía apunta, en los hechos, a reconstruir años de movimientos económicos del funcionario para contrastarlos con los ingresos que efectivamente declaró ante el fisco. El cruce de información entre ARCA, seguridad social y fintechs constituye uno de los pedidos de prueba más amplios conocidos hasta el momento en el expediente, y marca un punto de inflexión en una causa que hasta hace pocas semanas parecía acotada a la discusión sobre un inmueble no declarado.

Ese salto de escala en la investigación —de un inmueble puntual a tres años completos de información tributaria, previsional y financiera— sugiere que la fiscalía no descarta que existan otros activos o ingresos no informados además de los ya conocidos. La lógica de la pesquisa consiste en construir una fotografía completa, año por año, de la situación patrimonial de Adorni para luego compararla con cada una de las declaraciones juradas que fue presentando ante la Oficina Anticorrupción a lo largo de su carrera como funcionario público.

El origen de toda la pesquisa se remonta a una denuncia de la diputada Marcela Pagano, quien reveló la existencia de una propiedad de Adorni en el barrio cerrado Indio Cua Golf Club que no figuraba en su declaración jurada original. La revelación obligó al funcionario a presentar una declaración jurada rectificada en la que —además de incorporar el inmueble— reconoció la tenencia de criptomonedas por un valor cercano a los 513.000 dólares, un dato que hasta ese momento no había sido informado a los organismos de control.

La denuncia de Pagano terminó convirtiéndose en el disparador de una de las causas judiciales más sensibles para el Gobierno desde su llegada al poder, no solo por la jerarquía del funcionario investigado sino por la cercanía de Adorni con el círculo íntimo presidencial. El hecho de que la denuncia haya surgido desde un sector que en otros temas suele acompañar al oficialismo le sumó un costo político adicional a la situación.

Adorni intentó dar una respuesta en una entrevista con LN+ recogida por LA NACION el 10 de junio de 2026, donde explicó el origen de los fondos no declarados con una frase que rápidamente se viralizó: "Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar." La explicación, sin embargo, no parece haber convencido a la fiscalía, que en las últimas horas profundizó la pesquisa en lugar de darla por saldada.

El pedido de las declaraciones impositivas de tres períodos fiscales completos apunta justamente a poner a prueba esa narrativa del "ahorro en negro": si existe un patrón de ingresos declarados ante ARCA que sea sustancialmente menor al patrimonio reconocido, la diferencia podría configurar el delito de enriquecimiento ilícito que motiva la causa.

El expediente avanza además sobre la hipótesis de negociaciones incompatibles con la función pública, una figura penal que apunta a determinar si Adorni utilizó su cargo para obtener beneficios económicos indebidos. La sumatoria de ambas líneas de investigación configura un cuadro de mayor gravedad que el que trascendió en las primeras semanas tras la denuncia de Pagano.

El caso fue seguido con atención por medios como Border Periodismo, Ámbito, Infobae y Chequeado. La amplitud del requerimiento de pruebas dispuesto por Pollicita y Lijo sugiere que la Justicia no se conforma con la explicación pública brindada por Adorni y que buscará, documento por documento, determinar si los números cierran.

La pregunta que late de fondo, mientras la fiscalía espera la respuesta de ARCA dentro de las 72 horas fijadas, es si la transparencia que el propio Gobierno reclama todos los días hacia la "vieja política" se aplica también hacia adentro, o si en la nueva política libertaria el ahorro en negro pasó directamente de ser un problema a explicar a convertirse en una explicación en sí misma.

Todo esto ocurre mientras el propio jefe de Gabinete y buena parte del oficialismo insistían, apenas conocida la denuncia, en que no había nada que esconder y en que la situación quedaría aclarada con la simple presentación de una declaración jurada rectificada. Tres períodos fiscales bajo la lupa de ARCA, cruces con la seguridad social y pedidos a plataformas fintech parecen, como mínimo, un trámite extenso para alguien que solo tenía que mostrar unos ahorros guardados con la mejor de las intenciones. La transparencia, una vez más, resulta ser proporcional a la cantidad de oficios judiciales que se necesiten para conseguirla.