La causa por el fentanilo contaminado, que tramita en el Juzgado Federal N°3 de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak, confirmó judicialmente un total de 90 muertes y 44 casos no fatales vinculados al brote de infecciones bacterianas detectado a partir de abril de 2025 en el Hospital Italiano de La Plata. El origen: ampollas de fentanilo del lote 31202, elaboradas por el laboratorio HLB Pharma, que la ANMAT terminó retirando de circulación cuando ya era demasiado tarde para decenas de pacientes.

El fentanilo es un opioide sintético de uso hospitalario extendido, empleado de manera rutinaria en quirófanos, unidades de terapia intensiva y procedimientos que requieren sedación profunda o control intensivo del dolor. Es, por la vía en que se administra —inyectable, directo al torrente sanguíneo—, un fármaco que exige estándares de esterilidad absolutos en cada etapa de su fabricación: cualquier falla en el proceso de control de calidad, por mínima que sea, puede convertir una ampolla pensada para aliviar a un paciente en una vía directa de infección hacia el organismo de alguien que, en la enorme mayoría de los casos, ya está internado por una condición grave y sin demasiado margen biológico para tolerar un contratiempo de ese tipo.

La fabricación de medicamentos inyectables estériles está sujeta, en la normativa argentina como en la de prácticamente cualquier país con un sistema regulatorio desarrollado, a controles de calidad que incluyen pruebas de esterilidad por lote, control de los insumos utilizados y auditorías periódicas de las plantas productoras por parte del organismo regulador, en este caso la ANMAT. Cuando ese esquema de control falla —ya sea por una prueba mal hecha, por una auditoría superficial o por un laboratorio que directamente elude los controles— el resultado no es un defecto de fabricación menor, sino un producto que puede matar a la persona que se supone que debía curar. Es exactamente lo que la causa judicial busca determinar: en qué eslabón de esa cadena de control, y por responsabilidad de quién, el sistema dejó pasar un lote contaminado hasta que ya era demasiado tarde.

Entre octubre de 2025 y abril de 2026, el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema realizó seis juntas médicas que evaluaron 163 casos, determinando caso por caso si la infección había causado la muerte, aumentado el riesgo de morir o producido lesiones graves. El resultado final —70 fallecidos más 20 de una resolución anterior, sumados a 44 no fallecidos— consolida una de las peores tragedias sanitarias de la historia argentina reciente, y eso que los números todavía podrían crecer.

El trabajo de las juntas médicas forenses, en casos de esta naturaleza, no es un mero trámite administrativo: exige reconstruir, caso por caso, la historia clínica completa de cada paciente para determinar si la infección bacteriana fue la causa directa de la muerte, si aceleró un desenlace que de todos modos hubiera ocurrido por otra razón, o si simplemente coexistió sin alterar el curso clínico de fondo. Es un estándar de prueba exigente, pensado para que una condena penal no se construya sobre presunciones sino sobre certeza médica y judicial, y explica por qué un proceso de evaluación de apenas 163 casos demandó seis meses de trabajo de un cuerpo forense especializado.

Son 24 los imputados en la causa, entre profesionales, directivos y dueños de los laboratorios involucrados. Ariel Fernando García Furfaro, accionista mayoritario de HLB Pharma Group y señalado como el verdadero titular de Laboratorios Ramallo, aparece para la Justicia como el principal responsable de la cadena de negligencia y, según la fiscalía, también de fallas deliberadas en los controles de calidad. Su respuesta ante la Justicia fue apelar su procesamiento y, de paso, cargarle la responsabilidad a los organismos de control estatales, en un ejercicio de transferencia de culpas que no se condice con la mayoría de la evidencia reunida en el expediente.

La apelación de un procesamiento, en términos procesales, no es una maniobra extraordinaria ni necesariamente un indicio de mala fe: es un recurso ordinario que cualquier imputado tiene derecho a interponer, y que en este caso pasa a estudio de una cámara de apelaciones, instancia que puede confirmar el procesamiento, revocarlo o modificar su alcance. Lo que sí resulta llamativo, más allá de la legitimidad formal del recurso, es la estrategia argumental elegida: en lugar de cuestionar la prueba científica que vincula el lote 31202 con el brote de infecciones, la defensa de García Furfaro optó por correr el eje hacia la supuesta responsabilidad de los organismos de control, una línea de defensa que, de prosperar, terminaría blanqueando tanto al laboratorio como al Estado por igual, sin que nadie termine respondiendo penalmente por 90 muertes.

Las causas judiciales por contaminación de medicamentos o insumos médicos comparten, en la Argentina, un patrón histórico poco alentador: marchas de instrucción largas, peritajes técnicos que demandan meses o años, apelaciones que estiran cada etapa procesal, y un desenlace final —cuando lo hay— que suele llegar mucho después de que la indignación pública inicial se haya diluido en la agenda noticiosa. No es un problema exclusivo de esta causa ni de esta gestión judicial puntual, sino una característica estructural del sistema penal argentino frente a delitos complejos que requieren prueba técnica especializada, en los que la lentitud procesal termina funcionando, en los hechos, como una forma de impunidad por desgaste.

El rol de la ANMAT como organismo de control vuelve a quedar bajo la lupa con cada nueva causa de este tipo, independientemente de qué gestión política esté a cargo del Ministerio de Salud en el momento del hecho. La discusión de fondo —si el organismo cuenta con los recursos humanos y técnicos suficientes para auditar de manera efectiva a cientos de laboratorios y miles de lotes de producción en todo el país— excede largamente la coyuntura de este expediente puntual, pero la tragedia del fentanilo contaminado funciona como el ejemplo más extremo y doloroso de lo que ocurre cuando esa función de control falla en el peor momento posible.

Las familias de las víctimas, mientras tanto, conviven con una doble carga: el duelo por la pérdida y la incertidumbre de un proceso judicial que, a un año del hallazgo del brote, todavía no produjo una sola condena firme. Es una espera que en expedientes de esta magnitud puede extenderse varios años más, entre elevación a juicio oral, debate y eventuales apelaciones de la sentencia que se dicte, en caso de que efectivamente se llegue a un veredicto de condena contra alguno de los 24 imputados.

La cifra de 90 muertes confirmadas judicialmente, además, no es un techo definitivo sino un piso: el propio mecanismo de evaluación por juntas médicas forenses, al avanzar caso por caso sobre un universo acotado de historias clínicas, deja abierta la puerta a que nuevas revisiones —ya sea por pedido de la fiscalía, de las querellas o de la propia defensa— sumen casos adicionales a la cuenta final. Es, en ese sentido, un expediente vivo, que sigue creciendo en paralelo a un proceso penal que todavía no definió responsabilidades concretas para nadie, mientras el reloj judicial sigue corriendo a su propio ritmo, indiferente a la cantidad de vidas que ya se cobró la negligencia de toda una cadena de producción y control.

La pregunta que sobrevuela todo el expediente, un año después, sigue sin respuesta satisfactoria: si el sistema de control sanitario argentino fue capaz de fallar de manera tan completa frente a un solo lote contaminado, qué garantías concretas existen de que un episodio similar no vuelva a repetirse con otro medicamento, otro laboratorio y otro hospital, mientras la Justicia todavía discute en qué cámara de apelaciones sigue su curso la causa anterior.

Un año después de la tragedia, con 90 muertes confirmadas y un sistema de control sanitario que demostró fallar en cada eslabón de la cadena, todavía no hay un solo condenado. Mientras la causa avanza a paso de tribunal, las familias de las víctimas siguen esperando justicia, y el sistema de fiscalización de medicamentos sigue funcionando, en gran medida, sobre el honor.