ANSES oficializó un aumento del 2,58% para los haberes y prestaciones previsionales que rige desde junio de 2026, según la Resolución 139/2026. Con la suba, el haber mínimo garantizado pasa a $403.317,99 y el máximo queda en $2.713.948,17. Al incremento mensual se le suma el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre y un bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima, una cifra que lleva congelada en el mismo valor desde hace ya varios meses, lo que en los hechos equivale a un recorte silencioso mes a mes: cuanto más sube la inflación, menos representa ese bono fijo sobre el ingreso total del jubilado.

El mecanismo de actualización, que desde abril de 2024 ajusta los haberes mensualmente según el IPC del INDEC a partir del DNU 274/2024, le permite al Gobierno mostrar números de "aumento" todos los meses sin necesidad de discutir una recomposición real del poder adquisitivo perdido durante los primeros años del programa económico. Es la jugada contable preferida del equipo de Milei: cualquier suba, aunque sea menor a la inflación acumulada de la gestión, se presenta como una buena noticia. La fórmula reemplazó al esquema previo, que indexaba los haberes de manera trimestral en base a una combinación de salarios y recaudación tributaria, y que durante sus últimos años de vigencia también quedó, en varios tramos, por debajo de la inflación real. Ningún gobierno de las últimas dos décadas, en rigor, logró sostener una fórmula de movilidad que le ganara de manera consistente a los precios: cambia el signo político, cambia el nombre del decreto o la ley, pero la jubilación mínima sigue corriendo de atrás.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $322.654,39 y la Prestación Básica Universal (PBU) en $184.499,57. La PUAM, por diseño legal, equivale al 80% del haber mínimo y está pensada para quienes no completaron los años de aportes necesarios para una jubilación ordinaria, mientras que la PBU es el componente fijo que integra, junto con la Prestación Adicional por Permanencia, el cálculo de los haberes contributivos. Son, en los tres casos, montos que, contrastados con cualquier canasta básica real, no alcanzan a cubrir ni lo esencial para una persona mayor que vive sola, mucho menos si tiene que afrontar gastos de medicamentos o alquiler en un contexto de inflación acumulada del 14,7% solo en los primeros cinco meses de 2026, según el propio INDEC.

El bono de $70.000, presentado en su momento como gesto de auxilio para compensar a la franja más vulnerable de jubilados, funciona en la práctica como una forma de mantener maquillada la base de la pirámide previsional sin tocar la fórmula de fondo. Al no actualizarse junto con el haber, ese monto fijo va perdiendo peso relativo mes a mes: lo que en su momento representaba un alivio considerable sobre la jubilación mínima, hoy pesa proporcionalmente menos, en una dinámica que cualquier jubilado que cobra la mínima puede explicar de memoria sin necesidad de leer un solo informe económico.

La tensión entre fórmula de movilidad y poder adquisitivo real no nació con este Gobierno. La Argentina lleva décadas cambiando el mecanismo de actualización de haberes cada vez que un nuevo equipo económico necesita mostrar resultados rápidos sin comprometer las cuentas públicas: hubo esquemas trimestrales, semestrales, atados a la recaudación, atados a salarios, suspendidos por decreto en momentos de crisis y reemplazados por fórmulas de emergencia que prometían ser transitorias. La propia Corte Suprema de Justicia tiene antecedentes históricos —el más recordado, el fallo "Badaro" de mediados de la década de 2000— que obligaron al Estado a recomponer judicialmente jubilaciones que la fórmula vigente en ese momento había licuado por la inflación. Que el debate vuelva a repetirse casi veinte años después, con otro signo político en la Casa Rosada y otra fórmula en discusión, dice menos sobre la coyuntura puntual de 2026 que sobre la incapacidad estructural del sistema previsional argentino para desligarse de la política de corto plazo.

Buena parte de los beneficiarios del sistema previsional argentino cobra haberes cercanos al mínimo, según la propia información pública que difunde ANSES mes a mes junto con cada actualización. Esto convierte cualquier decisión sobre el haber mínimo y el bono que lo acompaña en una definición de política económica con impacto directo sobre una porción mayoritaria de la clase pasiva, no sobre una franja marginal del sistema. Es, en los hechos, la variable de ajuste con mayor cantidad de personas afectadas de manera directa e inmediata cada vez que el Gobierno —cualquier gobierno— necesita mostrar números fiscales más prolijos de cara a una negociación con el FMI o a una colocación de deuda.

El reclamo de fondo, además, no encuentra demasiado eco en una oposición que pueda mostrarse como alternativa creíble en materia previsional. El kirchnerismo, que también gobernó con una fórmula de movilidad que terminó licuada por la inflación en sus últimos tramos de vigencia, no logró traducir las críticas al esquema actual de Milei en un proyecto propio con consenso amplio en el Congreso, más allá de algunos intentos de recomposición puntual que no alteraron el cuadro de fondo. Tanto el oficialismo libertario como buena parte de la dirigencia peronista coinciden, en los hechos, en un punto incómodo: ninguno de los dos espacios ofreció, en sus respectivos períodos de gobierno, una fórmula previsional capaz de sostener el poder de compra de los jubilados de manera estable en el tiempo, más allá de los matices discursivos de cada lado de la grieta.

El discurso del "equilibrio fiscal" como valor superior a cualquier otra consideración tiene, además, una contracara que el Gobierno prefiere no detallar en los anuncios mensuales de ANSES: buena parte del ajuste sobre las cuentas públicas de los últimos dos años y medio se sostuvo, en proporción significativa, sobre el freno a la actualización plena de jubilaciones y pensiones, mientras otras partidas del Estado —desde gasto en publicidad oficial hasta beneficios impositivos para sectores específicos— no sufrieron el mismo nivel de escrutinio público. No hace falta ser economista para notar que la ecuación del ajuste, en la práctica, recae con mayor dureza sobre quienes tienen menos margen para resignar consumo: nadie deja de comprar el remedio de la presión o el gas en invierno porque el ministro de Economía explicó en una conferencia que el déficit cero es innegociable.

Tampoco ayuda, del lado de los jubilados, que el cuadro político no ofrezca una alternativa mínimamente convincente. El gasto en salud y medicamentos consume una porción desproporcionada del ingreso de cualquier persona mayor, y con una inflación acumulada del 14,7% en los primeros cinco meses del año, la diferencia entre el 2,58% de aumento mensual y el costo real de vida de un jubilado se sigue ensanchando mes tras mes, más allá de los anuncios prolijos de la Resolución 139/2026 y de la calculadora oficial que ANSES actualiza todos los meses con la misma cadencia.

El relato oficial habla de "sustentabilidad fiscal" y "fin de la timba con los jubilados". La realidad de cualquier abuela que hace los mandados con la jubilación mínima sigue siendo bastante menos optimista que los comunicados de ANSES: un aumento del 2,58% mensual, un bono congelado y una fórmula que promete previsibilidad antes que recomposición son, para la clase pasiva, la misma motosierra de siempre, solo que repartida en cuotas mensuales prolijamente comunicadas.