El senador Mario Ishii, vicepresidente primero del Senado bonaerense, presentó dos proyectos para declarar la emergencia alimentaria y nutricional —por un plazo de 18 meses— y la emergencia sanitaria en la provincia de Buenos Aires, dos herramientas que, en un contexto de inflación persistente y recortes nacionales en salud, sonaban más a sentido común que a maniobra política. "Hay una crisis social profunda", sentenció Ishii al presentar la iniciativa, y agregó, en otra declaración pública sobre el mismo proyecto, que "el hambre no puede esperar". Sin embargo, en la reunión de Labor Parlamentaria del Senado bonaerense del martes, los bloques alineados con el gobierno provincial impidieron que ambos proyectos avanzaran en la agenda legislativa.

El contenido de los proyectos no es menor. La emergencia alimentaria buscaba dotar al Poder Ejecutivo de herramientas excepcionales y de aplicación rápida para reasignar partidas presupuestarias de manera unilateral, de modo que recursos hoy destinados a áreas no prioritarias del Estado fluyeran directamente hacia la compra mayorista de alimentos y el refuerzo de comedores comunitarios. El segundo proyecto, sobre emergencia sanitaria, se apoyaba en los mismos fundamentos —crisis social profunda, responsabilidad compartida entre Nación y Provincia— pero apuntado a hospitales públicos que vienen absorbiendo, sin refuerzo proporcional de fondos, la demanda que dejan los recortes nacionales en salud.

El argumento oficial para frenar el tratamiento fue estrictamente procedimental: los senadores que bajaron el pulgar sostuvieron que no estaban dispuestos a habilitar el proyecto sin que pasara primero "por comisiones" que analizaran el alcance de los "superpoderes" de reasignación presupuestaria que toda declaración de emergencia conlleva. Es un argumento técnicamente razonable y, al mismo tiempo, una forma elegante de enterrar un proyecto sin tener que explicar en público por qué se vota en contra de declarar una emergencia que, en los comedores y las salas de espera de los hospitales bonaerenses, nadie discute que existe.

El trasfondo político del freno es, en realidad, el dato más relevante de la historia. Ishii llegó a la primera vicepresidencia del Senado bonaerense gracias al respaldo de Cristina Kirchner, y desde entonces viene marcando diferencias cada vez más públicas con la gestión de Kicillof, en lo que varios análisis políticos describieron como una guerra de baja intensidad dentro del propio espacio peronista. El freno a sus proyectos de emergencia llega, además, apenas días después de que el kirchnerismo confirmara que disputará una PASO contra el gobernador rumbo a 2027: cada gesto, de un lado y del otro, se lee menos como política pública y más como un movimiento en el tablero de la interna.

La maniobra de Ishii no llegó de manera aislada. A fines de abril, un mensaje de la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, referente de La Cámpora, había roto una tregua tácita con Kicillof dentro del PJ bonaerense, en sintonía con el propio proyecto de emergencia alimentaria que Ishii ya venía impulsando desde el 20 de abril. En esa misma semana, el jefe del bloque de Fuerza Patria en la Legislatura, Facundo Tignanelli, sumó críticas directas a la gestión provincial, en lo que distintos análisis políticos describieron como una ofensiva coordinada del kirchnerismo duro contra el gobernador, apenas unas semanas antes de que ambos sectores confirmaran que competirán en una PASO rumbo a 2027. El freno de junio en Labor Parlamentaria, entonces, no resuelve la pulseada: la deja en empate técnico, con Ishii instalado como el que reclama por los más vulnerables y Kicillof evitando, por ahora, la incomodidad de una emergencia con su firma.

El argumento procedimental que circuló en los pasillos del Senado bonaerense tiene, además, un sustento reglamentario concreto: al no contar el proyecto con estado parlamentario consolidado, su tratamiento sobre tablas requería una mayoría calificada de dos tercios que el oficialismo provincial no estaba dispuesto a convalidar, mucho menos para una herramienta que delega en el Poder Ejecutivo la potestad de reasignar partidas presupuestarias sin pasar por la Legislatura en cada caso puntual. Es la misma lógica que cualquier oficialismo aplicaría para no resignar el control de la billetera, solo que en este caso quien pide esas facultades no es la oposición libertaria sino un sector del propio espacio gobernante, lo que vuelve más difícil de explicar el freno sin reconocer, de manera implícita, que la gestión social bonaerense efectivamente necesita ese tipo de herramientas excepcionales.

Los números detrás del pedido de Ishii, de cualquier manera, no son una exageración retórica. Solo entre marzo y abril de 2026 se sumaron 16.000 chicos a las copas de leche y 9.000 a los comedores escolares bonaerenses, según datos oficiales de la propia gestión provincial, en un contexto en el que distintos relevamientos de organizaciones sociales reportan que la demanda se duplicó en buena parte de los comedores comunitarios del territorio bonaerense. A nivel nacional, mientras tanto, el presupuesto destinado a comedores y merenderos —la principal fuente de financiamiento complementario para buena parte de esos espacios— caerá de 79.700 millones de pesos en 2025 a 67.104 millones en 2026, una reducción del 15,8% en términos nominales que, contra una inflación acumulada de doble dígito, implica un recorte real todavía mayor. Es exactamente el cuadro que la emergencia alimentaria que frenó el Senado bonaerense buscaba, al menos en el papel, empezar a compensar con fondos provinciales.

El episodio resume, en una sola sesión de Labor Parlamentaria, el estado general de un peronismo bonaerense que no termina de ofrecer una alternativa real frente al ajuste de Milei. Ni el sector de Cristina Kirchner y Máximo Kirchner —que impulsa a Ishii y a Mendoza en esta embestida— ni el de Kicillof construyeron, hasta ahora, una autocrítica seria sobre el ciclo de gobiernos kirchneristas que llevó al desastre macroeconómico de 2023, asociado a las recetas de economistas heterodoxos como los de FLACSO, Basualdo o Zaiat. La diferencia es que esa guerra interna, lejos de producir una síntesis política superadora, sigue restando: cada nueva escaramuza entre Cristina y Kicillof debilita un poco más al peronismo como alternativa de poder, en un momento en el que la oposición a Milei necesitaría, más que nunca, mostrar unidad y gestión, no funcionarios peleándose por quién se queda con la bandera del hambre.

El episodio, de paso, vuelve a exponer el estado del propio Senado bonaerense como institución: según un relevamiento publicado esta semana, la Cámara alta provincial no sancionó una sola ley en lo que va de 2026, pese a un gasto operativo que ronda los 428 millones de pesos por día. Un cuerpo legislativo que no logra aprobar ni una norma en seis meses, pero que sí encuentra tiempo y votos para frenar en Labor Parlamentaria un proyecto de emergencia alimentaria, ofrece una imagen bastante elocuente de cuáles son, en la práctica, sus prioridades reales.

Para Kicillof, el costo político del episodio es doble. Por un lado, deja en evidencia que su propio espacio legislativo no está dispuesto a darle más herramientas de control y reasignación de fondos al Ejecutivo en un año en el que la gestión bonaerense ya viene de pagar el aguinaldo sin aumento y de litigar contra ANSES por una deuda billonaria. Por otro, expone la incomodidad de fondo: declarar formalmente la emergencia alimentaria implica admitir, con la firma de la propia Legislatura, que la gestión social bonaerense no está dando abasto, justo cuando el relato oficial insiste en presentar a la Provincia como el escudo social frente al ajuste de Milei.

El resultado práctico, mientras los bloques discuten reglamentos y alcances de comisiones, es que la provincia de Buenos Aires sigue sin declarar formalmente lo que cualquiera que recorra un comedor comunitario puede confirmar a simple vista. Ishii se queda con la frase y con el titular de los portales políticos; Kicillof se ahorra el papelón administrativo de una emergencia con su firma; y los bonaerenses que dependen de esa ayuda no se ahorran nada, ni en la mesa ni en la sala de espera del hospital.