El gobierno de Axel Kicillof confirmó a los gremios estatales que el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre se pagará junto con los sueldos de junio de 2026, pero sin el aumento que los sindicatos venían reclamando para los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430, el régimen que nuclea a la mayor parte de la planta estatal bonaerense. La única novedad salarial concreta de la mesa de junio fue una suba del 30% en las asignaciones familiares, acordada el 11 de junio y difundida por UPCN Buenos Aires, mientras que la discusión por el salario básico queda, una vez más, abierta y sin fecha de cierre.

No es la primera vuelta de tuerca del año. La relación entre la Provincia y los gremios estatales viene de un primer trimestre tenso: a comienzos de marzo, ATE bonaerense llevó adelante un paro en rechazo a la oferta paritaria que consideraba insuficiente, y recién unos días después, el 5 de marzo, el gremio terminó aprobando una propuesta salarial del 9% ofrecida por el Gobierno provincial. Ese antecedente alcanza para entender el clima de junio: cada instancia paritaria de 2026 se resuelve a fuerza de presión gremial, ofertas que se revisan sobre la marcha y acuerdos que se cierran más por desgaste que por consenso real.

El 19 de junio, apenas días antes de la confirmación del aguinaldo, ATE Provincia de Buenos Aires presentó un pedido formal ante el Ministerio de Trabajo para que el Gobierno convocara de manera urgente a una nueva mesa salarial. El gremio sostuvo que la situación económica afecta de manera significativa el poder adquisitivo de los trabajadores y reclamó una actualización salarial inmediata, al tiempo que remarcó que el malestar se profundiza por el aumento de tarifas, servicios básicos, transporte, alquileres y alimentos, una lista que cualquier asalariado bonaerense podría firmar sin dudar.

El reclamo gremial, además, no se agota en el número del básico. Los sindicatos estatales —ATE, UPCN y FEGEPPBA, entre otros— vienen reclamando en paralelo el pase a planta permanente de trabajadores precarizados, la apertura de mesas técnicas sectoriales para las áreas con salarios más rezagados y mejoras puntuales para auxiliares de educación y personal de mantenimiento, dos de los segmentos peor pagos de todo el escalafón provincial. Son demandas que se acumulan paritaria tras paritaria sin resolverse del todo, como una lista de pendientes que crece más rápido de lo que la Provincia logra saldar.

El contexto inflacionario no ayuda a descomprimir la negociación. Según el INDEC, la inflación de mayo de 2026 fue del 2,1% mensual, con una suba acumulada del 14,7% en lo que va del año. Contra ese número, un medio aguinaldo sin actualización del básico y una suba del 30% acotada exclusivamente a las asignaciones familiares funcionan, en el mejor de los casos, como un parche: alivian algo el bolsillo en junio, pero no resuelven la pérdida de poder de compra que los propios gremios documentan mes a mes.

La comparación con lo que ocurre en el plano nacional no deja a nadie demasiado bien parado. El propio Gobierno de Javier Milei cerró, para sus empleados de la Administración Pública Nacional, una paritaria con aumentos del 2,4% en junio, 2,2% en julio y 1,9% en agosto —un acumulado del 6,64% para el trimestre— más un bono de 50.000 pesos a pagarse en agosto. UPCN aceptó la oferta, pero ATE la calificó directamente de "vergonzosa" y advirtió que profundiza la pérdida salarial acumulada durante toda la gestión libertaria. El contraste es elocuente: el mismo Gobierno nacional que sermonea a las provincias sobre disciplina fiscal negocia con sus propios sindicatos exactamente la misma lógica de aumentos por debajo de la inflación que después le critica a Kicillof, solo que con otro color político de fondo. La diferencia de discurso —motosierra en la Nación, "Estado presente" en la Provincia— no se traduce, a la hora de pagar sueldos, en una diferencia real de fondo para el bolsillo de cada estatal.

La definición de Aguiar no es un exceso retórico aislado: el propio titular de ATE viene advirtiendo desde hace meses que 2026 será, en sus palabras, "el año de mayor conflictividad de la era Milei", y agrega que la gestión libertaria "confiscó en promedio 12.000.000 de pesos a cada empleado estatal" desde que asumió, contabilizando la pérdida acumulada de poder de compra desde diciembre de 2023. Si esa lectura es correcta a escala nacional, la fotografía bonaerense de junio —medio aguinaldo sin aumento, una suba acotada a las asignaciones familiares— funciona como una réplica en miniatura del mismo fenómeno, aunque la responsabilidad política, en este caso, no sea de la Casa Rosada sino de un gobierno que se presenta como la alternativa social a la motosierra.

El propio esquema salarial en discusión, el régimen de la Ley 10.430, no es un detalle menor: se trata del estatuto del empleado público bonaerense, sancionado en 1986, que todavía hoy regula categorías, adicionales y el cálculo del aguinaldo para la mayor parte de los trabajadores de la administración pública provincial. Casi cuarenta años después de su sanción, la norma sigue siendo el marco de referencia para una negociación salarial que, paritaria tras paritaria, se resuelve por fuera de cualquier actualización estructural del propio régimen, a fuerza de bonos, sumas no remunerativas y porcentajes que se acuerdan mesa por mesa sin tocar la arquitectura de fondo del estatuto.

La situación incomoda particularmente a Kicillof, que construyó buena parte de su perfil público de 2026 como el gobernador que litiga contra el ajuste de Milei —la demanda por la deuda de ANSES, el rechazo a la desregulación de la VTV— mientras administra su propia provincia con una lógica de contención del gasto que, puesta en números, no es tan distinta de la que dice combatir. Los gremios que reclaman en junio no son, vale aclararlo, sectores kirchneristas díscolos ni libertarios infiltrados: son aliados históricos de la gestión bonaerense, lo que vuelve más difícil explicar por qué la negociación se sigue resolviendo a los empujones.

Lo que viene no promete ser más sencillo. Con el pedido de ATE del 19 de junio todavía sin respuesta formal, los gremios estatales bonaerenses ya avisan que la discusión por el segundo semestre —que incluye, además del básico, la negociación del aguinaldo de diciembre— se va a abrir en un escenario de paciencia agotada, después de un primer semestre que arrancó con un paro en marzo, siguió con una oferta del 9% aceptada a desgano y cierra en junio con una suba acotada a las asignaciones familiares. Cada nueva instancia paritaria de 2026 repite, hasta ahora, el mismo guion: el Gobierno bonaerense llega a la mesa sin oferta concreta, los gremios presionan con medidas de fuerza o pedidos formales, y el acuerdo final termina siendo menos de lo que pedían los trabajadores y más de lo que la Provincia decía poder ofrecer.

Para los estatales bonaerenses, el balance de junio es sencillo de leer: cobran el medio aguinaldo, ganan una suba en las asignaciones familiares y siguen esperando una respuesta sobre el básico, todo en un semestre en el que los precios no esperaron a que la política se pusiera de acuerdo. La épica del "Estado presente" que tanto repite la gestión bonaerense empieza a sonar hueca cuando el propio Estado provincial no logra, o no quiere, sentarse a discutir en serio el poder de compra de quienes lo hacen funcionar todos los días.