Axel Kicillof participó el 10 de junio de la tercera audiencia que la Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó este año para avanzar en la demanda de la provincia de Buenos Aires contra ANSES por una deuda que la Provincia calcula en 2,3 billones de pesos. La cita se sumó a las del 17 de marzo y el 21 de abril, en un expediente que ya lleva tres rondas de audiencias sin que la Nación haya puesto sobre la mesa una propuesta de pago concreta. El ritmo del expediente —una audiencia cada dos meses, en el mejor de los casos— da una idea bastante precisa de la velocidad con la que la Justicia y el Gobierno nacional están dispuestos a resolver una cuenta que, mientras tanto, sigue sin pagarse.

El reclamo no nació con Kicillof ni es una ocurrencia de esta gestión: la demanda original se remonta a administraciones anteriores, cuando la Provincia llevó a la Justicia la discusión por los fondos que ANSES le retiene desde hace más de tres décadas bajo distintas fórmulas de detracción de la coparticipación bonaerense, pensadas en su momento para financiar al sistema previsional nacional. Lo que nació como una herramienta transitoria sigue vigente hoy, y la diferencia entre lo que la Provincia aporta y lo que recibe de vuelta en prestaciones se volvió, con cada gobierno, más difícil de explicar y más cara de pagar.

El detonante puntual de esta demanda, sin embargo, tiene fecha concreta: en marzo de 2024, apenas semanas después de que Javier Milei asumiera la presidencia, el Gobierno nacional dictó el DNU 280/2024, que suspendió la vigencia de los artículos del Presupuesto 2023 que establecían cómo ANSES debía liquidarle a las provincias los fondos para cubrir el déficit de las cajas previsionales no transferidas. A partir de ese decreto, trece provincias —entre ellas Buenos Aires— quedaron obligadas a pagar con recursos propios las jubilaciones y pensiones de sus empleados públicos, mientras seguían cediendo parte de su coparticipación para financiar a ANSES. Buenos Aires presentó su demanda formal en abril de ese mismo año, representada en el expediente por el ministro de Economía bonaerense, Pablo López; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; la titular del Instituto de Previsión Social, Mariana Moretti; y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. La Corte recién aceptó intervenir dos años después, en marzo de 2026, lo que da una idea de cuánto tarda la Justicia en sentarse a tratar un reclamo que, en los papeles, nació con el propio DNU que lo originó.

Tras la audiencia de abril, en la que la Nación volvió a pedir tiempo para "trabajos técnicos" sin acercar ninguna propuesta de pago, el propio Kicillof decidió cambiar de estrategia procesal. "El Gobierno nacional se había comprometido a llegar a esta audiencia con una propuesta de adelantos, pero nuevamente dijeron que todavía tenían que realizar una serie de trabajos técnicos. En base a ello, dimos por terminada esta etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar", explicó el gobernador, en una definición que equivale, en criollo, a decir que se cansó de esperar una oferta que nunca llega y prefirió pedirle a la Corte que obligue a pagar mientras el juicio de fondo sigue su curso.

El expediente de ANSES, además, es solo la punta más visible de un iceberg mucho más grande. Según los cálculos que la propia Provincia presentó en los Tribunales, la Nación le debe a Buenos Aires un total que ronda los 22 billones de pesos si se suman, además de la deuda previsional, fondos retenidos de partidas como el Fondo de Incentivo Docente y el Fondo de Compensación al Transporte, entre otras transferencias coparticipables que el Gobierno nacional dejó de girar o giró de manera incompleta en los últimos años. "Eso equivale a la mitad del presupuesto anual de nuestra provincia", graficó Kicillof para darle escala al número, y agregó, sin disimular el tono de denuncia: "Así es como construyen el superávit: no pagándoles a los jubilados, a las universidades y a las provincias". La frase resume, con bastante precisión, el método: el ajuste libertario no solo recae en el empleo público o en la obra pública, también se financia con plata que, por ley, le correspondía a otro nivel de gobierno.

Desde la Casa Rosada, la respuesta oficial no cambia de libreto: el superávit fiscal —la gran bandera del Gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023— no admite excepciones, y cualquier giro de fondos a las provincias se analiza "caso por caso" y siempre después de revisiones técnicas que, según el propio expediente judicial, llevan más de un año sin destrabarse. La paradoja es evidente: el mismo Gobierno que reclama "equilibrio fiscal" y "fin de la timba política" mantiene retenidos fondos que la propia Justicia, en fallos previos sobre coparticipación, viene reconociendo que no le pertenecen.

El contraste con lo que la Nación sí resolvió en otras provincias es, además, bastante incómodo para el relato oficial de "no hay plata". Córdoba cerró en mayo de 2025 un principio de acuerdo por un giro mensual de 5.000 millones de pesos, que el propio Caputo confirmó que se duplicará a 10.000 millones a partir de mayo de 2026. Santa Fe, que en su momento rechazó una oferta nacional por considerarla insuficiente y mantuvo el reclamo judicial abierto, terminó consiguiendo un acuerdo por 120.000 millones de pesos en doce cuotas. Chubut, por su parte, cerró un convenio propio por 48.000 millones. Buenos Aires, la provincia más poblada y la que más aporta al sistema, es paradójicamente la que menos avanzó en una negociación directa, tal vez porque un acuerdo con el gobernador que aspira a disputarle la presidencia a Milei en 2027 tiene un costo político que la Casa Rosada no está dispuesta a pagar, aunque la deuda sea, en los hechos, la misma clase de deuda que sí se negoció con otros mandatarios provinciales. Para completar el cuadro, el Presupuesto 2026 destinó en su artículo 60 apenas 122.763 millones de pesos para cubrir los déficits previsionales de todas las provincias juntas, una cifra que no alcanza ni para una quinta parte de lo que la Nación le debe solamente a Buenos Aires.

Para Kicillof, cada audiencia es también una oportunidad política: la de presentarse como el gobernador que litiga contra el ajuste de Milei en nombre de los bonaerenses, justo en el año en que empieza a delinear una candidatura presidencial para 2027. El problema es que ese relato de "Provincia que defiende a los suyos frente a la Nación" convive, en la práctica cotidiana, con un aguinaldo que la propia gestión bonaerense pagó sin el aumento que pedían los gremios estatales y con una emergencia alimentaria que sus propios aliados legislativos frenaron en el Senado provincial. Reclamarle a Milei lo que no termina de resolver en su propia casa no invalida el reclamo de fondo —la deuda es real y la viene calculando la propia Justicia—, pero sí le resta algo de épica al relato con el que el gobernador intenta vestirlo.

La Corte Suprema todavía no fijó fecha para la cuarta audiencia, y nada en el historial del expediente permite suponer que la próxima cita traiga una propuesta de pago distinta a las anteriores. Mientras tanto, los 2,3 billones de pesos —o los 22 billones, según se cuente— seguirán figurando en una planilla judicial y no en ningún presupuesto real, y los bonaerenses seguirán esperando una resolución que, a este ritmo de audiencias espaciadas y trabajos técnicos eternos, podría no llegar ni en este mandato ni en el que sigue.