El diputado Máximo Kirchner volvió a reclamar que Cristina Kirchner conduzca al peronismo de cara a 2027, en un mensaje que —según coincidieron varios análisis políticos publicados esta semana— alteró la ya frágil convivencia entre los distintos sectores del PJ y sembró nuevas dudas sobre la unidad rumbo a la próxima elección presidencial. El planteo llega justo cuando una parte de los gobernadores peronistas empieza a pensar en una nueva etapa del movimiento que no dependa exclusivamente del comando de la expresidenta, en un momento en que el propio espacio todavía no logra ponerse de acuerdo ni siquiera en quién debería encabezar la conversación sobre su futuro.

El peronismo no tiene, hoy, una conducción única capaz de ordenar a todo el espacio. Cristina Kirchner conserva capacidad de movilización y transferencia electoral —el banderazo de Parque Lezama, con unas 15.000 personas convocadas un sábado, es la prueba más reciente—, pero ya no el monopolio de la lapicera; Axel Kicillof se consolida como referencia institucional pesada, con ambiciones presidenciales cada vez menos disimuladas; y Sergio Massa mantiene vínculos con casi todos los sectores sin liderar a ninguno en soledad. El resultado es una mesa con demasiadas sillas y ningún capitán indiscutido.

La respuesta del kicillofismo no se hizo esperar. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, salió a marcar distancia sin romper del todo: "Hemos dicho muchas veces, y desde el espacio que conduce Axel Kicillof seguimos planteándolo en estos términos: este no es el año de las candidaturas, es el año de las construcciones políticas, y eso es lo que estamos haciendo desde el Movimiento Derecho al Futuro", afirmó, y agregó que "las candidaturas se van a definir el año que viene". Es, en los hechos, una forma elegante de decirle a Máximo que se ocupe de La Cámpora y deje que Kicillof construya el suyo a su propio ritmo.

Bianco, vale la aclaración, no es un producto de las estructuras tradicionales del peronismo: llegó a la primera línea de la política bonaerense como hombre de máxima confianza de Kicillof, sin trayectoria previa en el aparato territorial del PJ, y buena parte de la dirigencia justicialista —tanto la más cercana a Cristina como la de los gobernadores que buscan despegarse de ambos polos— lo mira con un recelo que rara vez se dice en cámara pero que circula sin pudor en los pasillos. Que sea él, y no un referente con trayectoria propia en el movimiento, quien tenga que poner la cara cada vez que el kicillofismo necesita responderle a un Kirchner, dice bastante sobre el lugar que ocupa realmente dentro de la tradición peronista.

La paradoja es que esta no es la primera vuelta de tuerca entre ambos en lo que va del año. En enero, Máximo Kirchner había sorprendido a su propio círculo de dirigentes al proponer que Axel Kicillof presidiera el PJ de la provincia de Buenos Aires, en lo que entonces se leyó como un gesto de distensión hacia el gobernador. Cinco meses después, ese gesto de conciliación no impidió que la tensión volviera a escalar en público: el control formal de un sello partidario no resolvió absolutamente nada del fondo de la disputa, que es quién encabeza la oferta peronista en 2027.

Los gobernadores, mientras tanto, intentan tomar el control del PJ ante la ausencia de un liderazgo nacional claro, aunque hasta ahora no lograron consolidar una organización propia fuera de la órbita de Cristina Kirchner. Varios de ellos prefieren, por ahora, el perfil bajo: ni respaldar abiertamente a Kicillof ni quedar pegados a una interna que todavía no eligieron como propia, a la espera de ver qué sector queda mejor parado cuando se termine de definir el armado.

Sergio Massa, por su parte, ilustra mejor que nadie el problema de fondo del peronismo actual: mantiene diálogo abierto con el kirchnerismo, con el kicillofismo y con varios gobernadores, pero esa capacidad de hablar con todos es, al mismo tiempo, la prueba de que no conduce a ninguno. Sin un bloque propio consolidado ni una estructura territorial comparable a la de Kicillof o a la de Cristina, su rol de puente sirve para destrabar negociaciones puntuales, pero no alcanza para presentarse como la síntesis que el espacio dice necesitar.

La discusión de fondo —habilitar una PASO como mecanismo de competencia interna— empieza a aparecer, cada vez con más fuerza, como el único punto de encuentro posible entre espacios que, en el resto de la agenda, no logran ponerse de acuerdo en nada. Lo confirmó incluso una fuente del propio kirchnerismo en el Senado, que resumió el estado de la negociación sin medias tintas: "Si no encontramos una síntesis, vamos a una PASO". La PASO, en su diseño original, fue pensada como un mecanismo para que la ciudadanía —no solo el aparato— defina candidaturas dentro de cada espacio político; que el peronismo bonaerense la discuta hoy como salida de emergencia ante la imposibilidad de un acuerdo de cúpulas dice más sobre el estado de la negociación interna que sobre cualquier vocación democratizadora repentina.

Ese fenómeno, además, no ocurre en el vacío: la provincia de Buenos Aires que gobierna Kicillof atraviesa una crisis económica severa, con paritarias estatales trabadas, una emergencia alimentaria frenada en la Legislatura y una gestión que buena parte de los propios intendentes peronistas describe, en privado, como paralizada. Que la discusión central del peronismo bonaerense en este momento sea quién compite contra quién en una primaria, y no cómo se resuelve esa parálisis de gestión, resume bastante bien las prioridades reales del espacio. Tampoco ayuda al relato de unidad que, hasta ahora, ni el sector de Cristina y Máximo ni el de Kicillof hayan hecho una autocrítica seria sobre la herencia macroeconómica del último gobierno kirchnerista, esa que el propio Eduardo Basualdo, desde FLACSO, o Alfredo Zaiat señalaron en su momento como una acumulación de desequilibrios que el espacio nunca terminó de asumir como propios.

El reclamo de unidad, además, llega en un momento particularmente incómodo para la figura que Máximo quiere ungir como conductora: la Cámara Federal de Casación Penal ratificó días atrás el decomiso de bienes ordenado contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, con 141 inmuebles identificados y un monto que supera los 684.000 millones de pesos, dejándola con cada vez menos margen judicial para esquivar las consecuencias patrimoniales de una condena con autoridad de cosa juzgada en la Corte Suprema. Pedirle al peronismo que se ordene detrás de una conductora con ese expediente abierto no es, para buena parte de los gobernadores que hoy buscan despegarse, una propuesta sencilla de vender ante un electorado que todavía no perdonó al espacio por la herencia económica de 2015.

Sin necesidad de tomar partido por ningún sector del peronismo, el cuadro es sencillo de leer: un movimiento que necesita desesperadamente un relato de unidad para enfrentar a Milei en 2027, pero que cada vez que un Kirchner abre la boca —y cada vez que el entorno de Kicillof le contesta— demuestra que la pelea por la silla pesa más que la pelea por el país. Mientras tanto, el Gobierno nacional, con sus propios escándalos de declaraciones juradas y vocerías a los tumbos, no podría pedir un regalo mejor que un PJ entretenido en discutir primarias internas en lugar de armar una alternativa real de cara a las urnas.