La Corte Suprema de Justicia dejó firme, en junio de 2025, la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad. Un año después, la expresidenta enfrenta un 2026 cargado de nuevos frentes judiciales: la puesta en marcha del mecanismo de decomiso de bienes ordenado en esa misma causa, varios reveses consecutivos en sus intentos de frenarlo y el inicio de nuevos procesos en los que también está imputada.

El dato concreto es contundente. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el decomiso y cerró, por mayoría, el camino para que Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, llegaran a la Corte Suprema a frenarlo. Según la reconstrucción del expediente, el Ministerio Público Fiscal identificó 141 inmuebles vinculados a la maniobra —13 a nombre de sociedades de la familia Kirchner y 128 de firmas ligadas a Lázaro Báez— además de 46 vehículos. El monto del decomiso, actualizado, supera los 684.000 millones de pesos, una cifra que da una idea de la escala de la maniobra de obra pública que la Justicia consideró probada y que la Corte ya convirtió en cosa juzgada.

El decomiso, como instituto, es la consecuencia patrimonial que la ley prevé para los bienes producto de un delito o utilizados para cometerlo: a diferencia del embargo, que es una medida cautelar transitoria mientras dura el proceso, el decomiso firme implica la pérdida definitiva de la propiedad a favor del Estado, una vez que la condena penal que lo ordena queda confirmada en todas las instancias. Que ese mecanismo recién se esté poniendo en marcha ahora, más de un año después de que la condena por Vialidad quedara firme, da una idea de lo lento que resulta en la práctica argentina convertir una sentencia penal por corrupción en una recuperación patrimonial efectiva para las arcas públicas.

La defensa de Máximo y Florencia Kirchner pidió conservar 19 bienes —10 departamentos, dos casas en Río Gallegos y varios lotes ubicados en Lago Argentino, Santa Cruz— con el argumento de que las propiedades "fueron adquiridas por sus padres con contraprestación (no a través de donaciones) con bienes de origen lícito y mediante operaciones genuinas y lícitas". Es la misma defensa patrimonial que la familia viene repitiendo desde que el TOF 2 dictó la sentencia: que el patrimonio es legítimo, pese a que la Justicia ya estableció, con autoridad de cosa juzgada, que una parte sustancial de ese patrimonio tiene origen en la asociación ilícita probada en el expediente.

Los tres jueces de Casación coincidieron en declarar inadmisible el recurso extraordinario de Cristina Kirchner contra el decomiso, lo que la obligó a recurrir directamente a la Corte Suprema por la vía de un recurso de queja, un camino angosto que, según coincidieron varios especialistas en derecho penal económico consultados por la prensa especializada, tiene pocas chances de torcer un fallo que el propio máximo tribunal ya convalidó en su instancia central.

El expediente Vialidad, además, no agota el prontuario. Cuando la actividad judicial se reanude en febrero, la causa Cuadernos seguirá su curso, con la expresidenta señalada como presunta líder del esquema de recaudación ilegal de fondos para la obra pública —otro frente que combina, otra vez, manejo discrecional de fondos del Estado y asociación ilícita, durante más de una década de poder kirchnerista. La causa toma su nombre de los cuadernos manuscritos en los que el remisero Oscar Centeno anotó, durante años, los recorridos que hacía trasladando bolsos con dinero entre empresarios de la obra pública y funcionarios del Gobierno nacional, un registro que terminó convirtiéndose en una de las piezas probatorias más comentadas de la última década judicial argentina.

El recurso de queja al que apela ahora Cristina Kirchner es, en la práctica, el último recurso disponible cuando un tribunal superior ya rechazó la vía ordinaria de apelación: no discute de nuevo el fondo del asunto, sino que le pide a la Corte Suprema que revise si correspondía, o no, declarar inadmisible el recurso extraordinario anterior. Es, dicho de otra manera, golpear la última puerta posible después de haber agotado las anteriores, con una tasa de éxito que los propios especialistas en la materia describen como marginal cuando el tribunal de instancia inferior ya fundamentó en detalle por qué no correspondía seguir discutiendo.

La historia judicial argentina de las últimas décadas, además, no abunda en ejemplos de recuperación patrimonial completa en casos de corrupción de la magnitud de Vialidad: entre los tiempos procesales, las maniobras de las defensas para fraccionar y ocultar patrimonio, y la dificultad estructural de rastrear activos colocados en sociedades de papel o testaferros, son contados los casos en los que el Estado argentino logró recuperar, en los hechos y no solo en el papel, una proporción significativa de lo que la Justicia determinó que fue sustraído. El expediente Vialidad, con su cifra de 684.000 millones de pesos y 141 inmuebles identificados, será una prueba de fuego para saber si esta vez el resultado es distinto.

El affaire judicial de Cristina Kirchner, por otra parte, convive con una interna del propio espacio que tampoco da señales de resolverse: el mismo fin de semana del banderazo en Parque Lezama, Máximo Kirchner usó el único discurso del acto para reclamarle en público a Axel Kicillof que nunca visitó a la expresidenta en su lugar de detención, y el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco —un operador que la propia tropa peronista, más allá de Cristina o de Kicillof, mira con desconfianza por no provenir de las filas históricas del PJ—, debió salir a bajarle el tono sin resolver nada de fondo. Ese mismo PJ bonaerense ya discute ir a una PASO entre ambos sectores, una pelea que erosiona cualquier posibilidad de ofrecerle al electorado una alternativa unificada frente a Milei en 2027. Y en ninguno de los dos bandos en pugna apareció, hasta ahora, una autocrítica seria sobre la herencia macroeconómica del último gobierno kirchnerista, esa que el propio Eduardo Basualdo, desde FLACSO, o Alfredo Zaiat describieron en su momento como una acumulación de desequilibrios que el espacio nunca terminó de asumir como propios.

El contraste entre la épica del banderazo bajo la consigna "Cristina Libre" y la fría letra de un decomiso patrimonial de 684.000 millones de pesos es, probablemente, la mejor fotografía del momento que vive el kirchnerismo: mientras la militancia agita la consigna en Parque Lezama, la Justicia avanza con instrumentos concretos —no declaraciones, no relatos— para hacer efectiva una condena por corrupción que ya tiene autoridad de cosa juzgada en la Corte Suprema.

Ninguna sorpresa para quien siguió el caso desde el principio; sí una sorpresa permanente para quienes todavía insisten en presentar a la expresidenta como una víctima de "lawfare" antes que como una condenada en instancias múltiples y confirmadas por el máximo tribunal del país. Lo que viene en el calendario judicial promete mantener a Cristina Kirchner en el centro de la escena, lo que —dicho sea de paso— le viene de maravillas a un Gobierno nacional necesitado de un enemigo claro para tapar sus propios escándalos de declaraciones juradas incompletas. Mientras tanto, el peronismo en su conjunto sigue sin encontrar la fórmula para transformar la épica del banderazo en una alternativa política capaz de discutirle algo a Milei en 2027, ocupado como está en dirimir, primaria de por medio, quién se queda con lo que quede del aparato.