El kirchnerismo movilizó este sábado 20 de junio a Parque Lezama en respaldo a Cristina Kirchner, bajo el lema "Cristina Libre". Según la organización, participaron cerca de 15.000 personas: referentes del Partido Justicialista, La Cámpora, intendentes, legisladores, gremios y organizaciones sociales, en una puesta en escena pensada para demostrar que la expresidenta sigue siendo una referencia movilizadora, condena firme mediante. El banderazo coincidió, una vez más, con una fecha simbólica del calendario kirchnerista, el formato preferido del espacio para medir fuerzas propias sin tener que rendir examen en una elección real.

El único orador del día fue Máximo Kirchner, y su discurso terminó funcionando menos como un homenaje a su madre que como una advertencia hacia adentro del propio peronismo. En una referencia que nadie necesitó que aclarara, el diputado y titular de La Cámpora apuntó sin nombrarlo contra Axel Kicillof: "Los que todos los días hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a verla a San José 1111, a ver cómo está y si necesita algo, esa es la verdad", lanzó ante la militancia. La frase, repetida después en todos los portales políticos del país, puso en palabras lo que en el peronismo bonaerense ya era un secreto a voces: el gobernador nunca visitó a la expresidenta en su lugar de detención.

Una parte de los manifestantes se trasladó después hasta San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario desde que la condena por la causa Vialidad quedó firme. Allí, la expresidenta volvió a saludar desde el balcón a la militancia, esta vez con una campera celeste y blanca, un gesto que el juez Rodrigo Giménez Uriburu —a cargo del control de la domiciliaria— ya le había advertido que complica la circulación y altera la convivencia del vecindario. La condición de su arresto es clara en ese punto, y el cumplimiento, evidentemente, sigue siendo negociable cuando hay cámaras y militancia esperando abajo.

El arresto domiciliario, como régimen, existe precisamente para reemplazar la prisión efectiva en casos donde el cumplimiento puede garantizarse sin el encierro carcelario, pero está sujeto a condiciones específicas que el juez a cargo del control de ejecución fija y puede modificar: horarios de salida, restricciones de visitas, límites a las actividades públicas que la persona condenada puede desarrollar desde el domicilio. Que ese régimen se transforme, en los hechos, en una vidriera política con saludos al balcón ante miles de militantes convocados expresamente para la ocasión no es un detalle menor: es la diferencia entre cumplir una condena con discreción y usarla como plataforma de relanzamiento político, algo que cualquier otro condenado del país, sin aparato ni militancia, no podría permitirse sin terminar con la domiciliaria revocada.

No fue la primera vez en lo que va de junio. A principios del mes, la fachada de la casa de San José 1111 fue escenario de una proyección de imágenes en apoyo a la expresidenta; el 10 de junio, en el aniversario de su detención, Cristina Kirchner volvió a saludar desde el mismo balcón ante otra convocatoria de militantes; y el sábado pasado repitió el gesto por tercera vez en menos de tres semanas. El folletín ya es previsible: la Justicia recuerda las reglas, Cristina las estira, la militancia aplaude y el ciclo vuelve a empezar en la próxima fecha simbólica del calendario.

No hace falta ser kirchnerista para notar la incomodidad de fondo: una persona condenada por corrupción a seis años de prisión y con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos sigue marcando agenda nacional desde un balcón, mientras el resto de los mortales que pisan la domiciliaria afuera de los términos autorizados terminan, directamente, presos. La diferencia, en este caso, la pone el aparato político y la cobertura mediática, no la letra de la ley.

El banderazo bajo la consigna "Cristina Libre", además, ocurre en paralelo a un calendario judicial que no se detiene por la épica militante: la Cámara Federal de Casación Penal ya ratificó el decomiso de bienes ordenado en la misma causa Vialidad, con 141 inmuebles identificados —13 a nombre de sociedades de la familia Kirchner y 128 de firmas ligadas a Lázaro Báez— y 46 vehículos, por un monto que supera los 684.000 millones de pesos. Mientras en Parque Lezama 15.000 personas cantaban por su libertad, en Comodoro Py la Justicia avanzaba con instrumentos concretos para hacer efectiva la condena: el contraste entre el relato de la militancia y la letra fría de un expediente que ya tiene autoridad de cosa juzgada en la Corte Suprema no podría ser más elocuente.

El banderazo, además, sirvió como termómetro de una interna que el peronismo bonaerense viene conteniendo a fuerza de comunicados de unidad: apenas dos días después, el ministro de Gobierno bonaerense Carlos Bianco salió a bajarle el tono al mensaje de Máximo, aunque sin esquivar del todo el cruce. "Hemos dicho muchas veces, y desde el espacio que conduce Axel Kicillof seguimos planteándolo en estos términos: este no es el año de las candidaturas, es el año de las construcciones políticas, y eso es lo que estamos haciendo desde el Movimiento Derecho al Futuro", respondió el funcionario, dejando para "el año que viene" la definición de cualquier candidatura.

Bianco, vale recordarlo, no es un dirigente que surja de las propias filas del peronismo ni de su tradición de gestión territorial: es el operador de mayor confianza de Kicillof, una figura que buena parte de la dirigencia justicialista —tanto la cercana a Cristina como la de los gobernadores que buscan despegarse de ambos polos— mira con recelo declarado, más como un armador técnico impuesto desde arriba que como un representante genuino del PJ. Que sea él quien tenga que poner la cara cada vez que el kicillofismo necesita responderle a Máximo Kirchner no hace más que confirmar el diagnóstico de fondo: ninguno de los dos sectores en pugna —ni el de Cristina y Máximo, ni el de Kicillof y Bianco— ha hecho una autocrítica real sobre la herencia macroeconómica que dejó el último gobierno kirchnerista, esa que incluso economistas del propio universo heterodoxo, como Eduardo Basualdo desde FLACSO o Alfredo Zaiat en sus columnas, describieron en su momento como una acumulación de desequilibrios que el propio espacio nunca terminó de asumir como propios, mucho menos de pedir disculpas por ellos en serio.

La consigna "Cristina Libre" convive, cada vez más incómoda, con gobernadores que ya no disimulan las ganas de mirar para otro lado y con un gobernador bonaerense que prefiere construir poder territorial antes que subirse a una foto con la expresidenta. Que la militancia siga gritando unidad en Parque Lezama mientras la dirigencia se pelea en los medios por la sucesión es, a esta altura, la imagen más fiel de en qué estado se encuentra el "movimiento nacional" rumbo a 2027.

El propio reclamo de Máximo en el escenario —"los que hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a verla"— es, en rigor, la antesala pública de una pelea que ya escapó del terreno simbólico: el PJ bonaerense discute hoy, sin disimulo, ir a una PASO entre el sector de Cristina y Máximo y el de Kicillof, con un acto en San Vicente como puntapié formal de esa disputa. Lejos de ser una simple interna de poder sin consecuencias, esa pelea es la que termina de licuar cualquier chance de que el peronismo le ofrezca a la sociedad una alternativa real frente a Milei en 2027: mientras el banderazo agita la épica de la unidad, el aparato discute candidaturas y bautiza primarias, y el resultado neto, hasta ahora, es un movimiento nacional cada vez más parecido a una confederación de facciones sin proyecto común que a la fuerza política que alguna vez gobernó doce años seguidos.