La sesión especial para interpelar a Manuel Adorni se cayó este martes 23 de junio en la Cámara de Diputados por falta de quórum. A las 14:31, agotado el cuarto de hora reglamentario de espera, el presidente del cuerpo, Martín Menem, no tuvo otra opción que dar por terminada la sesión: apenas 117 legisladores habían ocupado sus bancas, una docena menos del mínimo necesario para abrir el debate. El PRO, la UCR y varios bloques provinciales aliados —entre ellos, según trascendió, una porción del salteñismo— optaron por no bajar al recinto, y con esa ausencia le compraron tiempo al Gobierno para evitar, otra vez, que su jefe de Gabinete tuviera que sentarse a explicar en público de dónde salieron los más de 500.000 dólares que omitió declarar.

El affaire Adorni no es un exceso de la oposición ni una operación mediática, como gusta repetir la Casa Rosada: el propio funcionario lo confesó en cámara. El 11 de junio, en una entrevista con José Del Río en el programa "Mesa Chica" de LN+, Adorni reconoció que él y su esposa, Bettina Angeletti, mantuvieron durante años ahorros no declarados. "Ahorramos en negro como todos los argentinos", dijo el jefe de Gabinete, y cuando le preguntaron por qué no los había blanqueado fue todavía más explícito: "No lo declaramos porque la forma de escaparle a la vieja política era tener una caja de ahorro en negro. Jamás se me hubiera ocurrido ahorrar en blanco en esos años". Según su propio relato, incorporó alrededor de medio millón de dólares entre ahorros acumulados y ganancias de inversiones en bitcoin realizadas entre 2013 y 2018.

El problema no es solo ético: el 29 de abril, el propio Adorni le había asegurado a los legisladores que tenía todos sus bienes declarados, sin ocultamientos. Dos meses después, la nueva declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción contradijo punto por punto esa versión, según reconstruyó Chequeado al cruzar ambos documentos. La investigación periodística detectó, además, inconsistencias en el relato sobre la compra de una casa en un country en noviembre de 2024 y de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires un año después, ya en pleno ejercicio de la función pública.

Esas inconsistencias no quedaron solo en el plano político. Un grupo de abogados y excombatientes anticorrupción —entre ellos un exvicepresidente de la Unidad de Información Financiera, que calificó la situación como "insostenible"— pidió formalmente al titular de la UIF, Matías Gabriel Álvarez, que investigue a Adorni por presunto lavado de dinero, con la posibilidad de que el organismo termine haciendo una denuncia penal propia. Para los especialistas en la materia, lo que Adorni admitió encuadra en la figura de omisión maliciosa, un delito que prevé penas de quince días a dos años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, tal como tituló La Política Online al calificar la confesión como "un delito por el que podrían inhabilitarlo de por vida". El expediente, además, no es un tema menor de cara afuera: Argentina sigue bajo monitoreo reforzado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de prevención de lavado de activos, así que un caso de esta magnitud en la segunda silla del Gobierno no pasa inadvertido para los organismos internacionales que vigilan ese cumplimiento.

Lo llamativo —y lo que convierte este episodio en algo más que una anécdota parlamentaria— es que ni el PRO ni la UCR pueden alegar sorpresa. Cuando el escándalo estalló, ambos partidos, junto con el MID, emitieron comunicados marcando "las mentiras y contradicciones" del jefe de Gabinete. El texto del PRO fue, en su momento, especialmente duro: "Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible", señaló el partido que conduce Mauricio Macri en un comunicado oficial difundido a mediados de junio. Días después, el titular del bloque de senadores del PRO, Martín Goerling Lara, fue todavía más explícito: "Si llega esa instancia, el PRO va a acompañar el pedido de censura o remoción". La definición sonaba a ultimátum. En los hechos, terminó siendo papel mojado: cuando llegó el momento de poner el cuerpo en el recinto para que la interpelación pudiera discutirse, esos mismos diputados decidieron, lisa y llanamente, no aparecer.

El mecanismo que permitió la maniobra no es nuevo, pero sigue siendo elegante en su cinismo: el oficialismo argumentó que el pedido de interpelación, como cualquier proyecto, debía pasar primero por comisión o aprobarse "sobre tablas" con dos tercios, una mayoría que la oposición jamás iba a reunir sin el archivo de Diputados de la mano. Mientras se discutía ese tecnicismo, las negociaciones reales corrían por otro carril: en las 48 horas previas a la sesión, el oficialismo y los bloques aliados cocinaron un acuerdo para abrir, el martes 30 de este mes, la comisión de Asuntos Constitucionales y tratar ahí los seis expedientes vinculados a la situación patrimonial de Adorni. Un gesto que la Casa Rosada presentó como prueba de "diálogo institucional" y que, leído con más atención, es exactamente lo contrario: una forma de correr la discusión incómoda a un ámbito con menos cámaras y plazos más elásticos.

En el medio quedó la actuación de Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en Diputados, que salió a defender la postura de su partido sin animarse, en ningún momento, a decir lo que su propio comunicado de junio ya había dicho: que Adorni mintió. Ritondo evitó esa palabra con el mismo cuidado con el que sus diputados evitaron el recinto, en una sincronía que pinta mejor que cualquier editorial el verdadero estado de la alianza entre los "halcones" libertarios y los "dialoguistas" del PRO: se necesitan, se reparten roles y, cuando hace falta, se cubren las espaldas mutuamente aunque eso implique tragarse las propias palabras.

Del lado de la oposición que sí bajó al recinto, el malestar fue inmediato. El diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño lamentó que ni "las propiedades, los pendrives, los flippers, las planillas de 8 millones de pesos" ni el resto de la evidencia alcanzaran para que los bloques del PRO, la UCR y los libertarios bajaran a dar quórum, y fue directo: habló de una "complicidad muy clara con Manuel Adorni", porque la sesión "tenía un objetivo muy claro que era avanzar con una moción de censura". El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, apuntó al mismo contraste que recorre toda esta historia: cuando Adorni admitió haber ocultado los dólares, el PRO, la UCR y el MID salieron con comunicados durísimos, pero después, en los hechos, hicieron otra cosa en el recinto. "Eso cuesta algo. Todo el Congreso argentino y esta Cámara de Diputados paga costos. Porque, ¿quién le cree a una Cámara de Diputados que dice una cosa y después hace otra?", planteó Martínez, en una pregunta que, en rigor, no apuntaba solo al PRO sino a la credibilidad de todo el sistema político frente a un escándalo que ya nadie en el oficialismo se anima a negar.

La partida, en cualquier caso, no terminó: la comisión de Asuntos Constitucionales tiene fecha para empezar a tratar el tema, así que Adorni consiguió un plazo de gracia, no una absolución. Mientras tanto, la Casa Rosada sigue funcionando con un jefe de Gabinete bajo sospecha patrimonial, con una oposición que no logró ni los votos para sentarlo a explicarse, y con un Gobierno que prefiere gastar capital político en blindarlo antes que en exigirle que muestre, con papeles, de dónde salió la plata. Una curiosa forma de entender la "batalla cultural" que tanto le gusta invocar al Presidente: ganarle a la transparencia, una vez más, por reglamento.