El costo de vida en la Argentina sumó una nueva presión para los sectores más vulnerables de la población durante el último mes. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de mayo registró un 2,1%, consolidando un acumulado del 14,7% en lo que va del año. Si bien la cifra general representa una desaceleración con respecto a meses previos, el arrastre de los precios sigue golpeando de manera directa los ingresos fijos y paritarias de los trabajadores.

El dato oficial generó preocupación debido a que los rubros de primera necesidad se movieron por encima del promedio nacional general. La categoría de Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó un 2,5%, impulsada principalmente por incrementos en pan, cereales y productos lácteos. Este aumento constante en la comida restringe las posibilidades de consumo básico y empuja a nuevos sectores de la clase media hacia la marginalidad.

De forma paralela, las actualizaciones aplicadas en los servicios públicos condicionaron el presupuesto mensual familiar. Los precios correspondientes a los servicios regulados avanzaron un 2,4% debido al impacto de las tarifas de electricidad, agua y combustibles. Estos ajustes obligaron a los hogares a destinar una mayor proporción de sus recursos corrientes a cubrir costos fijos de vivienda en detrimento de otras necesidades secundarias.

La consecuencia directa de esta dinámica económica se vio reflejada de manera alarmante en el costo de las canastas de medición social. Según el reporte técnico, una familia tipo requirió $1.498.741 para no ser considerada pobre, registrando una suba del 2% respecto al mes anterior. Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria trepó a $681.246, marcando el umbral de ingresos obligatorios para evitar caer en la indigencia extrema.

El escenario actual expone una marcada paradoja entre la desaceleración de los índices que festeja el Gobierno y la realidad social de las calles. Mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) Núcleo logró quebrar el piso y ubicarse en un 1,9%, los salarios continúan perdiendo poder de compra real. Esta brecha persistente entre el encarecimiento de la subsistencia y los haberes estancados profundiza los índices de pobreza estructural en todo el territorio nacional.