La situación procesal de Manuel Adorni ha dado un giro dramático en las últimas horas tras la entrega voluntaria del teléfono celular de su principal contratista. La medida, dispuesta por el juez federal Ariel Lijo, busca extraer y analizar conversaciones clave que probarían el desembolso de 245 mil dólares en efectivo para refaccionar la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá. El peritaje forense intentará recuperar incluso los mensajes temporales de WhatsApp que el vocero presidencial habría utilizado para coordinar la obra.

El testimonio de Matías Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita no solo detalló la magnitud de las reformas —que incluyeron desde una pileta climatizada hasta una cascada artificial—, sino que denunció una presunta maniobra de encubrimiento. Según el constructor, Adorni lo contactó poco antes de su declaración testimonial para ofrecerle "ayuda" de su equipo técnico, lo que la fiscalía investiga como un posible entorpecimiento de la justicia.

La Justicia ahora pone la lupa en la trazabilidad de los fondos, ya que los montos declarados por el contratista excederían ampliamente los ingresos declarados por el Jefe de Gabinete. El análisis del dispositivo será realizado por especialistas del Ministerio Público, quienes rastrearán el historial de llamadas y archivos multimedia para verificar si el dinero fue entregado personalmente y sin facturación, tal como sostiene la acusación.

Mientras tanto, en el entorno de la Casa Rosada el clima es de máxima tensión, a pesar del respaldo público que ha brindado el presidente Javier Milei. Fuentes oficiales admiten en reserva que el escándalo del celular genera un desgaste político innecesario en un momento crítico para la gestión. Por su parte, la defensa de Adorni ha designado a sus propios peritos de parte para supervisar la apertura del iPhone 15 y controlar el alcance de la prueba informativa.

En paralelo, la investigación se ha extendido a las empresas vinculadas a la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, buscando determinar si existe un esquema de retorno de fondos públicos. Los investigadores sospechan que la red de relaciones comerciales del matrimonio podría haber facilitado el financiamiento de las ostentosas mejoras en la propiedad de Exaltación de la Cruz. La información extraída del celular del contratista será determinante para confirmar o descartar estas hipótesis de enriquecimiento ilícito.

Finalmente, el peritaje tecnológico promete arrojar resultados en los próximos días, marcando el ritmo de una causa que ya impacta en la línea de flotación del Gobierno. La oposición exige respuestas inmediatas sobre el origen de los dólares, mientras que el oficialismo apuesta a una estrategia de negación y contraataque judicial contra el testigo. La suerte de Adorni parece estar hoy guardada en la memoria interna de un dispositivo móvil que podría sellar su destino en la función pública.