El fiscal a cargo solicitó una serie de medidas de prueba para determinar el origen de gastos millonarios realizados en el exterior. La sospecha principal es que Reidel habría utilizado el presupuesto público para costear traslados y estadías en destinos internacionales que no figuraban en la agenda oficial de la compañía. Se estima que el desvío de dinero podría ascender a cifras alarmantes, afectando directamente el patrimonio de la firma estatal.

Dentro de las pruebas presentadas se encuentran resúmenes de cuenta que muestran compras de artículos de lujo y cenas en restaurantes exclusivos durante fechas en las que el funcionario no se encontraba cumpliendo tareas laborales. La imputación busca establecer si existió un abuso de autoridad y defraudación contra la administración pública, delitos que prevén penas de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos en el Estado.

Por su parte, el entorno de Reidel sostiene que todas las erogaciones están debidamente justificadas y que se trata de una persecución con tintes políticos. Sin embargo, la auditoría interna de Nucleoeléctrica habría detectado inconsistencias en los informes de rendición de cuentas, lo que precipitó la intervención de los tribunales de Comodoro Py para garantizar la transparencia en el manejo de los activos estratégicos de la Nación.

En las próximas semanas se espera que el imputado sea citado a prestar declaración indagatoria. Mientras tanto, la causa ha generado un fuerte cimbronazo en el Gobierno, dado que el economista es una figura clave en el armado de estrategias de inversión internacionales. El avance de la investigación determinará si el escándalo de las tarjetas fue un hecho aislado o parte de una práctica sistémica dentro de la entidad.