El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa sus horas más críticas luego de que una investigación judicial sacara a la luz una compleja trama de gastos y deudas que superan los 800.000 dólares desde que asumió la función pública. A pesar de los esfuerzos oficiales por blindar al funcionario, la Justicia Federal puso la lupa sobre un patrimonio que no para de crecer bajo la sospecha de enriquecimiento ilícito, evidenciando un nivel de vida que el diputado opositor Esteban Paulón calificó como una virtual malversación de fondos.

Uno de los puntos más oscuros de la causa es la declaración de un contratista que confesó haber recibido 245.000 dólares en efectivo y "en negro" para refaccionar la casa del funcionario en el exclusivo country Indio Cuá. Las reformas, que incluyen una pileta con cascada, jacuzzi y terminaciones de lujo, se habrían pactado por fuera del circuito legal, lo que agrava la situación procesal de Adorni al no coincidir estos montos con sus ingresos declarados como vocero presidencial.

A la investigación por las propiedades se suman polémicos préstamos que el funcionario asegura haber recibido de "dos jubiladas" por un total de 200.000 dólares para comprar un departamento en Caballito. Esta maniobra, que la oposición tilda de simulación para blanquear dinero propio, se suma a una serie de viajes familiares a destinos como Aruba, Bariloche y Punta del Este, cuyos costos quintuplicaban su salario neto mensual de aquel momento.

En el Congreso, la tensión llegó a su punto máximo durante el último informe de gestión, donde Adorni apeló a la "confidencialidad" para evitar responder sobre su patrimonio y las contrataciones del Estado con la consultora de su esposa, Betina Angeletti. Mientras tanto, figuras cercanas al oficialismo, como el biógrafo presidencial Nicolás Márquez, ya exigen su renuncia al considerarlo un "ancla negativa" que daña la imagen del Gobierno.

Pese al fuerte malestar interno y a que su imagen negativa ya supera el 72%, el presidente Javier Milei mantiene, por ahora, su decisión de sostener al jefe de ministros en su cargo. Sin embargo, el avance de las pericias de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) sobre sus movimientos bancarios podría forzar una salida inminente ante la imposibilidad de justificar la "cascada de éxitos" patrimoniales en plena época de ajuste fiscal.