El Poder Ejecutivo formalizó el envío al Congreso de una ambiciosa reforma política que tiene como eje central la supresión de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Desde la Casa Rosada argumentan que el sistema actual se ha convertido en una "encuesta pública extremadamente cara" que no cumple su función original de dirimir internas reales, representando un gasto de más de 150 millones de dólares que el Estado no puede seguir costeando.

A pesar de la firmeza del discurso oficial, el bloque de La Libertad Avanza reconoce que no cuenta con los números necesarios para una derogación total. Por este motivo, el Gobierno ya puso sobre la mesa una alternativa de consenso: eliminar únicamente la obligatoriedad del voto. Bajo este esquema, las PASO seguirían existiendo como herramienta para los partidos que necesiten definir candidaturas, pero los ciudadanos no estarían forzados a sufragar si no hay competencia interna.

La propuesta legislativa no llega sola, sino que forma parte de un paquete que incluye la modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos y cambios en el sistema de financiamiento partidario. El objetivo de Milei es reducir al mínimo los aportes públicos y permitir un mayor flujo de fondos privados, obligando a las fuerzas políticas a sostenerse con sus propios recursos en lugar de depender del presupuesto nacional.

La oposición dialoguista, principalmente sectores del PRO y la UCR, mantiene una postura cautelosa. Si bien coinciden en la necesidad de bajar el gasto público, advierten que eliminar las primarias podría favorecer la fragmentación política. No obstante, la idea de transformar las PASO en un proceso voluntario y simplificado ha ganado terreno como el punto medio que permitiría destrabar el debate en la Cámara de Diputados antes del cierre del año legislativo.

En las próximas semanas, las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto serán el escenario de una dura negociación. El oficialismo necesita 129 votos en Diputados para aprobar cualquier cambio electoral, una cifra que solo alcanzará si logra convencer a los gobernadores de que el ahorro fiscal se traducirá en beneficios directos para sus provincias. La meta es clara: llegar a las elecciones de 2027 con un sistema mucho más austero y eficiente.