El Poder Ejecutivo Nacional remitió al Senado el proyecto de ley denominado "Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez", una iniciativa que busca reformular integralmente el sistema de pensiones no contributivas (PNC). El texto oficial propone un esquema de fiscalización y control más riguroso a través de la Secretaría de Discapacidad, fundamentado en el crecimiento del número de beneficiarios en las últimas décadas. Esta medida surge tras el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, la cual fue ratificada por el Congreso, marcando un fuerte conflicto de poderes en torno a la asistencia social y los recursos públicos.

Uno de los puntos más críticos de la propuesta es la exigencia de un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares actuales, quienes deberán acreditar nuevamente su condición médica y situación socioeconómica. De aprobarse, la falta de cumplimiento en este trámite derivará en la suspensión automática del beneficio, seguida de su pérdida definitiva si no se regulariza la situación. El objetivo declarado por el Gobierno es detectar inconsistencias mediante el cruce de datos entre organismos como la ANSES y ARCA (ex AFIP), reforzando las auditorías periódicas sobre el 66% de incapacidad laboral requerido.

En términos económicos, el proyecto fija el monto de la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero introduce cambios significativos en los adicionales. La nueva normativa contempla la eliminación del plus por zona geográfica, afectando principalmente a residentes de la Patagonia o áreas de frontera que actualmente perciben un beneficio mayor por el costo de vida local. Además, se restringe la posibilidad de que el Ejecutivo otorgue aumentos adicionales por grado de incapacidad, unificando los criterios de pago bajo parámetros estrictamente financieros que han despertado alertas en organizaciones de derechos humanos.

Los nuevos requisitos propuestos también endurecen las incompatibilidades, prohibiendo el acceso a quienes tengan parientes obligados legalmente a proporcionar alimentos que cuenten con recursos suficientes. Asimismo, se reafirma que el solicitante no podrá poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia o la de su grupo familiar, evaluando incluso los ingresos de los padres en casos de menores de edad. Esta reforma representa un giro hacia un modelo de asistencia restrictiva, donde la permanencia en el sistema dependerá de una revisión constante de la vulnerabilidad económica y el estado de salud de los beneficiarios.