El Gobierno nacional formalizó la presentación de un recurso extraordinario de "per saltum" ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revertir la suspensión de la reforma laboral. La medida, impulsada por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo, busca que el máximo tribunal intervenga de manera directa sin esperar un fallo de segunda instancia, apelando a la "gravedad institucional" que implica el freno judicial a una ley sancionada por el Congreso.

La ofensiva oficial apunta contra la cautelar dictada a fines de marzo por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, que suspendió la aplicación de 82 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Aquella resolución judicial se originó a partir de una demanda de la Confederación General del Trabajo (CGT), organización que cuestionó la constitucionalidad de puntos clave que afectan el cálculo de indemnizaciones y el derecho a huelga.

En su planteo, los abogados del Estado sostienen que la decisión del juez de primera instancia constituye una intromisión indebida sobre facultades legislativas y que el tribunal laboral carecía de competencia para suspender una norma de alcance nacional. Según el Ejecutivo, es imperativo que la Corte Suprema unifique criterios para evitar la incertidumbre jurídica que genera la paralización de artículos centrales para la gestión económica.

El mecanismo del per saltum es una herramienta jurídica excepcional que permite saltear etapas intermedias del proceso judicial cuando existe un asunto de interés público o urgencia extrema. Con esta jugada, la Casa Rosada pretende obtener una sentencia rápida que levante la cautelar y permita que las modificaciones en las relaciones de trabajo, publicadas originalmente en el Boletín Oficial el pasado 6 de marzo, vuelvan a tener plena vigencia.

Por el momento, la reforma continúa suspendida y su futuro inmediato queda sujeto a que los ministros de la Corte acepten tratar el caso. Si el máximo tribunal admite el recurso, deberá definir sobre la validez constitucional de la Ley 27.802, en un escenario de alta tensión política y gremial que mantiene en vilo tanto a las cámaras empresarias como a las centrales obreras.