RECAUDACIÓN EN CAÍDA
Aunque el Gobierno insiste en presentar la reforma laboral como una herramienta para dinamizar el empleo y ordenar la economía, los números empiezan a contar otra historia.
Según estimaciones de técnicos de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip), el paquete de cambios impulsado por Javier Milei tendría en 2026 un impacto fiscal equivalente al 1,278% del Producto Bruto Interno, un nivel de resignación de ingresos que pone en tensión el discurso oficial sobre la austeridad.
Para dimensionar el dato: el costo proyectado equivale a seis Leyes de Financiamiento Universitario, una iniciativa que el Presidente vetó por considerar que comprometía el equilibrio de las cuentas públicas. La comparación recorre los pasillos del Congreso, donde la iniciativa comenzará a debatirse en febrero, durante las sesiones extraordinarias.
El oficialismo prevé iniciar el tratamiento en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, con la expectativa de alcanzar una media sanción hacia mediados de mes.
La discusión luego se trasladará al Senado, un escenario más hostil para la Casa Rosada por la gravitación de los gobernadores peronistas y el peso de las organizaciones sindicales. Allí se anticipa una pulseada más áspera y la posibilidad de cambios de último momento.
El costo fiscal aparece como uno de los principales puntos de ataque de la oposición. El informe de Aefip detalla que la magnitud del ajuste contrasta de manera directa con otras decisiones de Milei, como el veto de la Ley de Financiamiento Universitario, con un impacto de 0,23 puntos del PBI, y la Ley de Emergencia Pediátrica, que representaba apenas el 0,05%.
El trabajo desagrega los principales componentes de la reforma para estimar cómo se modificaría la recaudación estatal en 2026. El resultado final expone una transferencia de recursos significativa desde el sector público hacia el privado, con efectos que alcanzan tanto a la Nación como a las provincias, dado el carácter coparticipable de varios de los tributos involucrados.
El primer eje es la reducción de las contribuciones patronales, columna vertebral del financiamiento del sistema previsional. A diferencia de otros impuestos, estos aportes tienen asignaciones específicas: jubilaciones y pensiones, el PAMI y las asignaciones familiares que administra la Anses.
El proyecto propone bajar las contribuciones del 20,4% al 17,4% para el sector servicios y del 18% al 15% para el resto de los empleadores privados, incluso para empleo ya registrado. El beneficio para las empresas se traduce, del otro lado, en una pérdida directa para la Seguridad Social.
Según los cálculos de Aefip, esta rebaja implicaría resignar 4,65 billones de pesos sobre una recaudación estimada de 33,6 billones en 2026. En términos del producto, representa 0,462 puntos del PBI, un costo fiscal superior al de las leyes que Milei decidió bloquear.
No sería casualidad que el programa impositivo nos remita a experiencias políticas del pasado reciente de la Argentina: la rebaja de contribuciones fue una de las piedras angulares de la política fiscal del segundo tramo del menemismo, bajo el argumento de mejorar la competitividad empresaria.
El resultado fue un agujero fiscal que se intentó tapar con una suba del IVA del 18% al 21%, sin que el prometido boom de empleo llegara a materializarse.
Tras la crisis de 2001, primero con Eduardo Duhalde y luego durante los gobiernos kirchneristas, las contribuciones volvieron a incrementarse para recomponer las finanzas de la Anses. El informe advierte que la actual propuesta retoma esa lógica, “como en los 90, o peor”, pero en un contexto económico y social mucho más frágil.
Otro capítulo sensible es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado al pago de indemnizaciones. El esquema se financiaría con tres puntos de la masa salarial, compensados por una baja equivalente en las contribuciones patronales. Para las empresas, el impacto es neutro; para el sistema previsional, no.
El FAL introduce un mecanismo de capitalización individual que remite a las AFJP: el empleador deposita mensualmente en una cuenta a nombre del trabajador, en lugar de afrontar una indemnización al momento del despido. A esto se suma el cambio en el cálculo indemnizatorio, que excluye componentes como aguinaldo, vacaciones, horas extra, premios y comisiones.
Aefip estima que esta segunda reducción de aportes implica otra pérdida de 0,462% del PBI, es decir, otros 4,65 billones de pesos. También se amplía el período de prueba de tres a seis meses -y hasta doce para pymes-, un esquema que recuerda a la reforma de Fernando de la Rúa, luego derogada en 2004.
El proyecto incorpora además un paquete de rebajas impositivas que poco tienen que ver con el mercado de trabajo y se asemejan más a una reforma tributaria encubierta. Entre ellas, la baja del impuesto a las Ganancias para sociedades: las grandes pasarían del 35% al 31,5% y las pequeñas del 30% al 27%.
También se propone llevar a cero la alícuota del Impuesto Cedular que grava rentas financieras de personas humanas, como las derivadas de la venta de inmuebles, una medida calificada como regresiva por los técnicos. La excepción serían las criptomonedas. El costo conjunto de estas modificaciones asciende a 2,77 billones de pesos, equivalentes a 0,275 puntos del PBI.
A eso se suman la derogación parcial de impuestos internos en rubros específicos, la eliminación de gravámenes a videogramas y entradas de cine, y una reducción de un punto en el aporte patronal a las obras sociales. En conjunto, el paquete completa el 1,278% del PBI que el informe identifica como costo fiscal total.
Más allá de los números, la reforma incluye cambios estructurales de impacto difícil de cuantificar: la eliminación de multas por empleo no registrado, la figura del “trabajador independiente con colaboradores” -que habilita a un monotributista a tener hasta tres personas facturando-, el banco de horas, el despido con causa por bloqueos y la priorización de negociaciones por empresa en lugar de por rama.
Son puntos que ya encendieron las alarmas de la CGT y prometen un debate intenso. Mientras el Gobierno insiste en que se trata de modernizar el mercado laboral, los técnicos advierten que el costo fiscal y social del proyecto amenaza con vaciar recursos clave del Estado y reabrir discusiones que la Argentina ya transitó, con resultados conocidos.
