El peronismo atraviesa por estas horas un debate interno para definir una postura común con la que enfrentar la ofensiva del Gobierno, que trabaja una reforma laboral propia.

Los diputados Hugo Yasky, Vanesa Siley, Sergio Palazzo y Mario “Paco” Manrique impulsan dentro del bloque una discusión que se traduzca en un conjunto de normas que actúen como contrapeso frente a las iniciativas oficialistas y pongan en el centro la ampliación de derechos para los trabajadores.

Se trata de los cuatro legisladores identificados como de “origen sindical” que ya acumulan decenas de proyectos de corte laboral, según destacaron desde la bancada de Unión por la Patria.

Siley difundió esta semana una entrevista en Radio Gráfica en la que remarcó que “nosotros sí tenemos una reforma laboral”. Entre esas iniciativas mencionó la reducción de la jornada, un decálogo de principios para proteger a quienes trabajan en plataformas, una suma fija para recomponer ingresos, la extensión de licencias parentales y el derecho a la desconexión.

Según la dirigente judicial, sería “una reforma modernizadora, progresiva y de ampliación de derechos”, pero aclaró que la legislación por sí sola no genera empleo y que eso depende de “un modelo industrial y de protección de lo producido en Argentina”.

Mientras baja la espuma por la elección de la nueva conducción de la CGT, Palazzo explicó en diálogo con LPO que desde el peronismo ya se presentaron “casi 300 proyectos en dos años parlamentarios”.

Yasky, desde Mar del Plata (donde la CTA y organizaciones sociales recordaron los 20 años de la Cumbre contra el ALCA) dijo que la idea de Milei es “un guiso recalentado de una receta que ya fracasó”. Aseguró que “es falso que no haya propuestas”, y destacó que existe “un conjunto de proyectos de ley” enfocados en ampliar nuevos derechos ante nuevas modalidades de empleo.

En ese sentido, los cuatro diputados impulsaron iniciativas para formalizar el trabajo en plataformas, contemplando vacaciones, reglas de desconexión y medidas disciplinarias aplicables a incumplimientos, además de regulación salarial, aguinaldo y “intangibilidad de la reputación digital”.

Sin embargo, los movimientos sociales ven límites en ese enfoque, afirmando que se sigue priorizando a los alrededor de seis millones de asalariados formales.

“Hay 27 millones de personas en actividad, más de 20 seguirán quedando afuera”, expresan desde el entramado que representa los sectores más marginados.

La tensión arrastra años: se cuestiona que la CGT defiende principalmente al trabajo registrado y no se ocupa de quienes se desempeñan en la economía popular. Una cuenta pendiente que difícilmente pueda saldar, ya que la naturaleza de la central obrera es precisamente la representación de la masa de trabajadores enrolados en gremios -y, por ende, formalizados-.

En todo caso, el incremento paulatino y sostenido del trabajo 'en negro' desde hace más de una década, que superaba el 43% según los últimos datos oficiales, pone de relieve la necesidad de construir mejores condiciones para el mercado laboral y no sólo de mejorar las condiciones de quienes ya se encuentran 'en blanco'.

La reducción de la jornada laboral ya había ingresado en la agenda legislativa en 2023, bajo el gobierno del Frente de Todos, pero no avanzó. El peronismo vuelve a habilitar ese debate ahora, en contraste con los trascendidos que atribuían al oficialismo la intención de habilitar jornadas de hasta 12 horas, algo que desde el espacio libertario negaron la última semana.

En cualquier caso, la discusión formal ocurriría en sesiones extraordinarias, según precisaron fuentes parlamentarias. El Gobierno proyecta postergar el dictamen del Presupuesto 2026 hasta después del recambio legislativo y recién entonces avanzar con las reformas laboral y tributaria comprometidas ante el sector empresario y los acreedores externos.