Comienzan a filtrarse las primeras versiones en torno al contenido real de la Reforma Laboral que el Gobierno le acercó a los aliados, gobernadores e incluso a sectores de la CGT más dialoguistas.

Hasta el momento, las aproximaciones venían de declaraciones públicas del presidente Javier Milei, del ministro de Economía Luis Caputo y del secretario de Trabajo Julio Cordero, y también un proyecto presentado hace aproximadamente un año por la diputada libertaria santafesina Romina Diez.

No obstante, fuentes oficiales habían desmentido que fuera ese el texto que avalaría el oficialismo, aunque admitieron que contenía algunas de las principales ideas de la Casa Rosada para la llamada 'modernización' de las normas laborales.

Así, el proyecto podría servir como base para los debates en el Consejo de Mayo, junto con los puntos del Título IV del DNU 70/23, actualmente suspendido por una cautelar de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.

Las voces oficiales ya habían adelantado que el foco está puesto en la ultraactividad de los convenios colectivos y en dar mayor preminencia a acuerdos por empresa por encima de los de rama.

El lunes se conocieron en medios gremiales especializados presuntos puntos de un proyecto que se habría filtrado desde la mesa conformada para ese objetivo y de la que participa, por decisión del Poder Ejecutivo, el titular de UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez.

Según las versiones, el proyecto buscaría dejar sin efecto convenios ya vencidos y, para ello, incluiría una cláusula transitoria con un plazo de un año para que las partes -convocadas por la Secretaría de Trabajo- ratifiquen, revisen o dejen sin efecto los convenios actuales.

El portal Mundo Gremial señaló que se introducen modificaciones a las leyes 14.250 y 23.551, incluyendo la caducidad automática de convenios vencidos y la denominada “prelación inversa” que daría mayor jerarquía a acuerdos sectoriales y regionales que a los de orden general.

Además, se establecería la restricción de aportes solidarios de cámaras a sindicatos sobre el total de plantillas, habilitando a la vez mejoras puntuales para afiliados.

Según el mismo portal, también se impondría autorización patronal para la realización de congresos y asambleas cuando su realización implique un desafío a la parte empresaria, y se profundizaría la regimentación de medidas de acción directa, como bloqueos y tomas, habilitando sanciones administrativas, civiles y penales.

Entre otros puntos, se reduciría la capacidad de elección y acción de delegados en empresas al disminuir la proporción de representación y créditos horarios para ejercicio gremial.

Se minimizarían los fueros gremiales excluyendo suplentes, congresales y candidatos opositores no oficializados, y se ampliarían las acciones consideradas prácticas desleales, incluyendo asambleas, afiliaciones presuntamente compulsivas y violaciones de conciliaciones obligatorias, con sanciones y multas para individuos y organizaciones. También se prohibirían medidas gremiales en disputas por encuadramiento.

Infogremiales ratificó en líneas generales esos puntos, pero Martínez los desmintió. Aseguró que “no hubo consenso ni discusión” y afirmó que “muchas cosas que se anunciaron no forman parte de la mesa”. Dijo además: “Es natural que el Gobierno publicite lo que quiere hacer, pero eso no se discutió”.

Sí reconoció un “último borrador oficializado en la comisión técnica del Consejo” pero aclaró que “fue presentado sin el aval de los representantes sindicales”. En declaraciones a Radio Con Vos advirtió que, si no hubiera un diálogo genuino, los gremios impulsarán “acciones contundentes”. También señaló que “el sector productivo y los trabajadores van a observar con detenimiento esas propuestas”.

Mientras tanto, en España, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger defendió la iniciativa ante empresarios y dijo que el objetivo será “desarticular la estructura sindical” y “federalizar” la negociación colectiva. Ratificó que se busca alterar el poder gremial mediante convenios por empresa o región y admitió que el cambio busca “alterar el poder de los gremios”.

Las filtraciones, se sabe, suelen ser globos de ensayo para medir reacciones y luego explorar versiones de consenso más edulcoradas.