
Tras la exposición del vocero presidencial Manuel Adorni contra la gestión de Sergio Massa y Malena Galmarini en AySA, comenzaron a trascender datos que vinculan a exfuncionarios clave con el actual gobierno de Axel Kicillof. La acusación fue directa: AySA fue utilizada como “plataforma de campaña” y se gastaron más de 4.800 millones de dólares en obras, de las cuales un 25% se concentró en los municipios de Tigre y Malvinas Argentinas.
Pero lo que no se dijo en la conferencia de prensa es que varios de los cuadros técnicos y políticos señalados por esa gestión no se fueron a sus casas, sino que hoy ocupan lugares estratégicos en el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.
Dos nombres destacan en ese esquema son los de Patricio D’Angelo, exdirector general administrativo de AySA, hoy ocupa el mismo cargo en Transporte y Eduardo Feijoo, que también formó parte de la gestión de Galmarini, hoy es director provincial de Seguridad Vial.
Ambos integran el núcleo operativo más cercano del ministro Martín Marinucci, quien responde políticamente al propio Massa.
El acuerdo que ahora incomoda a Kicillof
La permanencia de estos funcionarios se da en el marco del acuerdo político entre Axel Kicillof y Sergio Massa, sellado para garantizar la unidad peronista tras las elecciones. Pero con el escándalo reflotado por el Gobierno nacional y la creciente exposición pública de las causas judiciales que comprometen áreas como Transporte, ese acuerdo empieza a incomodar.
Fuentes de la Gobernación reconocen que la situación “es delicada”. Mientras el gobierno de Javier Milei denuncia públicamente a exfuncionarios por supuestos desmanejos millonarios, Kicillof sigue dándoles espacio dentro de su gabinete.
En ese contexto, no se descarta que la presión interna y externa obligue al gobernador a revisar los cargos heredados del massismo, especialmente si la causa judicial toma mayor volumen en los próximos días.