
700 puestos de trabajo corren riesgo en el marco de una profundización de la crisis de la empresa Lácteos Verónica, que llevó a sus trabajadores a llevar adelante una medida de retención de crédito laboral desde hace dos semanas.
"No hay despido, pero la empresa viene pidiendo a los trabajadores que accedamos a un desdoblamiento de sueldos para financiarse", cuestionó el delegado de la planta Classon, Rodolfo Rodríguez, en diálogo con Cadena 3 Rosario.
La crisis productiva, según precisó el delegado, contrasta con el récord de producción alcanzado en la empresa en plena pandemia de Covid-19, en 2020: "No entendemos cómo pasamos de procesar un millón de litros a no llegar a 200 mil".
La 'paz de los cementerios' -como se denominan los procesos de recesión económica con intenciones anti inflacionarias propiciados por las administraciones estatales- golpea de lleno en el consumo e impacta rápidamente en las empresas con menos 'espalda' para bancar una crisis de demanda.
En el marco de esta crisis, Verónica pasó de procesar 700.000 litros de leche a los mencionados 200.000, complicando su capacidad para financiar sus gastos, entre los cuales se encuentran los sueldos.
Esto rápidamente crispó los ánimos entre los trabajadores, que comenzaron a sufrir retenciones en sus aportes a la obra social, a raíz de lo cual Rodríguez denunció que "compañeros con familiares enfermos no están recibiendo el tratamiento que necesitan".
Al resentimiento de la demanda se le suma un nuevo obstáculo para la compañía -y para los complejos productivos locales en general- que es la importación de productos desde el extranjero, habilitada por el Gobierno nacional para mantener a raya los precios ofreciendo alternativas relativamente más baratas.
"Estamos a la deriva, pidiendo ayuda. Si Lácteos Verónica quiebra, serán mil personas desamparadas", afirmó el delegado en diálogo con Radio Con Vos.
El representante sindical describió asambleas caóticas con la patronal, que promete pagos pero no termina de cumplir con sus obligaciones patronales: "Nos están robando la plata, ya no sabemos qué hacer", sostuvo Rodríguez, y agregó: "Hay compañeros que no tienen para comer. Estamos desesperados".
La situación es tal que los empleados aceptaron cobrar en cuotas como un gesto de colaboración, pero denuncian que no sólo se terminó por incumplir en los aportes, sino que también lo hicieron con cuotas alimentarias. La empresa cuenta con tres plantas productivas en Santa Fe y varios centros de distribución en Buenos Aires, y sus 700 trabajadores ya acudieron a la justicia para obtener alguna respuesta.
Ya en marzo, el gerente de Personal, Norberto Galimberti, acercó la propuesta de pagar sueldos en cuatro cuotas, luego de una serie de protestas que se arrastraban desde fines del año pasado por atrasos en los salarios.
Los registros oficiales arrojan que la empresa procesa en torno a 1 millón de litros de leche por día, una cantidad superior al 3% de la producción nacional y que en febrero facturó alrededor de $440 millones, con ganancias por debajo del 10%.
No obstante, su dueño, el español Francisco Gonzalo Espiñeira, tiene antecedentes de dudosa confianza: la Aduana ha puesto en tela de juicio sus facturaciones durante décadas por sospechas de evasión fiscal, y se encuentra entre los particulares que ingresaron al blanqueo de capitales del Banco Nación.
La planta de trabajadores manifestó sentirse abandonada por la firma, recuerdan que en 2020 llenaron sus arcas sin vertir esa ganancia sobre los empleados y ahora los utilizan como variable de ajuste: "Nosotros debemos ser financistas de las pérdidas", denunció el delegado.