ENTRETELONES DE CASA ROSADA
En una democracia sólida, la inteligencia estatal debe proteger a sus ciudadanos, no vigilarlos por pensar distinto. Sin embargo, el reciente Plan de Inteligencia Nacional (PIN) impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei abrió una puerta peligrosa: convertir el aparato de inteligencia del Estado en un arma para disciplinar la disidencia.
La revelación del periodista Hugo Alconada Mon sobre los nuevos lineamientos de la SIDE no solo destapó el contenido del plan, sino también su espíritu: vigilar, etiquetar y controlar el relato, bajo el marco de una supuesta “guerra cultural”.
El PIN firmado por Sergio Neiffert, titular de la SIDE y figura cercana a Santiago Caputo, apunta más allá de amenazas tradicionales como el terrorismo o el espionaje extranjero. La novedad —y el peligro— está en el foco ideológico del documento: actores sociales que “erosionen” la confianza pública en las políticas del Gobierno o “manipulen” la opinión pública podrían ser blanco de tareas de inteligencia.
Incongruencias para manipular
¿Quién define qué es erosión o manipulación? ¿Y qué actores están incluidos? Periodistas, economistas, líderes de opinión, influencers y hasta ciudadanos críticos, son los apuntados. El relato se erige así como herramienta doctrinaria y el encuadre se direcciona hacia el sojuzgamiento hacia todos estos actores sociales convertidos en “enemigos de la libertad”.
Tras la publicación de la investigación de Alconada Mon en La Nación, el periodista fue objeto de múltiples intentos de hackeo, amenazas e intimidaciones digitales. El mensaje es claro: quien se atreva a exponer lo que el poder quiere ocultar, será perseguido. Todo esto mientras el presidente niega las acusaciones, y a la vez acusa a los periodistas de ser “los mayores creadores de noticias falsas en la historia de la humanidad”.
Lo más preocupante es que este plan de inteligencia no fue rechazado formalmente por el Congreso. Aunque la Comisión Bicameral de Fiscalización ha sido notificada y podría convocar a Neiffert, no se requiere su aprobación legislativa. En los hechos, la vigilancia sin control institucional dejó de ser una distopía y se convirtió en una práctica validada por decretos y fondos secretos: el presupuesto reservado de la SIDE aumentó un 254% desde enero. Dato no menor.
De la “batalla cultural” al autoritarismo 2.0
¿Es posible hablar de democracia plena cuando se normaliza que el Estado espíe a quienes opinan distinto? ¿Qué tipo de libertad de expresión sobrevive cuando se etiqueta de “enemigo” al disidente? El PIN marca un antes y un después en el uso del sistema de inteligencia argentino: de la defensa nacional al control del pensamiento.
Desde la recuperación democrática en 1983, Argentina debatió los límites del poder estatal para proteger la privacidad y el derecho a la información. La gestión Milei, en cambio, dio un paso más: institucionalizó la guerra contra el relato ajeno como política de Estado.
Por eso bien cabe el término "autoritarismo 2.0" que se utiliza para describir las nuevas formas de autoritarismo que han surgido en el siglo XXI, caracterizadas por el uso de herramientas tecnológicas y estrategias de manipulación más sutiles que las dictaduras tradicionales.
A diferencia de los regímenes autoritarios del pasado, que se basaban en la represión abierta y el control total de la información, estas nuevas formas de autoritarismo buscan mantener una apariencia democrática mientras socavan las instituciones y libertades fundamentales.
Hablamos de manipulación de la información cuando los líderes autoritarios modernos utilizan los medios de comunicación y las redes sociales para controlar la narrativa pública, difundiendo propaganda y desinformación para moldear la opinión pública a su favor.
Hablamos de simulación democrática a pesar de celebrarse elecciones y mantener algunas instituciones democráticas, estas son manipuladas para garantizar la permanencia en el poder del liderazgo autoritario, hoy escudado en “la defensa de la libertad”.
Hablamos de tecnología como herramienta de control cuando el uso de tecnologías avanzadas, como la vigilancia masiva y la inteligencia artificial, permite a estos regímenes monitorear y controlar a la población de manera más eficiente.
Hablamos de represión selectiva cuando en lugar de la represión masiva, se recurre a tácticas más sutiles, como el acoso judicial, la censura encubierta y la cooptación de opositores, para neutralizar la disidencia sin provocar una reacción internacional significativa.
Finalmente, hablamos de desinformación y polarización cuando se fomenta la desconfianza en las instituciones democráticas y se polariza a la sociedad para debilitar la cohesión social y justificar medidas autoritarias.
Estas estrategias permiten a los regímenes autoritarios modernos consolidar su poder sin recurrir a la violencia abierta, presentándose como democracias funcionales mientras socavan los principios fundamentales de la democracia.
Nuestros derechos y deberes
Por eso la ciudadanía debe estar más atenta que nunca. Defender el derecho a informarse, disentir y criticar es también defender la democracia. Las democracias se deterioran no con grandes golpes, sino con pequeños silencios que se normalizan con el correr del tiempo. Hoy, el espionaje no se disfraza de secreto, se disfraza de necesidad.
No se trata de alarmismo. Se trata de una advertencia. Cuando el control de la información se convierte en doctrina oficial, ya no hablamos solo de comunicación política, sino de política del miedo.
Como ciudadanos, periodistas, consultores y defensores de los valores democráticos, debemos exigir límites claros al poder de vigilar. Porque el verdadero patriotismo no es callar al otro sino garantizar que todos puedan hablar.
