Una mujer de 36 años, madre de tres hijos y vecina de la localidad de Ayacucho afronta una compleja situación de salud y lidia con la desidia de la obra social IOMA.

Se trata de María Emilia Cano, quien hasta hace dos años ejercía su trabajo como docente. Sin embargo, un accidente doméstico le provocó una lesión medular que derivó en una cuadriplejia.

Pero eso no es todo. Según informó el portal RealPolitik, a raíz de su condición, Emilia tramitó su jubilación por incapacidad y obtuvo el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Entre las necesidades básicas que deben ser garantizadas por el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), se encuentra la provisión de una silla de ruedas adaptada a su patología, herramienta imprescindible para su movilidad y su autonomía. Sin embargo, desde mayo de 2023 no recibió ni la silla ni una respuesta.

Ante la iacción de IOMA, su abogado presentó un recurso de amparo. Fue entonces que la justicia indicó a la obra social que le entregara la silla y autorizó la presencia de cuidadores para asistirla en su vida diaria. Durante los primeros dos meses, IOMA cumplió pero luego, repentinamente, dejaron de pagarles. Los profesionales, sin salario, no pudieron continuar.

Al mismo tiempo, como parte de su tratamiento, Emilia comenzó una internación domiciliaria para recibir seis sesiones semanales de kinesiología. La empresa tercerizada por IOMA, Medihome, sólo enviaba personal dos veces por semana y apenas por algunos minutos. Aun así, la empresa facturaba a la obra social las seis sesiones completas. Otra irregularidad más que termina por lesionar la transparencia del sistema y complejiza el tratamiento de una mujer y madre de tres hijos. 

La situación llegó a tal punto que Emilia decidió viajar desde Ayacucho hasta Mar del Plata para reclamar personalmente ante la delegación de IOMA. Allí no encontró soluciones: se topó con cambios en los criterios de evaluación y nuevos obstáculos burocráticos.

El caso de María Emilia es el triste reflejo de las múltiples fallas estructurales de un sistema que, lejos de proteger, vulnera a las personas con discapacidad.