AUSTERIDAD
El caso de despido arbitrario de un trabajador con una trayectoria de 30 años de servicio sacude la administración pública bonaerense, salpicando al gobernador Axel Kicillof y a una de sus funcionarias de confianza.
Se trata de Pedro Contreras, quien se desempeñó chofer en la dirección provincial de Centros Gubernamentales y tras varias décadas de servicio fue despedido sin derecho a la jubilación correspondiente, bajo fundamentos poco transparentes.
Desde el entorno del hombre aseguran que a lo largo de su trayectoria siempre mostró un alto grado de compromiso, acudiendo a su puesto de trabajo incluso cuando se lo reclamaban en medio de sus vacaciones. A raíz de esto, había llegado a obtener un cargo en planta permanente con estabilidad garantizada bajo la ley 10.430, alcanzando la categoría 15 dentro de la administración.
No obstante, según precisó su esposa, "un día fue a trabajar y le dijeron 'firmá acá'. A partir de ese momento fue despedido, sin mayores explicaciones". Desde entonces Contreras se enfrenta a una situación de depresión, que se suma a la incertidumbre por no contar con ingresos en medio de una cruda crisis económica.
En medio de las crecientes tensiones por otros casos de despidos injustificados, según apuntó Realpolitik, desde de la administración bonaerense apuntan contra Paula Verónica Ferraris, cercana a Kicillof y que tiene a su cargo la Junta Médica, la dirección de Sumario, la dirección de Personal y la Junta de Disciplina.
Además, el medio platense afirma que la funcionaria acumula denuncias por acoso laboral y abuso de autoridad.
Respecto al caso de Contreras, según manifestó la mujer del despedido todo "fue un caos" desde que "llegó esa mujer". Según narró, el hombre comenzó a presentar problemas de salud que le impidieron asistir a su trabajo en algunas ocasiones, para las cuales presentó los certificados médicos correspondientes.
El argumento que se le dió al momento de despedirlo fue que no se pudo subir la documentación al sistema, por lo cual se le inició un sumario administrativo, a pesar de haber solicitado una junta médica para verificar su estado de salud. Como consecuencia, se le prohibió conducit un vehículo oficial y luego fue despedido.
Al respecto, la mujer cuestionó que "después de servir durante treinta años, lo despidieron sin una causa justa, sin jubilación, se quedó sin obra social y no tiene cómo mantener a sus hijos, uno de los cuales tiene una discapacidad", remarcando: "Todo lo que pedimos es que pueda jubilarse".
Según la investigación del caso, la apuntada como responsable de la situación, Paula Ferraris, cuenta con un prontuario que se remonta a su desempeño en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en 2013.
En aquella ocasión había sido acusada de encubrir a su pareja, el funcionario de la Cancillería Héctor Hugo Merlo, que había sido denunciado por racismo, acoso laboral y persecución política.
En 2016, Ferraris fue procesada por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública junto con el excanciller Héctor Timerman. A pesar de esto, fue designada subsecretaria de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde continúa acumulando acusaciones por maltrato laboral y discriminación.
El caso más reciente fue el de Guillermo López, trabajador del departamento de Automotores, quien la acusó de burlarse de su trastorno del habla y de su nacionalidad de origen. Además, desde Realpolitik aseguraron que Ferraris habría encubierto a una amiga suya que empleó un vehículo oficial y lo chocó, ocultando el rodado para evitar polémicas.
La situación viene originando un clima de incertidumbre en la administración pública bonaerense, donde ni siquiera estar en planta permanente es garantía de que se respete la estabilidad laboral y derechos como la jubilación.
El caso de Contreras alarma a los trabajadores por la animosidad con que se procedió a la desvinculación, tras lo cual el hombre quedó sin ingresos ni cobertura social, en medio de una crítica situación socioeconómica.
