ENTRETELONES DE CASA ROSADA
El presidente de la Nación, Javier Milei, firmó finalmente el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025, que establece un nuevo Programa de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La iniciativa, como adelantó PyM, será enviada para su aprobación al Congreso; aunque alcanza con que una de las cámaras no lo rechace para que quede firme -al igual que ocurriera con los vetos presidenciales durante el período legislativo pasado-.
El decreto fue publicado este lunes en el Boletín Oficial, y menciona entre los objetivos cancelar “las letras intransferibles en dólares en poder del Banco Central” (deuda que el Tesoro mantiene con el BCRA) y “las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas de 2022 cuyo vencimiento opere dentro de los cuatro años de la suscripción del acuerdo”.
En este sentido, el documento reza las habituales prédicas del oficialismo y explica que la nueva deuda será tomada a los fines de “no comprometer su política económica de déficit cero”. Por esta razón, precisaron que “los fondos recibidos deberán ser utilizados exclusivamente para cancelar deudas del Tesoro Nacional, con el Banco Central y deudas con el FMI”.
No obstante, no menciona ni montos ni las condiciones, lo cual se traduce en un cheque en blanco que los legisladores le firmarían al Gobierno en caso de no rechazarlo.
Aún así el acuerdo debe ser aprobado por el equipo del organismo de crédito internacional con sede en Washington, que venía dando señales de predisposición, al asegurar días atrás que no tendría en cuenta la decisión del Congreso respecto al acuerdo.
En Argentina los créditos deben pasar por las cámaras legislativas a raíz de una Ley impulsada durante el Gobierno de Alberto Fernández y la gestión de Martín Guzmán, que fue cuestionada enfáticamente por el Gobierno en los últimos días.
Según el artículo 1° del decreto, las operaciones de crédito público aprobadas bajo este programa tendrán un plazo de amortización de 10 años, con un período de gracia de 4 años y 6 meses. Los fondos obtenidos se destinarán exclusivamente a:
Cancelar letras intransferibles en dólares en poder del BCRA, comenzando por los vencimientos más próximos; y Cubrir pagos de deuda correspondientes al acuerdo firmado con el FMI en 2022.
Desde Casa Rosada fundamentaron la urgencia del decreto argumentando que es necesario fortalecer la posición financiera del Banco Central, garantizar la estabilidad macroeconómica, reducir las restricciones cambiarias y continuar con la política de disminución de la inflación.
El modelo impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, venía comenzando a mostrar limitaciones en su capacidad de sostener los tipos de cambio controlados para que sea sostenible la devaluación oficial del 1% mensual, y por ende hacer posible que la inflación continúe en niveles mensuales relativamente bajos.
El BCRA, presidido por Santiago Bausili, viene 'quemando' reservas sistemáticamente en los últimos meses para aumentar la oferta de dólares y evitar que el Contado Con Liquidación y el Dólar MEP se disparen sugiriendo devaluaciones más bruscas.
El DNU establece que el Gobierno nacional suscribirá los instrumentos necesarios para cumplir con la medida y podrá delegar la ejecución del programa en el Ministerio de Economía. La decisión ya fue remitida a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá evaluar su validez.
Este nuevo acuerdo con el FMI busca consolidar la estrategia del Gobierno para despejar vencimientos de corto plazo, estabilizar la economía y fortalecer la posición del Banco Central, en un contexto donde aún persisten desafíos macroeconómicos y financieros.
Una de las consecuencias inmediatas de la decisión de Milei y Caputo fue una denuncia impulsada por un grupo de diputadas y diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP), donde se remarca la evasión de la legislación vigente y la atribución de facultades al Poder Ejecutivo que no le corresponden.
Patrocinada por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, la presentación sostiene que los delitos podrían “ser tipificados en las figuras de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.
En esa misma línea, se requiere que “se disponga de inmediato y, tras la vista del Ministerio Público Fiscal, la medida cautelar impeditiva de toda continuidad del obrar presuntamente ilícito denunciado”.
La denuncia lleva las firmas de las diputadas Victoria Tolosa Paz, Sabrina Selva y Brenda Vargas Matyi; y los diputados Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Gollán y Julio César Pereyra. A través del mecanismo de sorteo, el expediente recayó en el Juzgado federal de Sebastián Ramos y en la Fiscalía a cargo de Carlos Rívolo.
A través de las redes sociales, otros dirigentes manifestaron su descontento. El presidente de la UCR, Martín Lousteau, publicó una imagen del documento y advirtió: “El DNU 179/2025 con el que el presidente Milei se autoriza a sí mismo a endeudarse con el FMI es ilegal, un peligro, un engaño y, además, un error”.
