La provincia de Buenos Aires enfrenta un nuevo foco de conflicto con su fuerza de seguridad. Policías bonaerenses y sus familiares se manifestaron en Puente 12, La Matanza, en rechazo al aumento del 9% otorgado por el gobierno de Axel Kicillof, al considerarlo insuficiente en un contexto de alta inflación y creciente inseguridad.

Durante la protesta, los efectivos hicieron públicos sus reclamos, que incluyen un aumento salarial del 100%, mejores condiciones de trabajo, libre elección de obra social y asistencia psicológica gratuita. Además, exigieron la reincorporación de agentes sancionados en anteriores manifestaciones y el cese de represalias contra quienes participaron en la movilización. La advertencia de un posible acuartelamiento generó preocupación en el Ministerio de Seguridad provincial.

El malestar dentro de la fuerza policial no es nuevo, pero en esta oportunidad las demandas fueron presentadas con una lista de exigencias concretas. Entre ellas se encuentran:

-Sueldo inicial de $1.600.000 para los agentes recién egresados.
-Aumento en las horas extras (conocidas como "Cores").
-Retiro con el 100% del salario y 25 años de servicio.
-Provisión de dos juegos completos de uniformes por año.
-Creación de planes de vivienda y acceso a préstamos a baja tasa.

Además, los manifestantes resaltaron que el sueldo básico de un efectivo es actualmente de 512 dólares (unos $600.000 al tipo de cambio actual), una cifra que consideran insuficiente para afrontar el costo de vida.

Denuncias de hostigamiento y advertencias de acuartelamiento

La jornada de protesta transcurrió sin incidentes ni cortes de tránsito, pero los policías denunciaron actos de hostigamiento por parte de sus superiores. Según relataron, un helicóptero de la fuerza demoró su partida para generar fuertes ráfagas de viento, provocando la voladura de carteles y una carpa que habían instalado en el lugar.

El comunicado difundido por los efectivos calificó sus reclamos como "necesidades urgentes y legítimas" y advirtió que, en caso de no obtener respuestas concretas, se tomarían medidas de fuerza más drásticas, como el acuartelamiento. Esta posibilidad generó inquietud en el gobierno provincial, que hasta el momento no realizó declaraciones oficiales al respecto.

Un conflicto sin resolución a la vista

El gobierno de Kicillof enfrenta un panorama complejo en materia de seguridad. La falta de diálogo con la fuerza policial y la tensión creciente pueden derivar en un conflicto de mayor envergadura si no se encuentran soluciones inmediatas.

Por otro lado, la actividad sindical está restringida en las fuerzas de seguridad, lo que limita la capacidad de los efectivos para negociar mejoras salariales y laborales. En ese contexto, la protesta de sus familiares se convirtió en una vía clave para visibilizar el reclamo.

Mientras tanto, la incertidumbre crece en la provincia, y la advertencia de un posible acuartelamiento genera preocupación en la ciudadanía. El desenlace de este conflicto dependerá de la respuesta que brinde el Ejecutivo provincial en los próximos días.