El Gobierno nacional no cesa con el plan de ajuste del gasto y en el marco de la reestructuración del Estado, disolvió la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, a través del Decreto 70/2025. 

Según anunció el Ejecutivo, esta decisión “responde a la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional en esta materia”.

En la misma línea que la paralización casi total de la obra pública, la Casa Rosada apunta a eximir cada vez más a Nación de responsabilidades y competencias en las políticas dirigidas a la comunidad, delegando este rol a las diferentes gobernaciones y municipalidades.

Paradójicamente, Milei impulsa este proceso mientras reduce sistemáticamente la financiación de provincias y comunas. No sólo se redujeron drásticamente las transferencias automáticas -logro del cual el Gobierno se jacta-, sino que también se recortaron los impuestos coparticipables y se libra una batalla constante contra las tasas impuestas por los palacios municipales.

La mayoría de las tareas de la ex Secretaría de Vivienda de la Nación se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que actualmente se encuentran disueltos y/o en proceso de disolución, con lo cual la medida estaba al caer.

Entre los fundamentos que expuso el Gobierno para la eliminación de estos fondos, aseguraron que habían registrado un mal uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados.

Anteriormente, y a través del Decreto 1018/2024, Milei había definido la disolución y el inicio del proceso de liquidación del Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR). 

En ese caso, la auditoría de SIGEN había detectado fallas en el Programa como demoras en la entrega de viviendas y falta de condiciones de habitabilidad de unidades entregadas, entre otras.

En segundo lugar, también se había cerrado a través del Decreto 6/2025 el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, alegando que había sido utilizado con finalidades políticas y clientelares con irregularidades e incumplimientos. 

En la misma línea, el Gobierno Nacional está trabajando en la disolución del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).

En la norma publicada en el Boletín Oficial, también se definió el pase de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), a cargo de Sebastián Pareja, y de la Dirección Nacional de arquitectura, a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía.

Además, el proceso de cierre de la Secretaría será llevado a cabo de manera ordenada y progresiva, asegurando la adecuada transición de responsabilidades a través de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET).

“El Gobierno Nacional está cambiando el modelo de la corrupción de sueños compartidos por el modelo del crédito privado y la libertad”, indicó la Casa Rosada.