En su respuesta, el funcionario ensayo un tiro por elevación a los organismos de DD HH afirmando: “Tanto en el sistema interamericano como en el universal, cotidianamente se reciben estos requerimientos basándose en un supuesto abandono de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.
En esta línea, sostuvo que este “supuesto abandono” es “enarbolado por organismos que se presentan como defensores de los derechos humanos y que incluso, en audiencias públicas internacionales, se ha demostrado las falacias intencionadas en esas afirmaciones”.
Estas palabras apuntan a la audiencia que tuvo lugar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se desarrolló el último mes de noviembre y donde el Gobierno elevó un alegato pidiendo por “memoria completa”, reavivando la teoría de los dos demonios y asegurando que el proceso de Justicia post dictadura fue una suerte de 'venganza' contra los genocidas.
Baños añadió que “sin perjuicio de las medidas adoptadas por este Ministerio de Justicia de la Nación y que han incidido en el número de empleados, ha sido política de gestión inveterada que las aludidas reducciones no entorpecieran la labor, no solo de los sitios de memoria, sino de todos las diversas y muy variadas áreas que abarcan las distintas competencias asignadas en el Decreto 735/2024”.
Esto a pesar de que, según consta en las denuncias, muchas de las labores que deberían desarrollarse -y que se venían desarrollando- en los espacios y organismos de memoria no están siendo llevadas adelante por falta de personal.
El secretario afirmó en el escrito que -previo a la intimación de Lijo- había ordenado realizar un relevamiento sobre las condiciones de conservación, salubridad e higiene de los cinco sitios de memoria ubicados en Capital: Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Club Atlético, Olimpo, Automotores Orletti y Virrey Cevallos.
Lamentablemente, para cuando el secretario envió la respuesta al juzgado, ya se había desplomado el cielorraso de Orletti, un ex centro clandestino de detención dependiente de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que operó como base del Plan Cóndor desde 1976.
No obstante, el funcionario no hizo alusión alguna a este detalle de infraestructura edilicia, a pesar de que el personal advirtió que una parte de la mampostería quedó suspendida colgando de un cable eléctrico, generando múltiples riesgos como el de un incendio.
Al respecto, tanto el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como el abogado querellante, Pablo Llonto, le solicitaron a la Justicia que adopte medidas ante la inacción de Baños. El CELS, además, solicitó una inspección ocular para determinar en qué estado se encuentra el excampo de concentración ubicado en la calle Venancio Flores.
Al intentar echar claridad el funcionamiento del Archivo Nacional de la Memoria, el secretario no hizo más que exponer que algunas áreas quedaron prácticamente sin personal.
“El Archivo Nacional de la Memoria cuenta con trece (13) depósitos de documentos que son controlados periódicamente respecto a las condiciones de temperatura y humedad relativa, así como se realizan rutinas de limpieza que permiten garantizar las condiciones de conservación preventiva de la documentación”, precisa el documento acercado a la Justicia.
A continuación, admite que “sin embargo, parte del personal destinado a estas tareas fue reducido significativamente a partir del 1 de enero del corriente año, quedando solamente dos personas a cargo”.
El informe precisa que “en cuanto a la capacidad de respuesta ante requerimientos de información y/o documentación por parte de las distintas dependencias judiciales cabe destacar que las áreas competentes continúan funcionando aunque el personal afectado a tales tareas también se vio sensiblemente reducido desde el 1 de enero”.
Respecto a la consulta de Lijo sobre las medidas que estaba tomando la Secretaría para proteger el patrimonio del ANM, Baños respondió que había dispuesto mover las cámaras de seguridad e instalar otras; y también que iba a colocar sensores magnéticos en los puestos de acceso y ventanas para evitar cualquier intrusión indebida.
Además, el funcionario también informó que iban a aumentar la presencia de la Policía Federal Argentina (PFA) en el Espacio Memoria y Derechos Humanos –exESMA–, donde funciona el ANM.
Si embargo, son efectivos de esa fuerza los que controlan los ingresos a la Secretaría e impidieron, por ejemplo, el ingreso de delegados sindicales. También hubo una denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) informando que el 27 de diciembre pasado, mientras se congregaban manifestantes en Avenida del Libertador al 8100 para protestar contra el desguace de las políticas de memoria, hubo personal policial de civil haciendo inteligencia.
El control discrecional del Gobierno que desmantela los espacios de memoria no resulta, entonces, ninguna garantía para el mejor funcionamiento.