PREOCUPANTE MENSAJE
El Gobierno argentino publicó este 30 de diciembre el decreto 1131/2024, oficializando la prórroga del Presupuesto General de la Administración Nacional para 2025, al no haberse alcanzado un acuerdo en el Congreso para aprobar una nueva Ley de Leyes.
Es la segunda prórroga consecutiva. A pesar de haber presentado un proyecto de presupuesto en septiembre, el Ejecutivo decidió no convocar sesiones extraordinarias, argumentando preocupaciones sobre el impacto que un debate legislativo podría tener en el equilibrio fiscal.
La decisión se da en un contexto de tensiones abiertas entre el Gobierno Nacional y las provincias. Las negociaciones se encuentran suspendidas, ya que los gobernadores reclaman puntos que, para el presidente Javier Milei, atentan contra su premisa central del déficit cero.
Entre las principales exigencias de los mandatarios provinciales se destacan deudas por cajas previsionales; coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos; distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN); limitación de la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal (ex AFIP), compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017.
Según informaron fuentes oficiales a la prensa, estos reclamos representan un total de 3.700 millones de dólares. Sin embargo, desde Balcarce 50 insisten: "No hay plata. Tampoco proponen de dónde sacar esa plata. No hay 3.700 millones para sacar de ningún lado".
Desde el oficialismo sostienen que, si los gobernadores acceden a garantizar el respaldo al proyecto original presentado en septiembre, el Presupuesto podría tratarse en febrero, aunque advierten que no hay antecedentes de votaciones presupuestarias en ese mes. “No hay antecedentes de que se vote en febrero, pero bueno… esto es día a día”, comentó una fuente oficial.
Por su parte, un importante alfil libertario afirmó: “Si acceden a votar el Presupuesto que mandamos, tranquilamente podría tratarse en febrero. Dependerá de los gobernadores”.
Sin acuerdos concretos y con un escenario legislativo incierto, el decreto aparece nuevamente como la herramienta clave para prorrogar el presupuesto sancionado en diciembre de 2022, tal como se hizo al inicio de la gestión libertaria en diciembre de 2023.
El artículo 2 del decreto delega al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la facultad de “adecuar oportunamente” la previsión presupuestaria según el contexto económico y financiero.
Esta medida otorga al Ejecutivo discrecionalidad para manejar las cuentas del Estado, lo que podría generar tensiones adicionales con las provincias y organismos internacionales como el FMI.
En este complejo panorama, el Gobierno apuesta a mantener su premisa de déficit cero, mientras las provincias exigen respuestas concretas a sus demandas. La incertidumbre sobre el futuro del presupuesto 2025 continúa, con febrero como un posible punto de inflexión.
No obstante, la discrecionalidad en la administración de los recursos no parece resultarle del todo incómoda a Milei y su plan de Gobierno. A contramano de lo que suele ocurrir, la sanción de la Ley resulta más urgente para los gobernadores en la búsqueda de garantías mínimas de financiamiento, que para la administración nacional.
Las medidas de austeridad no sólo le vienen rindiendo a nivel macroeconómico, sino también a nivel político: con provincias ávidas de partidas presupuestarias, el manejo discrecional de fondos se vuelve una palanca de importancia estratégica vital a la hora de negociar en un Congreso donde al oficialismo le cuesta mucho trabajo lograr mayorías.
Los gobernadores y sus alfiles en las Cámaras se tornan más permeables a los intereses del Ejecutivo nacional, teniendo como caso testigo la Ley de Bases, que separó al mandatario tucumano Osvaldo Jaldo y a sus legisladores del frente Unión por la Patria (UxP) luego de modificar sus votos.
