Por: Miguel Di Spalatro

En un contexto económico marcado por un ajuste fiscal severo, la situación social es cada vez más alarmante. Mientras el 52,9% de la población vive bajo la línea de pobreza y la indigencia afecta al 20%, las instituciones de ayuda comunitaria como los comedores y merenderos enfrentan un desafío inmenso para sostener a los sectores más vulnerables.

El ajuste implementado por el presidente Javier Milei ha profundizado la crisis. La eliminación de subsidios, la reducción del gasto público y la paralización de la obra pública, con un impacto directo en servicios básicos como la salud y la educación, impactan fuerte en las familias. Esto, sumado a una inflación que supera el 260% interanual, ha golpeado especialmente a niños, trabajadores y jubilados, quienes ven cómo sus ingresos pierden poder adquisitivo.

En este marco, los comedores comunitarios han pasado a ser un refugio para quienes perdieron su trabajo o ya no llegan a fin de mes. El relevamiento realizado por el Instituto de Participación y Planificación de Azul (IPPA), en 16 comedores y merenderos de esa ciudad, muestra que un 22% de ellos opera sin ningún tipo de apoyo estatal. Estas instituciones, que asisten principalmente a niños de 0 a 15 años, se sostienen gracias al esfuerzo de voluntarios y donaciones de vecinos. Se reporta que más del 80% de quienes reciben asistencia provienen del barrio o zonas cercanas, y un 60% de las instituciones atienden a más de 40 personas semanalmente. Además, cerca de la mitad funcionan en espacios propios, muchas veces en casas de los impulsores, mientras que un 40% operan en espacios cedidos.

El panorama financiero de estas entidades refleja su precariedad: un 43% se solventa con donaciones individuales y un 13% mediante la venta de artículos en ferias, mientras que solo un 9% recibe apoyo de empresas. Pese a estos esfuerzos, el Estado nacional está ausente en términos de ayudas regulares, dejando la mayor carga de apoyo al nivel municipal 64% y en la provincia 14%.

Frente a la retirada del Estado nacional, el gobernador Axel Kicillof ha buscado fortalecer las políticas de asistencia social en la provincia de Buenos Aires. A través de programas de alimentación escolar, apoyo a comedores y refuerzo en la atención primaria, intenta compensar las carencias generadas por el ajuste. A nivel local, el municipio de Azul aporta recursos que, aunque limitados, son fundamentales para estas instituciones.

La lucha por la equidad social en Argentina no puede quedar solo en manos de voluntarios y gobiernos locales. Mientras el ajuste nacional siga priorizando la austeridad sobre el bienestar social, cada vez más argentinos dependerán de la solidaridad para vivir. Azul es un ejemplo de resiliencia, pero el camino hacia una solución sostenible requiere que el Estado nacional recupere su protagonismo en la protección de los sectores más vulnerables.